
Octubre de 2006
Por Horacio Calderón (*)
La República Argentina no ha estado, está ni estará al margen de la guerra
global, entre otras cosas porque ya tuvo su bautismo de sangre a manos del
terrorismo islamista, de signo diferente a Al-Qaeda, pero islamista al fin, que
de manera alguna ha quitado a nuestro país de su lista de blancos.
El desafío de la red liderada por Osama Bin Laden alcanza al país de manera
plena, porque su comandante e ideólogos son lo suficientemente inteligentes y
cultos, como para saber que el país es mayoritariamente blanco, católico y que,
además, cuenta con una de las colectividades judías cualitativa y
cuantitativamente más importantes en el ámbito mundial; colectividad que además
está históricamente ligada al Estado de Israel desde el momento mismo de su
fundación, como casi otras similares de la Diáspora.
Más allá de las denuncias hechas públicas a través de algunos medios de
prensa sobre las actividades de las FARC en la Argentina, hay indicios
inquietantes de actividad con tribus como los Aimara, numerosa en el norte de
nuestro país, y sobre todo en Salta y Tucumán. Pero el recalentado caldero
político boliviano y de los Andes Centrales no sólo incluye a los aimaras, sino
también a carangas, lupacas, cambas, chiquitanos y guaraníes, además de una
diversidad de pueblos y culturas de otros orígenes, como japoneses, mennonitas y
sijs.
Hay expertos en los complejos problemas existentes en toda la región andina que
denuncian que actores como el actual Presidente y dirigente cocalero Evo
Morales, hoy presidente de Bolivia, los aimaras de Felipe Quispe, la Central
Obrera Boliviana liderada por Jaime Solares y grupos indígenas de El Alto cuyo
referente es Modesto Mamani, promueven una especie de “limpieza étnica” -por el
momento pacífica-, de todo ciudadano blanco residente en esas regiones.
En este panorama que se levanta en el futuro de Bolivia y regiones adyacentes,
el terrorismo con perfil etnonacionalista se alzará sin duda con un nuevo
rostro, diferente al de Al-Qaeda, pero rostro al fin de una de las amenazas
regionales crecientes en este siglo XXI.
• Vacío histórico de leyes que contemplen las nuevas amenazas representadas
por el terrorismo global y regional, el narcotráfico y el crimen transnacional,
como también el proceso de convergencia operado entre estas organizaciones
durante los últimos años.
• Ideologismos e intereses políticos que impiden consensuar una política
de Estado antiterrorista y anticriminal que contemple los nuevos desafíos.
• Escasez de recursos materiales y técnicos a disposición de las fuerzas de
seguridad y policiales, tanto en el ámbito federal como en el provincial.
• Porosidad y extensión de las fronteras terrestre, marítima y fluvial.
• Fácil acceso a material explosivo y/o componentes para su fabricación, tanto
en territorio nacional como en ciertos países vecinos.
• Desconocimiento por parte de la dirigencia política del fenómeno terrorista
islamista de alcance global, como asimismo de las cosmovisiones, perfiles,
estrategias y tácticas operacionales de aquellas organizaciones que constituyen
un peligro para nuestra seguridad nacional.
• Como consecuencia de lo anterior, el país queda expuesto a las amenazas
mencionadas, tanto globales como regionales y domésticas. Entre las
características más sobresalientes de organizaciones como Al-Qaeda está su
sofisticación, el secreto de sus actividades y el dominio del conocimiento de
los sistemas de defensa, seguridad e inteligencia de los países que luego
resultan blancos de sus ataques.
• Sinergia y cooperación creciente entre el terrorismo y el crimen organizado,
que exponen al país a que las células logísticas y de ataque puedan proveerse de
material explosivo, armas, telefonía celular, vehículos, documentación falsa,
rutas de ingreso y egreso utilizadas por el narcotráfico.
• Existencia de redes criminales que potencian la peligrosidad de la amenaza
conjunta, como en el caso de la región de la Triple Frontera entre la Argentina,
Paraguay y Brasil.
• Crecimiento del consumo doméstico de alcaloides, el transbordo hacia terceros
mercados de cocaína y otros narcóticos (Caso Southern Wind entre otros), el
contrabando o venta triangulada de precursores químicos y la aparición de
laboratorios para el procesamiento de drogas en su territorio. Terroristas y
narcotraficantes han llegado a adquirir una relación simbiótica, como en el caso
de Colombia y la Argentina no tiene por qué ser una excepción en el futuro.
• Incertidumbre histórica oficial ante la naturaleza de las nuevas amenazas
convergentes.
• Métodos obsoletos para el manejo de información.
• Escasa información obtenida de fuentes directas y con medios propios.
• Exceso de informes proporcionados por servicios de inteligencia extranjeros
que no tiene capacidad para procesar e interpretar.
• Diferentes sistemas de valorización de la información.
• Manejo cambiante de objetivos.
• Acoso y presiones políticas internas y externas.
• Dispersión de esfuerzos en cuestiones subalternas.
• Pobreza en planeamiento.
• Escasa dedicación de las autoridades gubernamentales
La Argentina requiere de manera urgente la adopción de una política de
Estado tanto a nivel preventivo (Antiterrorismo) como reactivo
(Contraterrorismo) y la sanción de un plexo legal que respalde el accionar de
las fuerzas de seguridad y policiales.
El país está en mora con la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de la ONU,
del 28 de septiembre de 2001, que no sólo urgió a los Estados miembros a
prevenir y reprimir los actos terroristas, sino que pidió la tipificación de
esos delitos en sus legislaciones nacionales. Nuestro Código Penal contempla al
terrorismo solamente como homicidio agravado,
algo que debe modificarse urgentemente.
Las reformas necesarias deben contemplar:
• Fortalecimiento del Sistema de Defensa y de Seguridad, apoyado por el plexo
legal que requieren las amenazas actuales y de los tiempos por venir. El haber
quitado las “nuevas amenazas” del ámbito de la Defensa Nacional constituye un
serio error estratégico del Poder Ejecutivo, que puede acarrear graves
consecuencias al país en un futuro no lejano.
• Endurecimiento de las condiciones que facilitan el accionar terrorista.
• Capacitación de los más altos funcionarios del Estado y de la dirigencia
política en manejo de crisis.
Fortalecimiento de los aparatos de inteligencia, seguridad y policiales,
cuya capacidad para accionar conjuntamente no debe estar sujeta a restricciones
severas como pueden ser la existencia de asimetrías y la falta de colaboración
entre los organismos especializados en la lucha contra la amenaza terrorista.
Debe contarse con todos los elementos necesarios y acceso a la más alta
tecnología, para estar en condiciones de enfrentar a un enemigo que dispone de
todos los recursos a su alcance para plantear una seria amenaza a nuestra
seguridad.
Deben extremarse los recaudos en puertos, aeropuertos y áreas de frontera. Este tipo de medidas, cuando son implementadas eficazmente, obliga a las organizaciones terroristas a descartar a principiantes y a emplear profesionales, que pueden ser detectados más fácilmente. Desde ya, esto se refiere a cuadros que llegan desde el exterior para organizar y lanzar ataques; no a los miembros de células “dormidas” ya implantadas en territorio del país blanco, en este caso la Argentina.
Un manejo de crisis eficaz sólo puede lograrse con la debida capacitación
de los más altos funcionarios del Gobierno Nacional en esta delicada
especialización, que no puede quedar en manos de improvisados.
Resulta necesario realizar los mayores esfuerzos para lograr un adecuado
conocimiento y una plena movilización y participación colectiva y la
construcción de una cadena de solidaridad que una a todos los argentinos ante la
amenaza común, sin distinción de razas, credos u opiniones
Buenos Aires, 4 de octubre de 2006
(*) Horacio Calderón es analista internacional, experto en Medio
Oriente y Africa del Norte y especialista en Contraterrorismo. El autor es
católico militante y ha publicado documentos como “El Aborto Inducido Prenatal”,
de gran difusión en sitios pro vida de Internet.
