El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante el tratamiento de los delitos de terrorismo y de lesa humanidad
Septiembre de 2006
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se ve una vez más en la
necesidad de expresar su preocupación con relación a una serie de hechos que
tienen repercusión institucional.
Con motivo del 30 aniversario del último golpe de Estado, el Sr. Presidente
llamó a la reflexión sobre la significación de dicha fecha, sin odios ni ánimo
de venganza. Lamentablemente, esas palabras han sido desvirtuadas en los hechos.
El discurso oficial ha persistido en la presentación de una historia
parcializada, que niega la realidad insoslayable de que el país sufrió un ataque
generalizado y violento del terrorismo que resultó en miles de víctimas. Sólo
podrá alcanzarse la reconciliación que tanto necesita el país para proyectarse
al futuro cuando se asuma la totalidad de nuestro pasado, sin insistir en
retóricas que mantienen abiertas “viejas heridas”.
Esta postura, lamentablemente, no ha quedado en palabras sino que se concretó
en presentaciones del Secretario de Derechos Humanos ante la Justicia, asumiendo
la cuestionable figura de querellante, en donde pide la nulidad de indultos
decretados y la prosecución de causas donde se involucra a funcionarios del
Gobierno Militar cuya actuación no tiene relación alguna con los atentados a la
vida y al patrimonio de las personas que se imputan. De esta manera, estamos
presenciando una escalada peligrosa cuya motivación no es la justicia sino la
venganza y el sectarismo que lleva a considerar delincuente a cualquier persona
que haya tenido actuación pública en un período de la historia determinado.
Para ello se tergiversa el concepto de delitos de “lesa humanidad” definido en
el Estatuto de Roma, ratificado por la Argentina mediante la Ley N° 25.390 del 8
de enero de 2001, como aquellos que se cometen como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de
dicho ataque. Luego el Estatuto detalla las conductas comprendidas en esa
categoría. En línea con las Convenciones de Ginebra de 1949, aplicables a los
“conflictos internos”, el Estatuto de Roma además define el “ataque contra la
población civil” como una línea de conducta que implique la comisión múltiple de
los delitos allí mencionados contra una población civil, de conformidad con la
política de un estado, o de una organización dedicada a cometer ese ataque o
para promover esa política. De lo expuesto surge claro que se define dicho
delito por las características y alcance de los hechos, sin establecer distingos
ni en razón de quiénes son las víctimas ni sus autores, es decir, si éstos
últimos son integrantes o no de algún organismo o fuerza estatal.
Lamentablemente nuestros Jueces, que deberían mostrar ecuanimidad y serenidad en
estos graves momentos, en últimos pronunciamientos contribuyen a exacerbar las
pasiones.
No ha dado el ejemplo nuestra Corte Suprema de Justicia ya que a partir del caso
“Lariz Iriondo” (2005), en contra de una creciente y firme tendencia
internacional, ha limitado incorrectamente el alcance de los delitos de “lesa
humanidad” a aquellos cometidos por integrantes de fuerzas estatales, excluyendo
inexplicablemente a otros crímenes; entre ellos, los previstos en las
“Convenciones de Ginebra” de 1949.
Ello tiene serias implicancias, tanto en el ámbito internacional como en el
nacional. En el plano externo tiende a aislar a nuestro país de los esfuerzos de
la comunidad internacional en su lucha contra el terrorismo que ha tomado un
auge grave en los últimos cinco años. Mientras que, en el plano nacional, la
posición de nuestra Corte Suprema también presenta serias consecuencias ya que
da lugar a cuestionamientos acerca de la imparcialidad con que se juzgan los
delitos cometidos en el contexto de la guerra contra el terrorismo en nuestro
país durante la década de 1970 pues, mientras se juzgan los delitos cometidos
por los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad por considerarlos
imprescriptibles, se exime de juzgamiento a quienes cometieron graves delitos
contra civiles inocentes, incluyendo el asesinato y secuestro, en forma
indiscriminada contra sindicalistas, empresarios, profesores, militares,
policías, mujeres y niños.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ve con preocupación el
mensaje que tanto el Gobierno como el Poder Judicial está trasmitiendo a la
ciudadanía porque deja de lado principios jurídicos fundamentales y no
contribuye a la pacificación deseada por todos los argentinos.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2006.
Guillermo Lipera
Enrique del Carril
