URUGUAY: SINDICATOS Y PARLAMENTARIOS ANTE LA MILITARIZACIÓN DEL CONFLICTO
Diciembre de 2006
Por Fabián Werner
El análisis de Brecha que transcribimos, un medio que sigue muy de cerca la información militar uruguaya, revela en este informe que hay sectores sindicales, tanto argentinos como uruguayos, que están intentando acercar posiciones en una lectura substancialmente política ante la apatía o incapacidad de las diplomacias bilaterales, por el momento, enfrentadas.
En las ultimas horas han habido también intentos de conformar una delegación
parlamentaria argentina para establecer puentes con sus homólogos uruguayos y
volver a recentrar el problema en los niveles políticos que tanto el poeta
canciller Bielsa muy preocupado por el periodismo libre que circula en Internet,
como su sucesor , el hijo del doctor Taiana- un inútil intelectualmente
empetrolado en todas sus neuronas, grises y blancas, han dejado avanzar
demasiado.
Lamentablemente el Congreso argentino carece de la autonomía política e
independencia de poderes que caracteriza al uruguayo.
Recua de gente anónima asustadiza o simplemente comprada el congreso es una
simple escribanía que vehiculiza los espasmos del presidente ágrafo y del
cavallista Alberto Fernández sin discutir demasiado la cosa.
Otra iniciativa se esta intentando por vía del Circulo de Legisladores con
mandato cumplido pero allí también la iniciativa choca con la parsimonia de
Alfonso Márquez, un ex legislador peronista todo terreno por Mendoza que ejerce
la presidencia por medio de una reelección indefinida desde hace doce años y que
esta notoriamente mas interesado en los negocios inmediatos: Oslaera fue uno de
ellos y el edificio de la calle Callao en la capital argentina otro y
naturalmente no tiene mayor interés en inmiscuirse en una conflicto binacional
que no le deja ganancias inmediatas.
Este pequeño miserable en permanente servicio activo bloquea también las
iniciativas que se podrían canalizar a través de la Unión Parlamentaria
latinoamericana, cuya secretaria preside el ex colaborador de inteligencia del
Proceso Militar, Luís Rúbeo, otra persona de escasas luces pero que –a
diferencia de Chacho Álvarez –no tiene facilidad para las renuncias
administrativas.
Veamos el análisis de Brecha, que es solo el comienzo de un largo conflicto que
ocupara todo el verano de argentinos y uruguayos
En España y Finlandia rige el invierno, hay que trabajar.
La Redacción
El gobierno uruguayo pasó a la ofensiva en la disputa con Argentina al
decidir tres medidas duras. La más fuerte en términos simbólicos, encargar al
Ejército la custodia de la planta de Botnia, supone un salto cualitativo de gran
magnitud.
Por Fabián Werner
"Se está cuidando un predio de que eventualmente pueda suceder algún tipo de
cosa." Con esta explicación, el prosecretario de la Presidencia Jorge Vázquez
explicó el miércoles 30 la decisión del Poder Ejecutivo de mover tropas del
Ejército para custodiar el predio en el que se construye la planta de celulosa
de Botnia, en Río Negro. Vázquez fue abordado ese día por un grupo de
periodistas, cuando todavía se buscaba la confirmación de la noticia divulgada
esa mañana por Últimas Noticias. Dijo además que la medida fue tomada por el
gobierno uruguayo, sin que mediara petición de la empresa, para encarar "un
problema del país", y que no puede ser interpretada como una demostración de
fuerza. Consultado sobre la asignación de la tarea a efectivos militares y no
policiales, respondió: "Lo podría hacer la Policía, sí, cómo no. Pero las
Fuerzas Armadas están y tienen que cumplir un papel y, bueno, se les ha
adjudicado ese papel".
La labor fue resuelta en una reunión mantenida el jueves 23 por el presidente
Tabaré Vázquez y sus ministros del Interior José Díaz, de Defensa Azucena
Berruti, y de Trabajo Eduardo Bonomi. Según fuentes del Ministerio del Interior,
el pedido fue planteado por los jerarcas de esta cartera, que consideraban
necesario tomar medidas "precautorias" respecto a la planta, pero por sentirse
"desbordados" pidieron la colaboración de Defensa.
La medida sorprendió a propios y extraños. Es que, según diversas consultas
realizadas por BRECHA, no hay un antecedente de este tipo desde el regreso a la
democracia. Es el carácter inusual de la decisión lo que, por el momento, genera
muchas más preguntas que certezas. Una de ellas tiene que ver con el marco legal
en que se produce, cuestión que preocupa a civiles pero también a los militares
involucrados en la medida, que esperan que aparezca el decreto presidencial que
le ponga marco a su intervención. El texto sigue en etapa de revisión, y no
estará firmado hasta la semana próxima, lo que demorará unos días la puesta en
práctica del operativo.
¿Qué pasa si hay un incidente en el que tengan que intervenir los soldados?
¿Tienen idoneidad para hacerlo? Preguntas similares se plantearon cuando, años
atrás, se produjo un conflicto de fueros entre la justicia civil y la militar en
un caso relacionado con la custodia perimetral de las cárceles .
Pero más allá de la sorpresa, la entrada a escena de los infantes no es una
medida aislada. Se suma a un decreto aprobado en octubre, que –con mucho menos
alharaca– aumentó la frecuencia de los patrullajes de la Prefectura Nacional
Naval en el río Uruguay y que los ambientalistas argentinos denunciaron como una
especie de cortejo a los barcos que atracaron en el "puerto ilegal" de Botnia.
La empresa, por su lado, se apuró a negar que la decisión gubernamental de
enviar al Ejército a cuidar su planta se haya originado en un pedido suyo. Lo
mismo hizo el gobierno finlandés a través de su embajada en Buenos Aires.
Los encargados de la custodia serán los efectivos del Batallón de Infantería
Mecanizada 9 con asiento en Fray Bentos, en base a un plan elaborado por el jefe
de la División de Ejército III, general Juan Giorello. Al igual que el resto de
las unidades militares del país, ésta cuenta con personal especialmente
capacitado para lo que podría denominarse "lucha antiterrorista": han sido
entrenados para actuar ante toma de rehenes y para desactivar explosivos, y
entre ellos hay francotiradores. Por el momento se estima que la custodia
insumirá alrededor de veinte efectivos, la instalación de casetas en puntos
considerados "sensibles" y alejados de la planta, y un buen número de vehículos
militares y material que permita levantar un nuevo cerco perimetral en el predio
de la firma finlandesa.
La situación en Río Negro tiene aspectos en común con la que se vive en la
provincia chilena de Valdivia. Dos meses atrás, el gobierno de Michelle Bachelet
ordenó a la Armada proteger la planta de la papelera Celco, fuertemente
cuestionada por los pobladores locales por el alto grado de contaminación ya
generado por sus desechos. Durante una protesta, los marinos dispararon sobre
los manifestantes. La asamblea ambientalista de Gualeguaychú cita el caso de
Valdivia como ejemplo de lo que ocurrirá en Fray Bentos con Botnia.
La reacción argentina
Si bien cada país tiene la potestad de mover sus tropas para donde quiera dentro de su territorio, tal como se encargó de recordar el prosecretario Jorge Vázquez, siempre se considera "descortés" (por decir lo menos) hacerlo en una frontera sin que se avise al vecino de al lado. Según supo BRECHA, en este caso hubo una comunicación de las autoridades de defensa uruguayas a sus pares argentinas de que se produciría el movimiento tendiente a darle mayor seguridad a Botnia. Ayer jueves también trascendió que el agregado militar de la embajada argentina en Montevideo se contactó con autoridades del Ejército nacional para conocer de primera mano los detalles del operativo.
Pero inesperadamente, en un acto público por los 200 años de la localidad
bonaerense de San Andrés de Giles, ayer por la tarde, el presidente Néstor
Kirchner aprovechó para hacer mención al asunto. "¿Por qué mandó a custodiar una
papelera? No nos merecíamos semejante afrenta, le pedimos que rectifique ese
error. Por Dios, no hay que perder la razón ni hay que buscar réditos internos
en algo que nos conmueve, tratando de mostrar xenofobias del pasado", exclamó el
mandatario aludiendo a su par uruguayo.
Por su lado, el ministro del Interior Aníbal Fernández calificó de "desmedida"
la decisión de Tabaré Vázquez y evaluó que "esto lo que hace es llevar una
suerte de afrenta que hay que resolver".
El día antes, el vicecanciller argentino Roberto García Moritán había dicho que
la medida del gobierno uruguayo puede provocar una alarma "innecesaria" en la
opinión pública. El diplomático añadió que "más allá de las necesidades internas
uruguayas que originan la decisión y sobre las que no tengo nada que comentar,
en las actuales circunstancias no parece ser una buena señal involucrar a las
Fuerzas Armadas en una tarea de carácter policial". En esa línea, aclaró que "no
juzgamos las intenciones, pero las percepciones, en la actualidad, tienen un
valor particular".
¿Pero qué origina la inquietud oficial? Al parecer, algunos dichos de los
asambleístas de Gualeguaychú. "Sin exagerar, ahora mismo hay más de mil personas
dispuestas a cruzar y a hacer lo que sea", dijo Miguel Campostrino, miembro de
la asamblea (El País, 25-XI-06) mientras otro comentó que "puede llegar a
aparecer un Bin Laden" que atente contra las instalaciones de Botnia. "Ha habido
expresiones que dan para preocuparnos", dijo el vicepresidente Rodolfo Nin el
miércoles 29. "No queremos crear elementos de inseguridad, pero es necesario
tomar precauciones, queremos garantizar el desarrollo de las inversiones en
Uruguay", apuntó. La alusión a un émulo del autor intelectual del atentado
contra las Torres Gemelas de Nueva York no parece ser suficiente para explicar
el movimiento militar en Uruguay, más teniendo en cuenta que se produce en un
contexto en el que cualquier medida es tomada, a uno y otro lado, con particular
sensibilidad en el marco de una escalada que se agrava con el paso de las
semanas.
Y es que esta decisión del gobierno oriental se suma a otras dos, igualmente
molestas para el argentino. La primera es la presentación de un pedido de
medidas cautelares ante la Corte Internacional de La Haya contra los cortes de
ruta en la frontera. La Corte ya fijó audiencias para el lunes 18 y el martes
19, y aquí se estima que el veredicto podrá conocerse en el correr del mes de
enero. Si se produjera un nuevo fallo favorable a Uruguay, la situación de la
diplomacia argentina podría verse seriamente comprometida y alterar la actitud
que el gobierno de Kirchner ha tenido hasta el momento ante los cortes de ruta.
El otro tema que alimenta la hoguera de las diferencias es la aprobación de un
decreto que impone un arancel a las importaciones de varios productos argentinos
elaborados en las zonas de promoción industrial de las provincias de La Rioja,
San Luis, San Juan o Catamarca, o por grupos económicos que tengan plantas en
dichas zonas. La medida podrá tomarse a instancias del Poder Ejecutivo, de
oficio o a pedido de productores domésticos.
Todos somos Botnia
La defensa de la inversión extranjera como una forma de dar empleo y mantener el desarrollo –argumento clave en el discurso del equipo económico uruguayo– es uno de los pilares de la reacción nacionalista que campea de este lado del río.
Ana Filippini, integrante de la organización ambientalista uruguaya Guayubira,
se queja de que ya no es posible brindar información crítica que aporte a un
profundo debate nacional sobre el monocultivo forestal. "Nuestra posición es la
misma de hace cinco años: que la información que se le está dando a la gente es
insuficiente y que debió haberse propiciado desde el gobierno un ámbito de
discusión para que la gente abra los ojos", dijo Filippini a BRECHA.
Asuntos como las consecuencias de los monocultivos o las denuncias de
incumplimientos laborales por las empresas del sector son, ahora, poco menos que
intratables. "Habría que ponerse a discutir qué tipo de país productivo
queremos. Nosotros, por lo pronto, perdimos toda posibilidad de comunicación
para plantear estos problemas, no hay espacio para nosotros en la televisión
desde que asumió este gobierno", se lamentó.
En cuanto al manejo de los términos del conflicto con Argentina, Filippini
estimó que "ha sido planteado como un partido de fútbol entre uruguayos y
argentinos, y no como la agresión que sufrimos los ciudadanos de parte de las
empresas que vienen a buscar agua gratis, tierra y mano de obra barata,
exoneraciones tributarias" y que se benefician por los "escasos controles
ambientales y la inversión estatal para la construcción de carreteras". En este
contexto, la integrante de Guayubira consideró que una medida que podría bajar
los decibeles de la discusión sería que el gobierno uruguayo dispusiera
habilitar un debate sobre los monocultivos forestales y suspendiera mientras
tanto su desarrollo. "Sería bien visto por quienes ya se sienten perjudicados en
Uruguay y también en Argentina", señaló. Sin embargo, "con la intransigencia de
la empresa de seguir adelante pase lo que pase parece difícil que esto se pueda
solucionar". Es que en medio del conflicto, los ambientalistas uruguayos estiman
que el panorama para ellos no puede más que empeorar. "El gobierno debería haber
cambiado el rumbo. Es increíble que la gente se haya olvidado que estos que hoy
se aplican eran los planes de los gobiernos de derecha anteriores. Habría que
privilegiar a los sectores postergados que tanto trabajaron para el cambio",
dijo.
En tanto, para el sociólogo Agustín Canzani hay un elemento sobre el que hasta
ahora no se ha trabajado, y es la situación que quedará en Gualeguaychú cuando
pase el conflicto entre los gobiernos. Si bien admitió que hoy es difícil pensar
en esa perspectiva dada la gravedad que adquirió el conflicto, estimó que ese
elemento debería preocupar el gobierno uruguayo a mediano plazo, ya que no
depende del acuerdo al que puedan llegar los gobiernos. La cuestión podría
abordarse buscando la forma de que los pobladores de la ribera argentina
tuvieran algún beneficio, y no sintieran que reciben únicamente agresiones o
perjuicios, como lo están percibiendo ahora, subrayó.
Respecto a la baja exposición pública de las posturas más críticas hacia la
actual estrategia forestal del gobierno, Canzani consideró comprensible que haya
un retraimiento en un momento en que toda marginación de una causa vista como
"nacional" es leída como una "traición". De todos modos, coincidió en la
necesidad de una mayor discusión sobre la política forestal y la cuestión
ambiental, evitando, precisó, una falsa oposición entre defensa del entorno
ecológico y generación de empleo.
En este último aspecto fue que puso énfasis el pit-cnt al aprobar la semana
pasada una declaración contra los cortes de ruta y convocando a una
"movilización nacional en defensa de la soberanía y los puestos de trabajo". El
secretario de organización de la central, Marcelo Abdala, dijo a BRECHA que al
discutir el asunto el secretariado ejecutivo tuvo en consideración el daño que
causa la situación actual a la perspectiva de integración latinoamericana y el
impacto de los cortes, que terminan pagando los trabajadores. "De ninguna manera
esto es alinearse con los intereses de Botnia, esto está dicho expresamente en
la declaración, donde también hay una crítica al manejo de la contratación de
personal que ha hecho la empresa", explicó el sindicalista. Y subrayó que si
bien los planteos gremiales "son independientes" del gobierno, "en determinadas
situaciones convergen".
En ese sentido recordó la disposición de la central a trabajar con sus pares de
Argentina y de otros países de la región para aportar a una solución del
conflicto. Sostuvo que "está cerca" una reunión con centrales sindicales
argentinas, aunque su concreción "no depende de nosotros".
Consultado sobre la custodia militar que dispuso el gobierno al predio de
Botnia, opinó que "la situación es muy preocupante, peligrosa, y hay que moverse
con responsabilidad" y recordó que "no todas las razones de Estado se difunden",
por lo cual carece de elementos de juicio suficientes. De todos modos, dijo que
estos hechos no inhibirán al pit-cnt de "desarrollar las críticas fundadas que
nosotros tengamos, como el hecho de que el gobierno haya enviado al ministro de
Economía y al secretario de la Presidencia a gestionar un préstamo al Banco
Mundial y no se muevan acá para pedir firmemente a la empresa las contrapartes
del trabajo nacional
