Diciembre de 2006
Por Gabriela Pousa (*)
Cerrar un año debería provoca más que balances y saldos, al menos, una sutil
esperanza. Pero en la Argentina la diferencia entre esperanzas, fantasías y
utopías son tristemente mínimas. Las compras navideñas podrían reflejarse como
un país "pujante". Pero quedarse en vidrieras y microclimas que cercan un
espacio minúsculo cuando nuestra geografía es "ancha y ajena" sería injusto.
Cómo lo es, posiblemente, evaluar únicamente lo que se ha hecho mal cuando es
grave lo que no se ha hecho. Claro que, para ambas alternativas hay vasto
material. Desde la asunción de Néstor Kirchner se ha manifestado una progresiva
decadencia institucional, aunque haya causas que remontan a varios años la
desidia de la dirigencia política. En este marco, la deuda del Gobierno al
finalizar el año es grande.
Durante el 2006, la Corte Suprema de Justicia ha sido nuevamente un
instrumento de poder manejado arbitrariamente por el Ejecutivo. Fin de año y la
Corte sigue sin expedirse en los asuntos más esenciales como la
constitucionalidad de la confiscación de ahorros, los indultos a ex militares o
el caso de Luis Patti a quién se impidió acceder a una banca democráticamente
ganada. En este ámbito es factible señalar como acierto el inicial decreto de
auto-limitación (decreto 222) pero este avance retrocede al no corresponderse
con la posterior reforma del Consejo de la Magistratura, por ejemplo y a que
éste actúe como una inquisición. Un fallo que no guste termina en destitución.
¿Cuál es la libertad de los jueces hoy?
La reducción de miembros, leída como acierto, no garantiza, sin embargo, una
Justicia independiente de la política. No se ha avanzado en un aspecto
fundamental como lo es la reducción de la carga de expedientes que llegan a los
jueces. El Legislativo no encara el tema ni explica los motivos de su apatía.
Téngase en cuenta que mientras la Corte de los Estados Unidos, en los últimos
diez años, trató 800 expedientes, la Corte Argentina, en el mismo período, trató
unos 250 mil. A su vez, la Justicia ha quedado cercada en su independencia, al
sancionarse la reforma al Consejo de la Magistratura. Nuevamente el poder
político logró entrometerse en el Judicial al conseguir el dominio del
mencionado Consejo (dos tercios), una mayoría necesaria para la remoción o
designación de jueces.
Con el Poder Legislativo la historia no cambió demasiado. La mayoría que
logró el Gobierno ha permitido sancionar leyes rayanas en la antítesis del
sistema democrático. ¿Qué fue sino la ley de los superpoderes otorgada al Jefe
de Gabinete o la ley que reglamenta el control parlamentario de los decretos de
necesidad y urgencia?
Estas sanciones, que apenas pudo sentir los ecos de la oposición en el Congreso,
permite al Gobierno reasignar partidas sin ningún tipo de control y aprobar DNU
a libro cerrado. Así fue como recientemente se amplió en 42 millones de pesos el
presupuesto para dos empresas estatales como Yacimientos Carboníferos Río Turbio
y a Líneas Aéreas del estado (LADE)
Asimismo, se redujo el presupuesto para la política de seguridad,
paradójicamente cuando ésta es una de las variables más sensibles en el reclamo
social. Para que el Ministerio de Planificación Federal sume 366,2 millones de
pesos se utilizaron partidas de la Policía Federal (aportó ocho millones de
pesos) y unos dos millones provenientes de la Gendarmería Nacional. A estas
arbitrariedades se suman la modificación presupuestaria que el gobierno dispuso
a fin de subsidiar el gasoil de empresas de transporte público reduciendo los
fondos destinados a construcción de cárceles del Servicio Penitenciario.
Finalmente, para cerrar el año y legislar el Presupuesto 2007, desde la Jefatura
de Gabinete se facultó a que el Ministerio de Planificación reciba siete veces
más fondos que lo establecido originariamente para asistir a provincias y
municipios en obras públicas y elevar las pensiones no contributivas que reparte
el Ministerio de Desarrollo Social. En total, se terminaron reasignando unos 850
millones de pesos. Cabe advertir que además, el estimado del 4% de crecimiento y
7,7% de inflación previstos en el último presupuesto están subestimados a fin de
poder disponer los recursos excedentes sin control.
El Poder legislativo, sin injerencia en el manejo de fondos y habiendo
reglamentado los decretos de necesidad y urgencia como pidiera el Gobierno quedó
prácticamente paralizado al tiempo que la calidad institucional y el sistema
democrático quedaron al borde mismo del colapso, máxime en un país donde el
poder está tan ligado a los favores del clientelismo. Los proyectos enviados por
el Ejecutivo no recibieron siquiera modificaciones significativas en sus
enunciados cuando estuvieron en el recinto. No se buscó en ningún momento
consenso sino tan sólo sancionar por mayoría, limitando el diálogo y
menoscabando otras voces. Este manejo del Parlamento hace que el Presidente
detente un poder real mayor al de otros presidentes
democráticos.
En lo institucional, la acción y la inacción en muchos aspectos del Poder
Ejecutivo son determinantes. También lo es el balance que ofrezcan las
estructuras partidarias aledañas. Sin embargo, la crisis de los partidos
políticos tradicionales (como el PJ o la UCR) no permiten que se arme de una
buena vez, una oposición estructurada como se necesita. Posiblemente el
Presidente no haya sumado demasiado en el armado de su "transversalidad" pero la
falta de cohesión en esas estructuras partidarias o en las filas de la oposición
necesarias para la articulación democrática le está siendo 100% funcional. Hoy
por hoy, los candidatos del Ejecutivo podrían ser tranquilamente los candidatos
del menemismo o del duhaldismo (basta observar el caso Scioli). Posiblemente por
ello es que también se ha acallado en la diatriba oficial la mención de la
"nueva política" con que el Jefe de Estado inaugurara su era.
Lo cierto es que el año se cierra sin un balance positivo en cuanto a mejoras en
la calidad institucional del país y con grandes interrogantes respecto a lo que
vendrá en lo sucesivo. Si las pautas publicitarias doblegan a la prensa y los
periodistas que opinan diferente tienen que callar (como le sucediera a Pepe
Elieaschev) o una columna dominical despierta la ira en el atril presidencial.
el 2007 se complica. La creciente acumulación del poder amparado,
principalmente, en unos $ 5620 millones (presupuesto aprobado) sin ningún tipo
de control sobre su destino complica el escenario.
Dicho presupuesto 2007 no cumple con la ley de responsabilidad fiscal dictada en
agosto de 2004, según la cual debe dar a aquellos el mismo régimen de
contabilidad que al resto de los gastos del Estado. De ese modo, el año que
viene, estos fondos seguirán sin ningún tipo de control ni de contabilidad. Que
el Gobierno no cumpla con la ley ya es grave pero también lo es el hecho de que
se aprueban gastos por un máximo histórico de $ 5947 millones (4,9% del total de
gastos de la Administración Nacional) Los fondos fiduciarios aumentarán un
42,34% en el 2007.
Lo que menosprecia, a su vez, la institucionalidad del país es la actitud misma
de un Gobierno que pone énfasis en asuntos netamente coyunturales sin apuntar a
reformas capaces de sortear un futuro ligero de obstáculos. No son datos para
vanagloriarse la desaparición de Julio Jorge López, la vergüenza de Misiones,
las patotas del Hospital Francés, la anarquía que vive la Universidad de Buenos
Aires aún cuando se haya designado al rector.
Tampoco es para olvidar teniendo en cuenta un año electoral las maniobras nunca
esclarecidas que permitieron conocer los datos de agentes de inteligencia (caso
Juan José Álvarez) sin que se contemple la violación a la ley de Inteligencia
nacional.
El Gobierno termina el 2006 tratando de minimizar los efectos de los cortes de
luz que nunca se habrían de producir y que, según algunos funcionarios, son sólo
un "espejismo" de los diarios. Nuevamente se apunta a la prensa como factor
"desestabilizador" cuando en rigor de verdad, y en este aspecto, la prensa sólo
pone en letras (y no en muchas ocasiones con la adecuada
vehemencia) lo que aflora en escena, es decir: la realidad. Las afrentas del
Presidente a los periodistas que marcaron disidencias han sido constantes
durante todo el 2006, de hecho ha habido discursos enteros por parte del Primer
Mandatario dedicados a columnistas con nombre y apellido. La cerrazón del
Gobierno al diálogo no aporta demasiado.
El Gobierno termina el 2006 concentrado en candidaturas, estadísticas y datos
que nada tienen que ver con las expectativas de la gente. La imagen de los
políticos sean funcionarios, ministros o simples aspirantes a cargos no es de
incumbencia social, no hacen a la democracia, tampoco a la calidad
institucional. Si acaso, alguno de éstos se alejara de las fauces de la res
pública gracias a una apreciación regular o negativa la cosa, quizás, sería
distinta pero observando la permanencia de las mismas caras en la arenga
política está visto que la opinión popular no tiene injerencia o tal vez sea tan
efímera como lo es la coyuntura argentina.
Las políticas públicas siguen siendo una asignatura pendiente para el Gobierno.
Detenerse a gestionar en materia de salud y de educación más allá de lanzar
campañas que no aportan nada. No se trata de prohibir fumar ni de anunciar
vacunas contra el cáncer de útero que un argentino medio no puede solventar. En
materia de educación la nueva ley que prevé un secundario obligatorio debe estar
acompañada por una política social que permita a los adolescentes estudiar.
Posiblemente, la desarticulación de la oposición favoreció a este clima adverso
a la calidad institucional. Asimismo, la irrupción de Monseñor Joaquín Piña en
Misiones, del rabino Bergman, y hasta de Daniel Scioli candidato oficial en la
provincia marcan el fracaso de los hombres venidos desde la política en la
Argentina. En este aspecto, el 2007 tendría que ser un año clave para unificar
criterios, objetivos y afanes a fin de lograr un equilibrio posible, otra de las
deudas que deja en este 2006 la dirigencia.
En cuanto a la relación del Gobierno con otros factores de poder importantes a
la hora de establecer la calidad institucional tampoco hay novedades positivas.
Desde el sindicalismo hasta la Iglesia, pasando por las Fuerzas Armadas y
algunas ONG han tenido altos picos de conflictividad durante el año con el
Gobierno. El diálogo no se abre. Los funcionarios no escuchan ni responden los
reclamos sino es con libreto prefijado de ante mano por el Jefe de Estado. Hay
un poder Ejecutivo unipersonal chequeando hasta los saludos navideños que se han
mandado.
Sin interacción, sin pluralidad de opiniones, sin libertad no es fácil hablar de
crecimiento, menos aún de democracia. En este sentido, cabe advertir finalmente
que los eufemismos mandan: el Gobierno nos dice "La casa está en orden. Felices
Fiestas". Que haya o no salida al balcón es mera anécdota.
Mi deseo es, quizás más "egoísta" y ambicioso:
¡Que el 2007 llegue para todos los argentinos con paz y conciencia!
(*) Analista Política. Lic. en Comunicación Social (Universidad del
Salvador)
Master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE)
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