MEMORIAS DE UN CONDE RUSO O APUNTES SOBRE EL “TERROR LEGAL”(cont)

 

Marzo de 2007

Por Luis María Bandieri


Con las memorias de Witte, testigo del surgimiento del primer terrorismo y de los primeros métodos clandestinos para combatirlo, aprendemos, en primer lugar, que el terrorismo y el Terror legal subrepticio, hijos ambos de la modernidad revolucionaria, se producen, reproducen y realimentan mutua y fatalmente, formando una pareja inextricable de amor-odio, para describir cuya relación lo más aproximado es la hermandad siamesa. Podría concluirse, después de su lectura, que toda resistencia al mal con el mal está destinada a fracasar siempre, como fracasaron en la etapa política rusa previa a la Revolución de 1917. Sin embargo, nuestra propia experiencia, después de doblar el cabo del siglo XX, nos indica que el problema del terrorismo/contraterrorismo se nos vuelve insoluble en cuanto acudimos, para encuadrarlo, al juicio moral a partir del par de opuestos bueno/malo. Como bien decía Carl Schmitt, cuando la política se construye sobre juicios de valor hay que preguntarse: ¿quién es el que establece los valores? Como la categoría de lo político se edifica a partir del conflicto, de la dicotomía amigo/enemigo, la afirmación de un valor implica automáticamente la afirmación de un antivalor en otro, el enemigo, que no tiene en absoluto ningún derecho frente al monopolizador de lo valioso. El valor debe destruir al sinvalor y la apuesta del poder es por apropiarse del valor supremo, a partir del cual se demarca quién está dentro del derecho, que afirma lo valioso, y quién está fuera del derecho, el sinvalor, que debe sufrir todo el peso de la ley. En lo que aquí se trata, es obvio que el Terror legal puede entenderse como “bueno” en tanto salva el orden de una organización política e impide su desintegración, y el terrorismo puede percibirse como “bueno” en tanto el fin perseguido (resistencia a un régimen de gobierno opresivo, guerra de independencia, liberación de un territorio de la ocupación extranjera) puede considerarse legítimo y hasta deseable. Los valiosos militares del deber que combaten al “delincuente subversivo” pueden convertirse, al volverse la tortilla del poder, en “represores genocidas” sin valor y sin derechos, incluso para quienes imparten justicia y revistaban en el escalafón antes y después del trastorno de valores. La categorización del terrorismo, pues, debe realizarse dentro del campo de la político, aunque ello no nos prive del juicio correspondiente en otras esferas en el plural despliegue de la actividad humana. La política es aquí primera en el orden de la consideración –politique d’abord, como decía Charles Maurras-, lo que no quiere decir que sea lo más importante. Desde ese punto de vista, el acto terrorista y el acto contraterrorista resultan, en ambos casos, actos políticos que persiguen un objetivo político, y la estimación primera que debe realizarse es cuánto se han acercado a ese objetivo. En general, el terrorista persigue destruir, debilitar o poner en cuestión un orden existente, más poderoso, y el contraterrorista mantener ese orden frente a un enemigo ubicuo al que no se le reconoce entidad política, pero con el cual resulta cada vez más difícil confrontar . Aquí resulta imprescindible acudir a Raymond Aron: acto terrorista es aquél cuyas consecuencias psicológicas son más importantes que las físicas. El acto contraterrorista puede definirse de la misma manera, con la desventaja que la necesidad del secreto y la disimulación hace que prevalezcan las consecuencias físicas sobre las psicológicas. Esa desventaja se traduce en victorias a corto plazo que se convierten en derrotas a medio y largo plazo, cuando la cuestión política es colocada otra vez, intencionalmente, sobre el quicio moral, por quien tiene poder para ello, y se aborrece del Terror legal aun por aquellos que antes lo aplaudían, apoyaban o consentían. El terrorista, por lo dicho, requiere la publicidad y airea la autoría; el contraterrorista, por el contrario, rehuye la luz y prefiere la clandestinidad. La gran ventaja psicológica del terrorista sobre el contraterrorista, que compensa otras asimetrías del enfrentamiento, es que el terrorista actúa según la lógica de la sociedad de la comunicación y el espectáculo, mientras el contraterrorista rema a contracorriente de aquélla. Alguien dijo que el terrorismo moderno, aquél a cuyo nacimiento asistió nuestro conde Witte, es “la creación conjunta de Alfred Nobel y de Fleet Street”. Es decir, de la dinamita y del periodismo (por la calle donde se asientan tradicionalmente los grandes diarios londinenses). El periodismo (ayer el escrito, hoy el televisivo) es el que escribe el gran guión del terrorismo. El relato de los testigos, el dolor de las víctimas, la imagen del estrago y su repetición hasta convertirlo en dato casi trivial (como ocurre con la caída de las torres del World Trade Center en Nueva York). Todo acto terrorista –se ha dicho- resulta una coproducción entre los ejecutores y los media. Y esto no es monopolio de nuestra era audiovisual. Cuando aún predominaba la “galaxia Gutenberg”, fue el periodismo escrito el que amplificó los atentados nihilistas, sirviéndose del morbo de la sangre para atraer al lector a un folletín del crimen político de que disputaba la primacía a Sherlock Holmes y Arsenio Lupin. De los anarquistas a los yihadistas, el escenario poco ha variado: tan sólo el soporte de las comunicaciones de los terroristas (del papel al sitio de Internet y al vídeo) y la tecnología de los media. El Terror legal, en cambio, soporta difícilmente el escrutinio de los medios de comunicación, carece de héroes romanceables en sus operaciones encubiertas y hasta resulta denostado por las mismas víctimas del terrorismo y sus familiares, que terminan jaqueando a los propios gobiernos por lo que suponen su inacción, su indiferencia o hasta su complicidad con el flagelo. Otras veces, como ha ocurrido entre nosotros, el relato mediático y su videología rudimentaria terminan concentrándose en un solo grupo que puede ostentar la calidad de víctima, esto es, los propios terroristas sometidos a persecución y exterminio por el Terror legal, y sus familiares y allegados. Los otros, los que sufrieron el terrorismo, no alcanzan el status de víctimas y no gozan de sus privilegios. Porque el punto de la disputa es declararse víctima o engrosar el lobby de la víctima. Victimizarse tiene indudables ventajas: la culpa se le transmite íntegramente al victimario y la víctima se rehace de modo automático una virginidad, que le permite tomar desquite a su turno con la conciencia tranquila. La víctima no está sujeta a deberes y, como tal, penetra en una zona de impunidad en donde todas sus réplicas quedan justificadas. Hágase víctima, y todo le estará permitido. El punto débil del Terror legal es la dificultad para situarse como víctima.

La tensión dialéctica entre estos dos hermanos siameses, el Terror legal y el terrorismo, que el buen conde progresista advirtió en sus inicios y donde él mismo terminó ensuciándose las manos, no resulta un choque fortuito. La posmodernidad está sometida a él, porque la “guerra al terrorismo”, que hoy atraviesa el planeta, es simple expresión de aquélla. Con altibajos temporales y diferentes localizaciones, permanece y dura desde los tiempos de Witte, los nihilistas y la ”Santa Hermandad” hasta el presente. La diferencia es que hoy aquella tensión es a escala mundial y que, como dice Paul Virilio, se trata de una “guerra sin fin”, en el doble sentido de este último término. Esto es, resulta una guerra sin término y sin finalidad precisa, que se libra aquí y ahora y en la que estamos, volens nolens, envueltos. Tampoco se disputa contra una hegemonía precisa –“el imperialismo norteamericano y sus aliados”- sino contra cualquier aspiración a una hegemonía planetaria. Anota Baudrillard que si el Islam dominase al mundo, habría un terrorismo sublevado en su contra. Y, añadamos, un Terror global subrepticio pretendiendo sostenerlo.

La ideología judicial de nuestros tribunales federales, que separa arbitrariamente el juzgamiento de la violencia terrorista del juzgamiento de la violencia del Terror legal, a la que le aplica unilateralmente todas las agravantes mientras no reconoce la existencia de la primera, resulta errónea. En otra ocasión –“Juicio al juicio absoluto”- me he referido a la endeblez de los fundamentos iusfilosóficos de esta ideología judicial, en la que, siguiendo la el dedo orientador del poder, se han encolumnado casi todos los tribunales, como los carneros de Panurgo. De lo anterior surge que aquélla desconoce también el encuadre histórico y político en que ambas violencias han venido hermanadas desde las revoluciones fundamentales de la modernidad. Y ese hermanamiento es en lo peor. El Terror legal, cuando decide combatir a su gemelo fuera de toda regla no supera la forma mentis del terrorismo. Resulta, simplemente, antagónico del otro. No lo contrario del terrorismo sino un terrorismo contrario. Se perpetúa así el karma de la mutua destrucción, ahora alegremente ante los tribunales, jueces de mente rebañega y sentencias armadas a fuerza de cortar y pegar, aplaudidos por el lobby de las únicas víctimas con status de tales (Madres, Abuelas, HIJOS), que han trasladado a designio la cuestión al plano moral y monopolizan la conciencia ética de la sociedad.

Hay que volver al plano propiamente político la cuestión del terrorismo/contraterrorismo del pasado, para no resultar sorprendidos a contrapié por la cuestión del terrorismo/contraterrorismo del presente. En el plano político, el recurso a echar mano, una vez que los juzgamientos en paridad de condiciones de terroristas y contraterroristas han perdido oportunidad y sazón, es y ha sido desde miles de años atrás la fuerza del olvido: la amnistía. Ella ha sido demonizada desde el poder y cancelada por los tribunales mediante una torsión argumental donde han debido incluso dar una vuelta de campana a sus anteriores criterios algunos notorios magistrados –como en la resolución de la Corte Suprema en el caso “Simón” (10). A partir de la amnistía, será posible reconstruir la concordia política y desterrar la continuación de la guerra civil revolucionaria de los 70 por medio de la agencia judicial, que presenciamos. Ello permitiría enfrentar los gravísimos retos de las guerras del siglo XXI sin el lastre de los enfrentamientos pasados y prevenir las nuevas formas de terrorismo y de Terror legal subrepticio fuera del círculo vicioso de las venganzas circulares y recíprocas a que conduce la actual ideología judicial. Aquel lejano conde ruso viene a dejar un recadito en la oreja de la progresía vernácula. Sería bueno que lo tuvieran en cuenta.
 

 

(10)En este caso, y en el anterior “Arancibia Clavell”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por el dr. Enrique Petracchi, con la única disidencia del dr. Carlos Fayt, consideró que la costumbre internacional y el imperio de los tratados internacionales –jus cogens- estaban por encima de derechos y garantías fundamentales establecidas por la Constitución e, incluso, por algunos tratados, como el principio de legalidad –nullum crimen, nulla poena sine previa lege-, de irretroactividad e la ley penal y de aplicación de la ley más benigna. Declaró nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas por el Congreso en 1986 y 1987, respectivamente. En 1987, la Corte Suprema, había establecido que la primera era constitucional, porque se trataba de una amnistía, cuestión de competencia del Congreso de la Nación, que no violaba derechos individuales básicos ni resultaba irrazonable para el fin perseguido. El dr. Petracchi votó en esa ocasión en el sentido de que se traba de una amnistía autorizada por la Constitución Nacional, pese a las críticas que a la ley podían formularse. Aquellas leyes habían sido primero derogadas por el Congreso Nacional en 1998 y, más tardes, declaradas nulas por el mismo Comgreso (ley 25.779) en un claro desconocimiento del principio de separación de poderes o funciones del Estado, ya que el único poder autorizado para nulificar una ley es el poder judicial. En un increíble tour de force, la Corte sostuvo en el citado pronunciamiento “Simón” que sólo la agencia judicial puede declarar nula una ley por oponerse a la Constitución, pero pese a ello aceptó la validez de la ley 25.779 como derivación de la costumbre y los tratados internacionales.


 

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