Septiembre de 2006
La postergación que sufrió en el Senado chileno la ratificación del Tratado de
Roma, que establece el Tribunal Penal Internacional (TPI), sacó a la luz los
fuertes temores que han surgido en Chile por las sanciones que aplicaría Estados
Unidos de no aprobarse el Tratado conjuntamente con una suerte de fuero del que
gozarían sus tropas, la denominada ley ASPA (American Servicemembers Protection
Act).
El gobierno de Michelle Bachelet esperaba que el Senado aprobara la inclusión de
Chile al TPI, no obstante los senadores, fundamentalmente de la oposición,
plantearon una serie de reparos a la aplicación de la Corte, que implica ceder
ciertos márgenes de soberanía ante el nuevo organismo supranacional para
crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Estados Unidos ha lanzado un fuerte lobby internacional para que sus socios
comerciales y aliados estratégicos no aprueben la norma sin incluir la ASPA, que
también considera las sanciones a las que serán sometidos los países que
aprueben el TPI. Estas afectan principalmente la cooperación militar entre
Estados Unidos y los firmantes, de tal forma que que la transferencia
tecnológica, el entrenamiento conjunto de tropas y la venta de armamento son
temas sensibles para Chile, precisamente en medio del proceso de renovación del
material de las Fuerzas Armadas, especialmente de los aviones F-16, de los
cuales Michelle Bachelet recibió el viernes en la base Cerro Moreno de
Antofagasta el primer lote de seis aeronaves compradas a Holanda, de un total de
18, sumadas a los 10 que construyó Lockheed Martin especialmente para la Fuerza
Aérea de Chile (Fach).
En la sesión secreta -a petición de la ministra de Defensa- realizada por las
comisiones mixtas de Defensa y Relaciones Exteriores para tratar el tema, la
secretaria de Estado fue increpada por el senador demócratacristiano Jorge
Pizarro, quien sostuvo que ciertas declaraciones lanzadas por Blanlot con
respecto a las sanciones de Estados Unidos no corresponden a la postura que
tiene el Gobierno. A ello se agregaron luego las intervenciones de los senadores
opositores Juan Antonio Coloma (UDI) y Sergio Romero (RN), quienes plantearon la
necesidad de despejar definitivamente los efectos jurídicos que tendrán las
sanciones que EE.UU. puede aplicar, principalmente porque a raíz de la
aplicación de la ley ASPA, surge el riesgo de que Chile quede en una situación
de desigualdad frente a sus vecinos en la situación de Defensa.
Los anterior se produce debido a que la misma ASPA exime de esas sanciones a los
países que mantengan cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico, como
es el caso de Perú, Bolivia y Colombia; para los aliados extra-OTAN, como
Argentina; o para quienes el Presidente George W. Bush estime como no procedente
la aplicación de sanciones por razones de seguridad, facultad que nunca ha
ejercido. Ante tal escenario, de aprobar el TPI sin tomar ningún resguardo Chile
podría ver notoriamente afectada la provisión de repuestos para los F-16, sus
fragatas holandesas, los tanques Leopard II y armamentos como los misiles
Harpoon, Sea Sparrow y Amraam, entre otros tópicos como el entrenamiento
conjunto de personal o el acceso a precios preferenciales. Ello pone a las FF.AA.
en una posición estratégica bastante desventajosa frente a los vecinos
inmediatos, debido a que por las razones contempladas en la ley ASPA no estarían
afectos a sanción alguna.
Entre las sanciones a las que Chile estaría afecto, el Ejecutivo le bajó el
perfil a supuestas suspensiones en la cooperación bilateral con EE.UU.,
manifestando que sólo se traduciría en que ya no se accedería a precios
preferenciales en materia de transferencias. La ministra Blanlot reiteró que la
ratificación del TPI conllevaría para Chile un incremento del gasto militar en
unos 10 millonesde dólares por ese concepto, "monto plenamente manejable desde
el punto de vista de la Defensa", aseguró.
Por ello las comisiones mixtas solicitaron ampliar el tiempo de análisis,
disponiendo más sesiones para escuchar a otros conocedores de esta situación,
pese a que expresaron que el debate no debe seguir dilatándose por mucho tiempo
ante la existencia de un compromiso internacional de ratificar el tratado. Ante
la petición, el senador Roberto Muñoz Barra (PPD), quien presidía la sesión,
aceptó la petición del senador de Renovación Nacional Sergio Romero de ampliar
el debate y citar a otros actores conocedores del tema para que no haya ninguna
duda sobre las secuelas de la aprobación de la reforma constitucional.
Debido a ello, el Senado invitó a los ex ministros de Relaciones Exteriores y
Defensa, Ignacio Walker y Jaime Ravinet; y a los ex comandantes en jefe del
Ejército, Juan Emilio Cheyre, y de la Armada, Miguel Ángel Vergara, para conocer
su visión respecto de los efectos que tendría para Chile ratificar el Tratado.
"El Gobierno está desarrollando las acciones pertinentes para que el
compromiso de ratificación del tratado que crea el Tribunal Penal Internacional
no afecte la seguridad del país", fue lo que sostuvo la ministra de Defensa
Nacional después de la recepción de los primeros seis F-16 adquiridos a Holanda,
y aseguró que las desconfianzas que han surgido sobre la aprobación del TPI son
sólo "malas interpretaciones".
"El planteamiento de que podrían haber más sobrecostos tiene que ver no
directamente con el TPI, sino con que eventualmente se redujeran nuestras
relaciones en Defensa con Estados Unidos y pudiéramos tener menos acceso a
programas que tienen algún precio preferencial en materia de repuestos, por
ejemplo. La verdad es que nosotros como Gobierno pensamos que eso no va a
ocurrir, porque estamos trabajando en varios acuerdos con Estados Unidos",
sostuvo Blanlot, y agregó que específicamente uno de esos convenios referido a
ciencia, tecnología y logística, mantiene las franquicias en cuanto a las
adquisición de partes y repuestos.
Unos días antes de dicha ceremonia en Antofagasta, para recibir los F-16
holandeses, la FACH invitó a un grupo de senadores a la base Los Cóndores de
Iquique, para visitar el Grupo Aéreo Nº3, a cargo de los diez F-16 nuevos
comprados directamente a Lockheed Martin. Allí, los senadores de la Comisión de
Defensa discreparon sobre los efectos que tendrá la ratificación TPI en la
operación de dichas aeronaves.
La invitación fue cursada por el mismo Comandante en Jefe de la Fach, General
del Aire Osvaldo Sarabia, quien sostuvo los aviones están en excelente nivel
operativo y explicó que quisieron que los parlamentarios comprobaran que "hemos
invertido bien los recursos que nos entregó el país para adquirir nuestros
F-16".
Jaime Gazmuri (PS), presidente de la Comisión de Defensa del Senado, sostuvo que
los efectos de las sanciones serán mínimos en los nuevos aviones y aseguró que
no implicarán la interrupción de suministros y piezas. No obstante el senador
Juan Antonio Coloma (UDI) opinó que lo relevante de estas sanciones será que las
partes subirán cinco veces y que aumentará la demora en la entrega.
"Nosotros tenemos que analizar cada uno de los efectos que tendrá suscribir el
Tratado de Roma, entre éstos, lo que sucederá con nuestros armamentos, los que
han sido adquiridos a un alto costo. Queremos que todas las inversiones
realizadas puedan operar sin problemas", recalcó Coloma, quine puso en evidente
duda la cifra entregada por la ministra de Defensa, quién evaluó en 10 millones
de dólares el incremento de los costos en Defensa por las sanciones del gobierno
de Bush.
A fines de 2007 la Fuerza Aérea de Chile espera operar sus primeros 28 aviones
F-16, en los grupos aéreos 3, en la Base Los Cóndores en Iquique y 8, en la Base
Cerro Moreno, en Antofagasta. Junto a ellos, la Armada hoy ya cuenta en la
escuadra con las primeras cuatro fragatas holandesas y sus respectivos avanzados
sistemas de guerra electrónica y misiles Harpoon y Sea Sparrow; mientras el
Ejército espera la pronta llegada de un centenar de tanques Leopard II. La
dependencia de la asistencia norteamericana hace de la discusión y sus
consecuencias un asunto crítico.
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blog de Rodigo
(*) Periodista. Licenciado en Comunicación Social de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción, Chile. Corresponsal de Ejército aprobado en
el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército de Chile, con asiento en la
ciudad de Concepción. Fue redactor del diario La Hora, en Santiago. Actualmente
es editor periodístico de Agencia Informativa Orbe, en la capital
