Octubre de 2006
Néstor Kirchner pidió a sus principales operadores, Alberto Fernández, Julio De Vido y Carlos Zannini, que hagan un cerco de protección sobre la ministra de Economía Felisa Miceli.
El propio Presidente le dio un espaldarazo esta semana cuando la mandó a
cuestionar a las empresas de medicina prepagas, y de esa manera, ganara espacios
políticos frente a la opinión pública.
La intención de Kirchner es fortalecer a Miceli frente al deterioro que tuvo su
imagen en los sectores privados, después de su paso por Singapur en la reunión
del FMI.
También Kirchner ordenó parar todo tipo de ofensiva sobre el titular del Banco
Central, quien tiene buenos y sólidos vínculos con Julio De Vido y también con
Alberto Fernández.
El Presidente pretende fortalecer su gestión en el área donde mejor le va al
gobierno, que es la económica, y de esta manera compensar el desgaste que tuvo
la Casa Rosada a causa de los episodios de San Vicente y también del intento
reeleccionista de Misiones.
Para eso, Kirchner sostiene que es imprescindible fortalecer las caras visibles
de los anuncios económicos, como lo son Miceli y Redrado.
Aunque Kirchner se molestó por el anuncio de que las empresas de medicina prepaga se disponían a aumentar sus cuotas a partir del año próximo, no todos en el gobierno consideran que hay que sobreactuar para frenar el aumento.
Por esa razón no fue Guillermo Moreno quien salió a patear el tablero como
habitualmente ocurre cuando se produce un intento de suba de precios por parte
de sectores sensibles a los bolsillos de la sociedad.
La que se encargó de cruzar a las prepagas fue Felisa Miceli. Es que en la Casa
Rosada están convencidos de que el aumento de las prepagas sólo repercutirá en
las empresas que contratan sus servicios para sus empleados y en sectores de
altos ingresos que pagan por ese servicio de manera particular.
De todos modos, es verdad que un incremento del 23% podría influir en el índice
inflacionario de enero, que se dispararía hacia el 0,8%.
Pero el problema que enfrenta la ministra Miceli es que no dispone de
herramientas ciertas para frenar el aumento, puesto que no es aplicable en este
caso la Ley de Abastecimiento. Por tal motivo comenzaron ya discretas
negociaciones para habilitar un ajuste en las cuotas, pero de la mitad o menos
que lo que proclamaron las empresas.
El índice de precios de octubre se ubicaría entre el 0,7 y el 0,8 %, según el último trabajo del INDEC para conocimiento de la ministra Felisa Miceli.
Esta proyección incluye el comportamiento de los precios hasta el viernes
pasado, 21 de octubre.
El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, curado en salud, igual dice que el
indicador podría estirarse hasta el 0,9 %.
Para Moreno, la economía soporta un índice del 0,9 % en los tres meses que
faltan para llegar a fin de año, porque si se da ese guarismo el indicador anual
de inflación sería del 9,6 %.
Igual existe preocupación en el gobierno por lo que pudiera ocurrir en enero,
cuando los servicios, las vacaciones y aumentos, como los de las prepagas
podrían llevar el índice al 1,5 %.
Por eso, Kirchner presionó ayer a las grandes empresas para que mantengan los
precios durante todo el año electoral y, a cambio, prometió a las fábricas de
alimentación una flexibilización en el control de precios para después de las
elecciones del 2007.
El gobierno no va a reemplazar a Camarassa en el directorio del Banco Central y esperará a que expire el plazo del cargo que tenía esa silla.
El funcionario tenía mandato hasta mediados del año próximo y se va al Banco
Mundial en diciembre.
Sólo se ocupará la vacante recién cuando venza el mandato legal de la gestión de
Camarassa.
Por otra parte, existe una fuerte presión para que Arturo O'Connel deje su lugar
en el directorio, y al hombre lavagnista se le prometió otro cargo.
O'Connel quiere ir a la Secretaría de Negociaciones Económicas Internacionales,
pero nadie en el gobierno está dispuesto a darle semejante lugar.
La intención de la Casa Rosada es que primero O'Connel renuncie y recién después
-y sin nada a cambio- concederle una compensación sumamente menor.
De esta manera, el kirchnerismo fortalecería mucho más la presencia en el
directorio del BCRA.
Miguel Pesce, vicepresidente de la entidad, pretende que esos lugares sean para
radicales que apoyen la concertación kirchnerista y que, en la Capital Federal,
lidera el propio Pesce.
Los miles de efectivos de la Policía Federal tuvieron una noticia esperada.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, logró destrabar el pago del último
aumento salarial, que llevaba meses de atraso.
A partir de un piso de 200 pesos, los federales comenzaron a cobrar lo que se
debía.
Es que Fernández quiere cerrar cualquier foco de disconformidad en esa fuerza de
seguridad.
Tampoco se esperan grandes cambios en la cúpula de la Federal cuando llegue a
fin de año la época de los ascensos.
El ministro está conforme con la conducción del comisario general Néstor Valleca.
Por sobre todo, el gobierno está pensando en el año próximo, el de la elección
presidencial.
Cree que habrá bastante ebullición política y social y que grupos opositores
pueden ganar la calle como forma de protesta.
Y para enfrentar una situación similar, debe tener a sus policías en orden.
El Presidente Kirchner cumplió con lo que esperaba Hugo Moyano. Que el
gobierno no lo abandonara a su suerte luego de la barbarie vivida en la quinta
de San Vicente con el traslado de los restos de Juan Domingo Perón.
La reunión con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, marca el inicio de
una nueva relación del líder camionero con la Casa Rosada.
Para el gobierno, Moyano sigue siendo necesario para garantizar, durante el año
electoral, una negociación salarial sin desbordes, la paz social de los gremios
y el apriete a empresarios intimados por “Lassie” Moreno.
Pero Moyano deberá demostrar que es capaz de sobrevivir a las luchas internas de
la CGT y soltar las manos de los responsables de la violencia en San Vicente.
Por otra parte, Moyano tratará de contribuir a mantener en pie la débil denuncia
de “complot” contra el gobierno nacional, que Kirchner lanzó luego de las peleas
en la quinta.
Para eso, le entregará a Fernández videos caseros de gremios de la CGT que
estuvieron en San Vicente.
Pero hay otros que esperan señales del gobierno, como el gastronómico Luis
Barrionuevo.
Acostumbrado a pelear y negociar con el poder, se ubicó como el principal
adversario de Moyano en esta crisis de la CGT.
Aunque está dispuesto a dar un paso al costado, y dejar tranquilo a Moyano, si
Kirchner le da alguna señal que le permita soñar con la gobernación de
Catamarca.
Distinta es la situación de los “gordos” de la CGT (Cavalieri, West Ocampo, Daer,
Lescano y José Rodríguez).
Nunca tuvieron un guiño de la Rosada y ahora buscan sacar beneficio del traspié
de Moyano.
Los funcionarios que quedaron asociados al fallido acto de San Vicente con los restos de Perón comenzaron a sentir el rigor de sectores que se alarmaron con los sucesos de violencia.
Días atrás, la Universidad Austral organizó un acto para anunciar junto a altos
ejecutivos de empresas una serie de radicaciones industriales en la provincia de
Buenos Aires.
Se invitó al gobernador Felipe Solá, pero como éste se excusó, la encargada de
reemplazarlo fue su ministra de Producción, Débora Giorgi.
Cuando la vicegobernadora Graciela Giannettasio se enteró, pidió ella ir al
acto, pero los empresarios le dijeron “no, gracias”, con la excusa de que habían
cerrado ya con Giorgi.
La razón de fondo fue que la vicegobernadora apareció en el centro de la escena
de los episodios de San Vicente y pocos, por estas horas, están dispuestos a
participar en una foto con ella.
El gobernador Felipe Solá está dispuesto a recuperar la iniciativa política en la provincia, luego de dos duros golpes, como la desaparición del testigo Jorge López y la pelea sindical por el cuerpo de Perón.
Por eso, decidió acelerar la solicitud a la Junta Electoral bonaerense para que
determine si puede ser reelecto en la provincia, algo que le está vedado en la
Constitución de ese distrito.
Esta presentación, además, le permitirá ganar tiempo, ya que demandará por lo
menos un par de meses, a los que habrá que agregar otros tantos de apelación
ante la Corte Suprema bonaerense, si el fallo le es favorable.
En esa estrategia, Solá necesita que el duhaldismo “K” y el kirchnerismo puro,
que son sus adversarios en la provincia, le den una tregua hasta que se defina
su futuro.
Pero esa tregua requiere del guiño del Presidente Kirchner, porque son sectores
que sólo obedecen señales de la Casa Rosada.
El problema es que hay otros precandidatos a gobernador que consideran que el
tiempo ganado por Solá será el perdido por ellos.
Se trata del ministro del Interior, Aníbal Fernández; el senador José Pampuro y
el jefe del ANSeS, Sergio Massa.
La sorpresa de Solá es Pampuro, que del silencio pasó a la crítica pura. Y el
gobernador sabe que el ex duhaldista no da un paso sin el visto bueno de los
Kirchner.
Monseñor Joaquín Piña ya muestra signos de campaña en una compleja contienda electoral en Misiones.
Su principal preocupación y la de los otros religiosos que conforman la lista de
constituyentes de la oposición, pasa por la posibilidad de ser afectados por un
supuesto fraude electoral, cuando se vote el domingo.
Es que está en juego la reforma de la constitución provincial para permitir la
reelección indefinida del gobernador, en este caso el kirchnerista Carlos
Rovira.
Piña se ha encarrilado, por estas horas, en la estrategia del Episcopado
Argentino, que preside el cardenal Jorge Bergoglio, enfrentado con el Presidente
Kirchner.
El Episcopado no quiere nacionalizar el enfrentamiento con los kirchneristas
misioneros.
Por eso le pidió a Piña que saque de sus críticas a la figura presidencial.
Es que, a nivel nacional, los obispos bajaron el nivel de los cuestionamientos
al gobierno nacional por la inequitativa redistribución de la riqueza, y al
Presidente, por su forma de hacer política.
De todas formas, ningún acercamiento avanzará hasta después de conocidos los
resultados en las urnas.
Es que si Rovira gana con un margen importante, no son pocos los funcionarios
kirchneristas que quieren pasar la factura a la Iglesia y sentarse a negociar
con esa carta en la mano.
En el gobierno se sostiene que las cosas podían haber sido peor en San Vicente si no se hubiese frenado la iniciativa de Hugo Chávez Frías de viajar a Buenos Aires para acompañar el traslado de los restos de Perón.
El presidente venezolano quería concurrir al acto pero una evaluación de un área
de seguridad ponderó los posibles riesgos de la presencia del mandatario en la
difícil jornada del 17 de octubre y desaconsejó la visita.
De lo contrario, Chávez se hubiese encontrado en medio del violento
enfrentamiento sindical y el papelón nacional e internacional hubiese sido mucho
mayor aun .
