Cuando el gobierno tomó la decisión de incrementar la liquidez para atender sus necesidades políticas, la ocurrencia de establecer retenciones a la exportación de soja se sustentó en un libro de cierta data elaborado por el actual Ministro de Economía Martín Lousteau, titulado "Sin Atajos". Allí, el joven Lousteau sostenía que en el caso extremo de aplicar retenciones éstas nunca debían superar el 8 por ciento de los valores pertinentes. De allí a elevarlos más allá del 45 por ciento móvil había un solo paso: tomar la decisión burocrática de implementar la correspondiente medida sin consultar previamente al sector que sería afectado.
Lousteau acató la orden pese a que contravenía sus propias ideas. En realidad, nunca es consultado en los temas trascendentes y acepta que el verdadero conductor de la economía del país sea el ex presidente Néstor Kirchner quien opera con un grupo reducido de colaboradores ideologizados que son los mismos que figuran en el entorno presidencial de Cristina. Como trasfondo de la decisión de aplicar retenciones, existe la finalidad de impedir que el campo pueda ejercer el rol protagónico que le corresponde, ya bastante afectado por la presión fiscal general y al aumento de los costos por la inflación de los insumos necesarios para producir.
En consecuencia y sin medir las derivaciones que provocaría la iniciativa - daban por descontado que no se instrumentarían resistencias políticas - éstas fueron anunciadas provocando la verdadera conmoción que se ha convertido en una de las crisis políticas más profunda que haya conocido la República.
Esto es así por el desconocimiento que demostraron los autores de los alcances del proyecto ordenado por el Poder Ejecutivo, lo que no podía ser de otra manera dada la extrema juventud y por ende, falta de conocimientos y experiencia de los funcionarios elegidos. Se trata del secretario de Política económica Gastón Rossi y del jefe de asesores del Ministro, Rodolfo Pena. El primero tiene escasos 30 años de edad y el segundo 28. Ambos fueron formados en la UBA y también pasaron por la Universidad Di Tella y posteriormente por la Universidad San Martín, en su momento se relacionaron con el economista Javier González Fraga. Para concluir con su conflictivo trabajo, contaron con la colaboración de una joven secretaria que estaba a cargo de la agenda ministerial y actuó como coordinadora del equipo que finalmente entregó a Kirchner el proyecto quien comenzó a ensamblarlo con otra serie de medidas que aún no fueron implementadas. Este es otro de los aspectos de la posición irreductible adoptada por el gobierno, aunque también prima un falso concepto de la autoridad al no aceptar el debate ni el disenso.