
Septiembre de 2006
Por Andrés Cisneros
Cuba negó visas a dos periodistas de Clarín e intentó indicarle el nombre de
otros que sí resultarían aceptables para el estado cubano. Naturalmente, el
diario rehusó la alternativa y, en su edición del domingo 10, "condena este
manejo arbitrario por parte de la burocracia política cubana."
Es de suponer que intervendrán la Sociedad Interamericana de Prensa y organismos
internacionales semejantes. Habrá que ver la reacción, o no, de las asociaciones
y gremios de periodistas y otras instancias locales.
Las organizaciones de derechos humanos suelen ser reticentes cuando las
violaciones provienen de Cuba, pero no cabe duda de que se ha afectado el
derecho de información, expresión y prensa, recientemente invocado como derecho
humano de la más alta jerarquía constitucional por parte del gobierno argentino
en su controversia ante el Mercosur por en el conflicto por las pasteras
uruguayas.
Existiendo reiteradas denuncias de presión gubernamental sobre la prensa, el que
se convoque a un fideicomiso publicitario como el de Noticias para neutralizar
la discriminación oficial sin que la gente se sorprenda, este agravio extranjero
a Clarín configura un verdadero test para nuestras más altas autoridades.
Infortunadamente, hasta ahora no se conoce ningún reclamo formal de verdad.
Nuestro embajador no ha sido llamado para informar, ni su par cubano en Buenos
Aires parece mortificado por molestia oficial alguna. No se ha convocado al
medio de prensa agraviado para poner, como corresponde, al sistema diplomático
argentino al servicio del cese inmediato de semejante falta de respeto al
derecho de la sociedad argentina a informarse libremente por medio de
periodistas designados por sus medios de prensa, no por la policía política de
otro país.
Lo notable es que esto ocurre cuando esos periodistas procuraban asistir a la
XIV Reunión del Movimiento de Países No Alineados, que se desarrollaba en La
Habana y al que nuestro gobierno se propone revincularnos –ojalá que solo como
Observadores- luego de nuestro retiro en los Noventa, entonces con Perú únicos
países miembros de América. Excepto Cuba, claro.
Los miles de compatriotas que en los setenta se ilusionaba con la gesta cubana,
¿era con cosas como ésta que pensaban? ¿Es coherente identificar los sueños de
entonces con el régimen que hoy gobierna la isla? No se trata de un hecho
aislado: los nietos argentinos de Hilda Molina no pueden conocer a su abuela
porque el gobierno cubano ha decretado que el cerebro y los conocimientos de esa
médica le pertenecen al Estado. Podrá argumentarse que no se trata, estos dos
casos, de violaciones monstruosas de derechos humanos. Es verdad, pero tienen un
carácter sistemático abrumador: uno tras otro, cuarenta y cuatro años con miles
de ejemplos reiterados de limitaciones humillantes a los derechos más
elementales de la vida en sociedad. Una constante, no excepciones aisladas.
El presidente argentino, personalmente, escribió a Castro dos cartas pidiendo
por la doctora Molina. Nunca las contestaron. Ahora, Clarín tampoco obtiene
explicaciones: "el silencio cubano, más allá de la amabilidad diplomática, ha
sido la única respuesta".
Quienes todavía reivindican al régimen castrista, ¿conocen que cuando los
derechos humanos que se violaban eran los nuestros, los de hermanos y
compañeros, La Habana sufragaba impidiendo las inspecciones de Naciones Unidas
contra Videla? ¿Y que lo hacía con los mismos exactos argumentos que hoy esgrime
la Cancillería argentina cuando vota para que no se inspeccione a Cuba? ¿Qué
pasa? ¿No es que hay que defender los derechos humanos en todas partes?
El Movimiento de No Alineados parece que mira para otro lado. ¿Quién acreditaba
a los periodistas: ellos o el gobierno cubano? ¿Seguiremos votando a favor del
castrismo aunque continúen violando derechos humanos en nuestras propias barbas,
ahora ya directamente a ciudadanos argentinos? ¿Por qué?
Si de lo que se trata es de oponerse a Washington, ahí tenemos al absurdo
embargo comercial que la Argentina ha siempre condenado, con todos los
gobiernos.
El testimonio ideológico es propio de la militancia de facción, por eso el
pensamiento fanático ignora las desmentidas de la realidad. Pero los
funcionarios deben atender al interés nacional, que por ahí los pone ante el
caso de que amigos políticos violen sistemáticamente a los derechos humanos. En
tales situaciones un gobernante debe elegir entre comportarse como un compinche
o como un estadista. Es lo que pasa, al menos, en los países serios.
