Raúl Moneta, el ex banquero-emblema de los negocios y las privatizaciones menemistas, vuelve a estar cerca del poder. A través de su empresa Raiser S.A. participa en millonarios emprendimientos energéticos en sociedad con la estatal Enarsa; se expande en la producción y comercialización de soja y biodiésel y acaba de desembarcar en Santa Cruz, la provincia del matrimonio presidencial. Será socio del gobierno sureño en una planta de fertilizantes.

 

Ya es pasado remoto aquel episodio ocurrido en 2003, durante el acto de inicio de la restauración de la Basílica de Luján, cuando Raúl Moneta y su socio, Daniel Hadad, intentaron fotografiarse con el recién asumido Néstor Kirchner.

Un intento vano porque se los impidieron Miguel Núñez y Daniel Muñoz, vocero y secretario privado, respectivamente, del Presidente. Moneta estaba todavía marcado por sus seis meses como prófugo de la Justicia en las causas que investigaban la denuncia de vaciamiento de sus bancos República y Mendoza.

También estaba fresca la acusación de lavado de dinero del Senado de Estados Unidos. En recordadas audiencias, el Citibank confesó su culpa por el ocultamiento de las operaciones del Federal Bank, el banco off shore radicado en Bahamas (por el que circularon 4.600 millones de dólares en la década menemista), cuya titularidad Moneta sigue negando aún hoy.

 

Reapareció en el mundo de los negocios con la compra del paquete accionario del Canal 9. El Comfer, ya en manos kirchneristas, nunca objetó la operación, pese que Moneta estaba imputado por la comisión de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta e infracciones a la ley penal tributaria.

El artículo 45 de la Ley Nacional de Radiodifusión establece que los titulares de un medio deben “tener calidad moral acreditada por una trayectoria que pueda ser objetivamente comprobada” (inc. b), “poder demostrar el origen de los fondos” (inc. c), “no estar incapacitado o inhabilitado civil ni penalmente para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado o estar sometido a proceso por delito doloso, ni ser deudor moroso de obligaciones fiscales o previsionales” (inc. d).

 

A la salida de esa experiencia, Moneta constituyó una empresa para intervenir en el mercado energético. Es un secreto a voces que su gran consejero fue José Luis Manzano, ex ministro de Menem, empresario multimedios y también dedicado a la explotación petrolera. La empresa se llama Raiser y tiene su sede en las oficinas de Moneta en el edificio República. El vicepresidente es Osvaldo Sala, que fue director de Enargas y senador nacional, ahora investigado por el juez Rafecas en la causa por el pago de coimas para aprobar la ley de reforma laboral. Entre los asesores de Raiser se destaca Alberto Kohan, ex secretario general de la Presidencia.

 

Rápidamente, Raiser forjó sociedad con la firma estatal Energía Argentina (Enarsa), creada por el presidente Kirchner a fines de 2004. En septiembre de 2006, la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada 50 y 50% entre Raiser y Enarsa, obtuvo la adjudicación del área Medanitos Sur para la exploración de petróleo y gas en La Pampa, gobernada entonces por el kirchnerista Carlos Verna. El convenio para la formación de la UTE fue firmado por Ezequiel Espinoza, el titular de Enarsa que alquiló el avión que transportó la valija con los 800 mil dólares que, según Antonini Wilson, tenía como destino la campaña electoral de Cristina Kirchner.
El anuncio de la adjudicación a Raiser-Enarsa fue oficializado en un acto presidido por Néstor Kirchner en la Casa Rosada.

 

La provincia de La Pampa también le concedió a la UTE Raiser-Enarsa la exploración de las áreas petroleras Gobernador Ayala y Salina Grande. Por otra parte, Raiser, asociada con Enarsa y REFSA (empresa petrolera de la provincia de Formosa), ganó la concesión del área petrolera Selva María, que le otorgó el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán. Pero además Raiser, en tándem con Hidenesa (empresa petrolera de la provincia del Neuquén), obtuvo la explotación de la rica área gasífera Loma Ranqueles.

 

En mayo de 2007, Raiser realizó una oferta conjunta con Enarsa para comprar el 5% de las acciones de Repsol-YPF ofreciendo pagar 1.000 millones de dólares, antes de que comprara la familia Ezkenazi. En aquel momento la prensa española señalaba: …“aunque el grupo Raiser y sus socios son de tamaño medio, ofrece lo más importante para Repsol: buenas relaciones con el Gobierno para agilizar el desarrollo de sus inversiones. De hecho, Raiser es socio de la compañía logística y energética del Gobierno”.

 

La cartera de Raiser es variada: ofrece servicios de consultoría energética; tiene explotaciones madereras y minas en San Juan; comercializa combustibles, fertilizantes y granos, en plantas radicadas en Bahía Blanca, Ramallo, Formosa y en las localidades santafesinas de Puerto San Martín y Timbúes. Es precisamente en Timbúes, asociada con Enarsa y con Green Fuel Corporación –un grupo de empresas españolas cuyo principal accionista es Endesa, que posee el 25%–, donde están desarrollando un megacomplejo para la fabricación de aceites, fertilizantes, la molienda de soja y la producción de biodiésel.

La planta de trituración tiene una capacidad instalada de 12 mil toneladas diarias, lo que la convierte en la más grande del país y una de las más importantes del mundo. En la aceitera prevén procesar mas de 3.000.000 de toneladas de soja por año (alrededor del 7% de la producción nacional). Dicha fábrica supone una inversión de 150 millones de dólares, y contigua a la aceitera están montando una planta de biodiéesel, con una inversión estimada en 190 millones de dólares.

 

Para el año 2010, justo cuando empiece a trabajar la planta, comenzará a regir la Ley de Biocombustibles, que obliga a mezclar como mínimo un 5% de biodiésel a los combustibles tradicionales. Esa ley, que lleva el número 26.093, prioriza en su artículo 14 la asociación del Estado con pymes y pequeños productores agropecuarios.

 

Cerrando el círculo, los nuevos negocios de Moneta en la comercialización de granos, Raiser también se asoció con la Terminal del Puerto de Rosario (TPR) para conformar juntas el emprendimiento Terminal Graneles Rosario (TGR), que tiene a su cargo la operación del puerto donde se comercializa la mayor parte de la producción cerealera del país. TPR está controlada por Manzano-Vila y tiene firmado un acuerdo con el empresario ultra K Cristóbal López –campos, petróleo, máquinas tragamonedas, casinos y recolección de basura– para construir una planta de biodiésel.

 

La más reciente escala de Moneta es Santa Cruz, el territorio K por excelencia. Hace pocos días se anunció que Raiser firmó una carta de intención para construir una planta de fertilizantes de origen orgánico (urea), en la zona del puerto de Punta Quilla, en sociedad con el gobierno provincial. La compañía estatal Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (Fomicruz) proveerá el predio en las adyacencias del puerto y la energía, para la obtención de un millón de toneladas de urea por año. Raiser tiene otra planta de fertilizantes en el puerto de Quequén, adyacente a la ciudad de Necochea. Organizaciones no gubernamentales ambientalistas formularon denuncias por presunta contaminación.

 

Biodiésel: el alerta de las organizaciones ecológicas

Los prósperos negocios de Raúl Moneta en los tiempos K remiten periódicamente a la asociación con el Estado para la producción de biodiésel, un combustible sintético sobre el que tienen puesta la mira organizaciones ambientalistas como Greenpeace. Desde allí hay alertas sobre el grave daño ecológico que podría producirse si no hay una legislación que limite y proteja. La presencia estatal está en el centro del cuestionamiento: “Enarsa debería retirarse de todo proyecto en la materia, hasta tanto el Congreso Nacional resuelva. Debemos terminar con el doble discurso de gobernadores y funcionarios nacionales que se lamentan por el desastre que está ocurriendo mientras al mismo tiempo incentivan inversiones destructivas”, declaró Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace.

 

El biodiésel se obtiene a partir de aceites vegetales o grasas animales, y sirve como sustituto del gasoil derivado del petróleo para la impulsión de motores convencionales. Es el único combustible alternativo que puede utilizarse directamente en cualquier motor diésel sin requerir ningún tipo de modificación.

Por tener propiedades similares al diésel de petróleo se pueden mezclar sin problemas, en cualquier proporción. Los países desarrollados fomentan esta nueva fuente de energía preocupados por la escasez y el encarecimiento del oro negro.

 

Pero esa ambición del Primer Mundo tendrá un impacto ambiental previsible en los países del Tercer Mundo, porque provoca una expansión de la frontera agrícola-ganadera y las tierras necesarias se obtienen destruyendo bosques.

 

El segundo cuestionamiento es que si se utilizan los cultivos (maíz, soja, girasol, caña de azúcar, entre otros) para la generación de energía se reduce la oferta de alimentos al mundo en medio de la mayor crisis alimentaria que registra la historia.

 

De enero a agosto de este año, las exportaciones de biodiésel de la Argentina sumaron unos 470 millones de dólares, frente a los 19 millones de dólares registrados el año anterior. A fines de este año, el país producirá un 10% del biodiésel planetario, será el tercer productor a nivel mundial, con ventas estimadas en 1.500 millones de dólares, según un informe elaborado por la Cámara Argentina de Energías Renovables.

 

En el Foro Global de Bioenergía realizado en la ciudad de Rosario, Greenpeace estimó que se están construyendo y se construirán en los próximos dos años plantas de exportación de biodiésel por una capacidad de alrededor de 3,5 millones de toneladas anuales de ese combustible, lo que requiere aproximadamente el 50% de la producción de soja de la actual superficie sembrada. Para la organización ambientalista esto empuja a la búsqueda de nuevas áreas de cultivo y eso se traduce en más desmontes.

 

“La situación de los bosques en la Argentina es alarmante”, señala Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.

Los últimos datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación revelan que nuestro país se encuentra en una verdadera emergencia forestal. Entre 1998 y 2002 desaparecieron 781.930 hectáreas, pero en los últimos cuatro años el proceso se acentuó y los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas.

 

La reglamentación de la comunidad económica europea estipula un corte de los combustibles fósiles con un 5,5% de biocombustibles para 2010 y del 17% para 2020. “La meta que se propuso Europa tiene una particular importancia para nuestra región ya que estos objetivos exceden por mucho la capacidad de producción de aquéllos, lo que hace que países como la Argentina se conviertan en proveedores de biodiésel dentro del mercado internacional”, señala Greenpeace.

 

El 25% de las exportaciones de biodiésel tuvieron como destino el bloque comunitario europeo y el principal comprador es Alemania. Según Greenpeace de Alemania, cada punto adicional en el corte de biodiésel en ese país significa más de 700 mil hectáreas de plantaciones de soja extra por año. Si se quiere llegar al corte del 17%, Alemania necesitaría importar cerca de 4.900 millones de litros de biodiésel de soja, lo que significa más de 10 millones de hectáreas de ese cultivo, una superficie similar a la provincia de Santa Fe.

 

La perla negra: una en concurso

Mientras los emprendimientos de Moneta florecen en el rubro energético, los fertilizantes y el biodiésel, otra de sus empresas se presentó en concurso preventivo. Se trata de la firma Corporación de los Andes S.A.., con un pasivo de $60 millones.

La historia de Corporación de los Andes S.A. se escribió así: Moneta está casado con una mendocina, Claudia Arroyo Benegas, cuya familia tenía una importante explotación agropecuaria ubicada en el distrito de Eugenio Bustos, en el departamento de San Carlos de la provincia de Mendoza. Dicha finca, denominada La Celia, fue incorporada al patrimonio de La Celia S.A.
Los Arroyo Benegas también formaban parte de una sociedad (Arroyo Benegas y Navesi S.A.) que era distribuidora de los productos de Acindar. Ambas empresas estaban fuertemente endeudadas, recurrieron al auxilio financiero de Moneta y terminaron cediendo todas las acciones a Federalia S.A. de Finanzas y Maypa S.A. –sus prestamistas– que a su vez se fusionaron para constituir Corporación de los Andes S.A.

 

Recibió un préstamo subsidiado de 10 millones de dólares, concedido por el Fondo de Transformación Económica que había creado el gobernador Gabrielli para la construcción de un complejo industrial que no se hizo. Corporación figuró entre los principales deudores por préstamos incobrables del Banc.