ARGENTINA ZONA LIBERADA

 

Julio de 2006

Por María Zaldívar


El Poder Ejecutivo Nacional está decidido a modificar el Código Penal actualmente en vigencia. Para ello, ha conformado una comisión de la que participa toda la burocracia estatal pero con ausencia de académicos expertos en derecho penal, instituciones dedicadas al seguimiento y estudio de temas vinculados a la seguridad y asociaciones de víctimas.

En la República Argentina de los últimos años los índices del delito y la criminalidad crecieron de manera alarmante; a los robos, asaltos y asesinatos se suman nuevas formas de delincuencia: el secuestro express, que consiste en mantener retenido a un individuo mientras se pide un rescate por él; simultáneamente, se utiliza al rehén para conseguir todo el dinero en efectivo posible mediante las tarjetas de crédito y bancarias que tenga en su poder. Esa operación toma dos o tres horas, hasta que se pacta con la familia la cifra y el lugar donde cobrar el rescate.

La multiplicación de los asentamientos ilegales de “homeless” alrededor de barrios de alto poder adquisitivo y centros urbanos de gran actividad económica complican aún más la labor de la policía porque otorgan gran eficiencia a este tipo de secuestros pues esos lugares se transformaron en efectivos escondites para los delincuentes; les permite la rápida desaparición de los lugares donde cometen los ilícitos y el ocultamiento de la víctima.

Esos barrios son verdaderas “cuevas” en las que el mismo personal policial a veces no se atreve a ingresar por temor a la agresividad de sus habitantes. Rescatar un secuestrado de una “villa miseria” es arriesgar literalmente la vida. Son pequeñas ciudades pobladas de infinidad de delincuentes armados en los que las fuerzas del orden son desbordadas en cantidad. Los periodistas han dejado de cubrir esos procedimientos porque se hicieron comunes los asaltos y robos de equipos de televisión o cámaras fotográficas, además de los efectos personales y hasta la ropa del personal.

Paralelamente, han aumentado las violaciones no solamente en lugares retirados del Gran Buenos Aires, sino en céntricas terminales de trenes y a plena luz del día. Recientemente, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dio la orden de destruir el archivo fotográfico de delincuentes que estaba en poder de la Policía, lo que impide, desde ahora, el reconocimiento de delincuentes.

El proyecto penal de la administración Kirchner, a diferencia de lo que se podría pensar, despenaliza el accionar delictivo de los menores, aumenta la edad de imputabilidad de algunos delitos, cuando está demostrado que aumentó la tendencia a la participación de jóvenes de 12 a 16 años en hechos de violencia callejera. Elimina el castigo de graves delitos como la corrupción de menores; la fabricación y tenencia de drogas para consumo personal, suaviza las penas a los violadores y elimina la noción de “reincidencia”, reconocida por la legislación universal, entre otras muchas modificaciones.

“Las actuales autoridades son abolicionistas de la ley. Creo que este proyecto fue elaborado en las cárceles por los mismos presos” afirmó el ingeniero Juan Carlos Blumberg, padre de un joven de 24 años, asesinado tras un secuestro express. Desde entonces, su padre ha dedicado su vida a luchar por el mejoramiento de la seguridad pública a través de una fundación que colabora con las víctimas del delito, hace estudios sobre el tema y trajo al país expertos internacionales de Europa y Estados Unidos que aportaron informes sobre las técnicas aplicadas en el mundo en la lucha contra el delito.

Sin embargo, el gobierno parece inclinarse por la original concepción jurídica del juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, nombrado por esta administración, cuya doctrina sostiene que llevarse un auto ajeno estacionado en la calle no es robo por considerarlo un bien “abandonado” en la vía pública.

Las encuestas ponen en el tope de las preocupaciones de la población el tema de la seguridad, aún por encima de la desocupación, pero las autoridades siguen resistiéndose a perseguir la delincuencia y a endurecer las penas.
 

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