NUESTRO CASTRISMO INCOMPRENSIBLE

 

Septiembre de 2006

Por Andrés Cisneros


Cuba negó visas a dos periodistas de Clarín e intentó indicarle el nombre de otros que sí resultarían aceptables para el estado cubano. Naturalmente, el diario rehusó la alternativa y, en su edición del domingo 10, "condena este manejo arbitrario por parte de la burocracia política cubana."

Es de suponer que intervendrán la Sociedad Interamericana de Prensa y organismos internacionales semejantes. Habrá que ver la reacción, o no, de las asociaciones y gremios de periodistas y otras instancias locales.

Las organizaciones de derechos humanos suelen ser reticentes cuando las violaciones provienen de Cuba, pero no cabe duda de que se ha afectado el derecho de información, expresión y prensa, recientemente invocado como derecho humano de la más alta jerarquía constitucional por parte del gobierno argentino en su controversia ante el Mercosur por en el conflicto por las pasteras uruguayas.

Existiendo reiteradas denuncias de presión gubernamental sobre la prensa, el que se convoque a un fideicomiso publicitario como el de Noticias para neutralizar la discriminación oficial sin que la gente se sorprenda, este agravio extranjero a Clarín configura un verdadero test para nuestras más altas autoridades.

Infortunadamente, hasta ahora no se conoce ningún reclamo formal de verdad. Nuestro embajador no ha sido llamado para informar, ni su par cubano en Buenos Aires parece mortificado por molestia oficial alguna. No se ha convocado al medio de prensa agraviado para poner, como corresponde, al sistema diplomático argentino al servicio del cese inmediato de semejante falta de respeto al derecho de la sociedad argentina a informarse libremente por medio de periodistas designados por sus medios de prensa, no por la policía política de otro país.

Lo notable es que esto ocurre cuando esos periodistas procuraban asistir a la XIV Reunión del Movimiento de Países No Alineados, que se desarrollaba en La Habana y al que nuestro gobierno se propone revincularnos –ojalá que solo como Observadores- luego de nuestro retiro en los Noventa, entonces con Perú únicos países miembros de América. Excepto Cuba, claro.

Los miles de compatriotas que en los setenta se ilusionaba con la gesta cubana, ¿era con cosas como ésta que pensaban? ¿Es coherente identificar los sueños de entonces con el régimen que hoy gobierna la isla? No se trata de un hecho aislado: los nietos argentinos de Hilda Molina no pueden conocer a su abuela porque el gobierno cubano ha decretado que el cerebro y los conocimientos de esa médica le pertenecen al Estado. Podrá argumentarse que no se trata, estos dos casos, de violaciones monstruosas de derechos humanos. Es verdad, pero tienen un carácter sistemático abrumador: uno tras otro, cuarenta y cuatro años con miles de ejemplos reiterados de limitaciones humillantes a los derechos más elementales de la vida en sociedad. Una constante, no excepciones aisladas.

El presidente argentino, personalmente, escribió a Castro dos cartas pidiendo por la doctora Molina. Nunca las contestaron. Ahora, Clarín tampoco obtiene explicaciones: "el silencio cubano, más allá de la amabilidad diplomática, ha sido la única respuesta".

Quienes todavía reivindican al régimen castrista, ¿conocen que cuando los derechos humanos que se violaban eran los nuestros, los de hermanos y compañeros, La Habana sufragaba impidiendo las inspecciones de Naciones Unidas contra Videla? ¿Y que lo hacía con los mismos exactos argumentos que hoy esgrime la Cancillería argentina cuando vota para que no se inspeccione a Cuba? ¿Qué pasa? ¿No es que hay que defender los derechos humanos en todas partes?

El Movimiento de No Alineados parece que mira para otro lado. ¿Quién acreditaba a los periodistas: ellos o el gobierno cubano? ¿Seguiremos votando a favor del castrismo aunque continúen violando derechos humanos en nuestras propias barbas, ahora ya directamente a ciudadanos argentinos? ¿Por qué?

Si de lo que se trata es de oponerse a Washington, ahí tenemos al absurdo embargo comercial que la Argentina ha siempre condenado, con todos los gobiernos.

El testimonio ideológico es propio de la militancia de facción, por eso el pensamiento fanático ignora las desmentidas de la realidad. Pero los funcionarios deben atender al interés nacional, que por ahí los pone ante el caso de que amigos políticos violen sistemáticamente a los derechos humanos. En tales situaciones un gobernante debe elegir entre comportarse como un compinche o como un estadista. Es lo que pasa, al menos, en los países serios.
 


 

Portada