CHILE: LOS F-16 Y EL TEMOR AL TRATADO PENAL INTERNACIONAL

 

Septiembre de 2006

Por Rodrigo Alarcón Bohle (*) - Desde Santiago


La postergación que sufrió en el Senado chileno la ratificación del Tratado de Roma, que establece el Tribunal Penal Internacional (TPI), sacó a la luz los fuertes temores que han surgido en Chile por las sanciones que aplicaría Estados Unidos de no aprobarse el Tratado conjuntamente con una suerte de fuero del que gozarían sus tropas, la denominada ley ASPA (American Servicemembers Protection Act).

El gobierno de Michelle Bachelet esperaba que el Senado aprobara la inclusión de Chile al TPI, no obstante los senadores, fundamentalmente de la oposición, plantearon una serie de reparos a la aplicación de la Corte, que implica ceder ciertos márgenes de soberanía ante el nuevo organismo supranacional para crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Estados Unidos ha lanzado un fuerte lobby internacional para que sus socios comerciales y aliados estratégicos no aprueben la norma sin incluir la ASPA, que también considera las sanciones a las que serán sometidos los países que aprueben el TPI. Estas afectan principalmente la cooperación militar entre Estados Unidos y los firmantes, de tal forma que que la transferencia tecnológica, el entrenamiento conjunto de tropas y la venta de armamento son temas sensibles para Chile, precisamente en medio del proceso de renovación del material de las Fuerzas Armadas, especialmente de los aviones F-16, de los cuales Michelle Bachelet recibió el viernes en la base Cerro Moreno de Antofagasta el primer lote de seis aeronaves compradas a Holanda, de un total de 18, sumadas a los 10 que construyó Lockheed Martin especialmente para la Fuerza Aérea de Chile (Fach).


Senado pide analizar real impacto en Defensa

En la sesión secreta -a petición de la ministra de Defensa- realizada por las comisiones mixtas de Defensa y Relaciones Exteriores para tratar el tema, la secretaria de Estado fue increpada por el senador demócratacristiano Jorge Pizarro, quien sostuvo que ciertas declaraciones lanzadas por Blanlot con respecto a las sanciones de Estados Unidos no corresponden a la postura que tiene el Gobierno. A ello se agregaron luego las intervenciones de los senadores opositores Juan Antonio Coloma (UDI) y Sergio Romero (RN), quienes plantearon la necesidad de despejar definitivamente los efectos jurídicos que tendrán las sanciones que EE.UU. puede aplicar, principalmente porque a raíz de la aplicación de la ley ASPA, surge el riesgo de que Chile quede en una situación de desigualdad frente a sus vecinos en la situación de Defensa.

Los anterior se produce debido a que la misma ASPA exime de esas sanciones a los países que mantengan cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico, como es el caso de Perú, Bolivia y Colombia; para los aliados extra-OTAN, como Argentina; o para quienes el Presidente George W. Bush estime como no procedente la aplicación de sanciones por razones de seguridad, facultad que nunca ha ejercido. Ante tal escenario, de aprobar el TPI sin tomar ningún resguardo Chile podría ver notoriamente afectada la provisión de repuestos para los F-16, sus fragatas holandesas, los tanques Leopard II y armamentos como los misiles Harpoon, Sea Sparrow y Amraam, entre otros tópicos como el entrenamiento conjunto de personal o el acceso a precios preferenciales. Ello pone a las FF.AA. en una posición estratégica bastante desventajosa frente a los vecinos inmediatos, debido a que por las razones contempladas en la ley ASPA no estarían afectos a sanción alguna.

Entre las sanciones a las que Chile estaría afecto, el Ejecutivo le bajó el perfil a supuestas suspensiones en la cooperación bilateral con EE.UU., manifestando que sólo se traduciría en que ya no se accedería a precios preferenciales en materia de transferencias. La ministra Blanlot reiteró que la ratificación del TPI conllevaría para Chile un incremento del gasto militar en unos 10 millonesde dólares por ese concepto, "monto plenamente manejable desde el punto de vista de la Defensa", aseguró.

Por ello las comisiones mixtas solicitaron ampliar el tiempo de análisis, disponiendo más sesiones para escuchar a otros conocedores de esta situación, pese a que expresaron que el debate no debe seguir dilatándose por mucho tiempo ante la existencia de un compromiso internacional de ratificar el tratado. Ante la petición, el senador Roberto Muñoz Barra (PPD), quien presidía la sesión, aceptó la petición del senador de Renovación Nacional Sergio Romero de ampliar el debate y citar a otros actores conocedores del tema para que no haya ninguna duda sobre las secuelas de la aprobación de la reforma constitucional.

Debido a ello, el Senado invitó a los ex ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Ignacio Walker y Jaime Ravinet; y a los ex comandantes en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y de la Armada, Miguel Ángel Vergara, para conocer su visión respecto de los efectos que tendría para Chile ratificar el Tratado.


Defensa: "Gobierno actúa con responsabilidad"

"El Gobierno está desarrollando las acciones pertinentes para que el compromiso de ratificación del tratado que crea el Tribunal Penal Internacional no afecte la seguridad del país", fue lo que sostuvo la ministra de Defensa Nacional después de la recepción de los primeros seis F-16 adquiridos a Holanda, y aseguró que las desconfianzas que han surgido sobre la aprobación del TPI son sólo "malas interpretaciones".

"El planteamiento de que podrían haber más sobrecostos tiene que ver no directamente con el TPI, sino con que eventualmente se redujeran nuestras relaciones en Defensa con Estados Unidos y pudiéramos tener menos acceso a programas que tienen algún precio preferencial en materia de repuestos, por ejemplo. La verdad es que nosotros como Gobierno pensamos que eso no va a ocurrir, porque estamos trabajando en varios acuerdos con Estados Unidos", sostuvo Blanlot, y agregó que específicamente uno de esos convenios referido a ciencia, tecnología y logística, mantiene las franquicias en cuanto a las adquisición de partes y repuestos.

Unos días antes de dicha ceremonia en Antofagasta, para recibir los F-16 holandeses, la FACH invitó a un grupo de senadores a la base Los Cóndores de Iquique, para visitar el Grupo Aéreo Nº3, a cargo de los diez F-16 nuevos comprados directamente a Lockheed Martin. Allí, los senadores de la Comisión de Defensa discreparon sobre los efectos que tendrá la ratificación TPI en la operación de dichas aeronaves.

La invitación fue cursada por el mismo Comandante en Jefe de la Fach, General del Aire Osvaldo Sarabia, quien sostuvo los aviones están en excelente nivel operativo y explicó que quisieron que los parlamentarios comprobaran que "hemos invertido bien los recursos que nos entregó el país para adquirir nuestros F-16".

Jaime Gazmuri (PS), presidente de la Comisión de Defensa del Senado, sostuvo que los efectos de las sanciones serán mínimos en los nuevos aviones y aseguró que no implicarán la interrupción de suministros y piezas. No obstante el senador Juan Antonio Coloma (UDI) opinó que lo relevante de estas sanciones será que las partes subirán cinco veces y que aumentará la demora en la entrega.

"Nosotros tenemos que analizar cada uno de los efectos que tendrá suscribir el Tratado de Roma, entre éstos, lo que sucederá con nuestros armamentos, los que han sido adquiridos a un alto costo. Queremos que todas las inversiones realizadas puedan operar sin problemas", recalcó Coloma, quine puso en evidente duda la cifra entregada por la ministra de Defensa, quién evaluó en 10 millones de dólares el incremento de los costos en Defensa por las sanciones del gobierno de Bush.

A fines de 2007 la Fuerza Aérea de Chile espera operar sus primeros 28 aviones F-16, en los grupos aéreos 3, en la Base Los Cóndores en Iquique y 8, en la Base Cerro Moreno, en Antofagasta. Junto a ellos, la Armada hoy ya cuenta en la escuadra con las primeras cuatro fragatas holandesas y sus respectivos avanzados sistemas de guerra electrónica y misiles Harpoon y Sea Sparrow; mientras el Ejército espera la pronta llegada de un centenar de tanques Leopard II. La dependencia de la asistencia norteamericana hace de la discusión y sus consecuencias un asunto crítico.


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(*) Periodista. Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Corresponsal de Ejército aprobado en el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército de Chile, con asiento en la ciudad de Concepción. Fue redactor del diario La Hora, en Santiago. Actualmente es editor periodístico de Agencia Informativa Orbe, en la capital


 


 

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