Como el derrumbe inexorable de la Casa Usher , el análisis de Lapegna apunta  a señalar  que sin agonía alguna el castillo de naipes ficcional  montado por el oficialismo se cae ante el soplo democrático y electoral el próximo 28  y- simplemente -nada queda.Todo el resto , un vértigo compulsivo,  amasado con créditos de ultima hora ,prebendas de difícil cumplimiento y una sensación de optimismo artificial que huele a plata quemada. Por ello,el analista,militante  peronista y  católico a la vez ,ofrece una  rara alternativa en estos días .Un plan programático y un núcleo de propuestas concretas de las  cuales  nadie ha hablado en los últimos, voraces meses de  la rápida carrera del oficialismo hacia la derrota.Parte de la partidocracia,enarbolando algunos librillos de Educación Democrática elemental , pero sin base social de sustentación genuina , cae  también  en este diagnostico , arrastrada por el mismo derrumbe.Veamos el plan.

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Faltan  días para las elecciones del 28 de junio y más allá del detalle de su resultado, es posible anticipar que estos comicios van a dejar dos datos esenciales:

1.      La derrota política del régimen kirchnerista, condición necesaria pero no suficiente para abrir camino a los cambios que son necesarios,

2.      La identificación política de la mayoría del pueblo con el peronismo, más allá de que quienes asumen esa identidad voten a candidatos “kirchneristas”, “antikirchneristas”, “no kirchneristas” o “postkirchneristas”, en tanto lo hacen a partir de reconocerlos justicialistas.

 

Respecto del primer dato cabe advertir que si la derrota del kircherismo sólo se traduce en acuerdos de cúpula entre los actuales dirigentes del peronismo que definan quienes serán los candidatos en los comicios del 2011 (o en la próxima elección presidencial, que puede anticiparse), lo más probable es que más pronto que tarde se reproduzca la situación crítica que generó el régimen kirchnerista.

 

En cuanto a la persistente adhesión al peronismo de la mayoría del pueblo, debe decirse de ella que contiene, a la vez, la esperanza y el reclamo de que el peronismo solucione los graves problemas pendientes, algunos de los cuales se muestran en el informe que presentamos a continuación.

 

Deterioro Social en la Argentina 1998 / 2008

 

La situación social argentina en el año 2008 era mucho peor que la del año 1998, según lo muestra un estudio comparativo realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) que dirige el economista y diputado nacional Claudio Lozano, cuyas principales conclusiones exponemos en el siguiente cuadro.

 

Indicadores socio-económicos seleccionado en el período 1998/2008

Instituto de Estudios y Formación - Central de los Trabajadores Argentinos

	1998	2008	Variación
PBI anual a precios de 1993	288.123	328.875	32,9%
Tasa de Empleo	36,9%	42%	13,9%
Ingreso medio de los ocupados (estimación propia)	569,3	1421,5	149,7%
IPC mayo 1998 = 100 (estimación propia)	100	295,7	195,7%
Ingreso medio real de los ocupados 1998=100	100	76	-24%
Brecha de ingresos entre el decil I y el X (Al trimestre 1 del 2007)	22,8	28,7	26%
Masa salarial como % del PBI	32,4%	28,6%	-11,7%
Tasa de pobreza (datos estimados al 2008)	24,9%	29,8%	19,7%
Población pobre	8.995.108	11.777.769	2.782.661
Tasa de indigencia (datos estimados al 2008)	5,7%	12,2%	114%
Personas indigentes	2.059.121	4.839.584	2.780.463
Concentrac. Económica (% PBI/ventas 200 mayores empresas)*	31,6%	56,1%	77,5%

*Los datos de concentración económica corresponden a los años 1997 y 2007

Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, Revista Mercado y Junta Interna ATE-INDEC (2008)

De lo expuesto surge que, respecto de 1998, en el año 2008 el Producto Bruto Interno (PBI) medido a precios constantes de 1993 creció un 32,9% y que la tasa de empleo aumentó un 13,9% pero que, a la vez,

• el ingreso medio real de trabajadores ocupados (ingreso nominal corregido por la evolución del Índice de Precios al Consumidor) disminuyó un 24%, lo que representa una brutal caída en la calidad de vida de las familiar trabajadoras ya que en la década se redujo casi en una cuarta parte la capacidad de compra del salario;
• la brecha en el nivel de ingresos entre el primero y el décimo decil (los que ganan más y los que ganan menos) de la población aumentó un 26%, lo que significa que en esta década se acentuó fuertemente la desigualdad en la distribución del ingreso;
• la participación del salario en el PBI se redujo un 11,7%, un dato que acentúa y confirma la injusticia social, habida cuenta que en la concepción peronista los salarios deben estar cerca del 50 por ciento del PBI y hoy no llegan al 30 por ciento;
• la tasa de pobreza creció un 19,7%, lo que indica que casi una quinta parte de la población cayó en la pobreza en la última década, esto es que más de 2,78 millones de compatriotas vieron reducidos sus ingresos por debajo del nivel de pobreza;
• la tasa de indigencia se incrementó un 114%, dato brutal en su magnitud y en su significado ya que, vale recordarlo, las personas indigentes son aquellas cuyo ingreso no les permite comprar la canasta básica de alimentos y la mayor parte de esos 4.839.584 compatriotas están sumidos en condiciones de vida degradantes, despojados de los básicos niveles de dignidad que son propios de la condición humana.

 

La Herencia

 

“Mi único heredero es el pueblo”. Estas palabras de Perón en su último discurso no fueron pronunciadas al acaso. Con ellas ratificaba lo que venía señalando con especial énfasis desde su retorno en 1972: el peronismo debía pasar de la etapa gregaria a la etapa orgánica.

Esto significaba que, cuando Perón  se marchara , ningún liderazgo personal o sectorial podía sucederlo.Siendo el pueblo quien debía heredar a Perón, era preciso establecer las formas de democratización del Justicialismo que llevaran a hacer efectivo ese mandato testamentario.

 

En 1983 la conducción del peronismo era ejercida en los hecho por la cúpula del movimiento obrero y algunos dirigentes políticos que la rodeaban, sin que hubiera una participación popular efectiva en el sistema de toma de decisiones y uno de los resultados del incumplimiento del legado institucionalista de Perón fue la derrota del Justicialismo en las elecciones presidenciales de ese año.

La alternativa de gobierno que fue elegida por la mayoría del pueblo no estuvo a la altura de las circunstancias y terminó llevando a la Argentina al caos hiperinflacionario de 1989, situación general que confluyó con los pasos que dio el Justicialismo en la perspectiva de hacer que el pueblo fuera el heredero de Perón, consistentes en el proceso de la llamada “renovación” de 1985/87 que desembocó en las elecciones internas de 1988 de las que, con la participación de millones surgió la fórmula Menem-Duhalde que ganó las presidenciales de 1989.

El impulso que quedaba del proceso de democratización del Justicialismo comenzado con la renovación y continuado con las elecciones de internas de 1988, alcanzaron para que el peronismo ganara las elecciones presidenciales de 1995. Pero el hecho de que en la década de 1990 poco y nada se haya hecho para seguir y profundizar el proceso de democratización del peronismo, fue una de las causas de la derrota en las elecciones presidenciales de 1999.

 

Es sabido que el gobierno de la Alianza reprodujo el fracaso del alfonsinismo en forma más rápida y rotunda y que generó la gravísima crisis del 2001 de la que pudimos salir merced a la acción desplegada por los gobiernos de proclamada identidad justicialista, que presidieron Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

 

En síntesis, en los 20 años transcurridos desde 1988 hasta hoy, en el Justicialismo no se hizo casi nada para que, efectivamente, el heredero de Perón sea el pueblo y tenemos así que, para decirlo con palabras de  Osvaldo Agosto, “los peronistas seguimos siendo muchos, lo que no hay es peronismo”.

 

Crisis de representación y  Estado

 

Dado que el peronismo es la identidad política que asume la mayoría del pueblo, el hecho que el Justicialismo carezca de una estructura democrática en la que los peronistas podamos expresarnos y participar en la toma de decisiones en forma organizada, es la principal debilidad del sistema de representación argentino.

Durante mucho tiempo, los círculos de militantes y activistas del peronismo frecuentamos un debate en torno del “partido” y el “movimiento” que, las más de las veces, incurría en lugares comunes, banalidades y recetas anquilosadas y resultaba por completo indiferente a ese pueblo que asume al peronismo como su identidad política.

Creemos que ese debate no puede postergar la tarea de organizar un Partido Justicialista que reúna tres condiciones esenciales:

 

1.      Crear espacios a nivel local, provincial y nacional, en los que se promuevan y permitan un libre y amplio debate, aquello que Perón llamaba “la lucha por la idea”, que posibiliten:

a.       que todos los peronistas tengamos una participación efectiva en la decisión de las orientaciones políticas que adopte el Partido,

b.      llevar a cabo tareas de formación, capacitación y adoctrinamiento para elevar la calidad de nuestros cuadros y dar continuidad transgeneracional al peronismo.

 

2.      Garantizar que los dirigentes partidarios en todos los niveles sean designados en elecciones periódicas por el voto directo de todos los afiliados.

 

3.      Garantizar que los candidatos que el Partido presente en elecciones generales en todos los niveles sean consagrados por el voto directo de los afiliados.

Esa reorganización democrática del peronismo es la condición necesaria para superar la situación imperante en la Argentina de hoy, donde el pueblo casi no delibera y es muy poco lo que gobierna por medio de quienes deben ser sus representantes.

Un síntoma de esa crisis de representación es el deterioro de la gobernabilidad y del liderazgo que tiene uno de sus más graves efectos en la baja calidad de los servicios al bien común que prestan quienes conducen al Estado argentino en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal).

 

Es sabido que la misión propia del Estado es establecer y aplicar normas que le aseguren a la comunidad acceder a servicios adecuados de seguridad, salud, educación, administración de justicia, transporte, comunicaciones, vivienda, calidad ambiental, defensa nacional, economía y relaciones con el mundo, por mencionar los principales y en la Argentina , desde hace mucho tiempo la calidad de esos servicios, en términos generales, es una porquería.

 

En el último cuarto de siglo de democracia formal, esa baja calidad de los servicios cuya prestación debe garantizar el Estado tiene una de sus causas en la separación entre quienes dirigen y administran el Estado y quienes somos su fuente nominal de legitimidad y autoridad o, para decirlo en otros términos, entre gobernantes y gobernados.

 

El resultado de ese divorcio es que, en los distintos ciclos que se sucedieron desde 1983 hasta hoy, quienes acceden a posiciones de gobierno tienden a priorizar sus intereses personales, grupales o sectoriales sobre los del conjunto de la comunidad y a incurrir en un uso indebido y arbitrario de los recursos cuya administración se les confía, al destinarlos a su propio beneficio o a consolidar sus posiciones circunstanciales de poder, antes que a asegurar la provisión de servicios eficientes a la comunidad  

 

Esa tendencia a la consolidación de una oligarquía que gobierna con ropajes democráticos no llega a ser alterada por la moralina de los discursos contra la “corrupción” de algunas y algunos componentes de esa misma oligarquía política, cuyos comportamientos políticos reproducen la causa esencial de la distorsión.

Un ejemplo de lo antedicho son las arengas apocalípticas y moralizantes de Elisa Carrió, que no pasan de ser, parafraseando a Shakespeare, el discurso de un necio, lleno de sonido y de furia pero que nada significa, ya que al interior del movimiento político que ella creó, Lilita impone un personalismo cesarista y oligárquico que restablece el mismo divorcio entre dirigentes y dirigidos que existe en el Estado entre gobernantes y gobernados.

 

El comportamiento oligárquico de quienes acceden al gobierno también es una expresión e incluso, en algún sentido, un mecanismo de protección ante la crisis de confianza, mal crónico que persiste con formas y en grados diversos en la Argentina , al menos en los últimos 25 años.

 

Entre los gobernados esa crisis de confianza se traduce en el extendido desinterés y rechazo popular hacia los políticos y la política, pero también en el bajo nivel de inversión interna (hace décadas que cientos de miles de millones de dólares de argentinos permanecen depositados fuera del país), el muy elevado grado de evasión y elusión de las obligaciones impositivas y provisionales y el vasto incumplimiento de la ley, que incluye comportamientos cotidianos como la escasa contribución social a la limpieza de los espacios públicos o la violación de las normas de tránsito por automovilistas y peatones.

El “estadocentrismo” de las oligarquías políticas enquistadas en los pliegues y repliegues del gobierno para obtener ventajas individuales, grupales o sectoriales de riqueza y poder encuentra su complemento entre los gobernados en el comportamiento de quienes, con mentalidad rentista, asistencialista, corporativista y parasitaria, todo lo esperan y requieren del Estado.

Para nosotros, es obvio que la respuesta a ese “estatalismo” dista de ser el individualismo liberal de quienes todo lo esperan del mercado y tienden a dejar a los más como meros consumidores o, peor aún, como desocupados y excluidos y nos parece evidente que los enormes problemas, desafíos y tareas que plantea la realidad nacional no pueden ser resueltos en la estrecha dialéctica Estado-mercado. 

Nosotros no ponemos en el centro ni al Estado ni al individuo, sino al pueblo y es por eso que nuestra alternativa es avanzar hacia la comunidad organizada, buscando encauzar y movilizar las energías vivas y responsables de los sujetos reales que son las personas, las familias, las empresas, los sindicatos, las organizaciones libres del pueblo y promover su activa y creciente participación en el sistema de toma de decisiones, pasando de la actual democracia formal hacia una democracia social, orgánica y directa.

 

Las tareas pendientes

 

Para quienes adherimos a los principios del Justicialismo la prioridad insoslayable es remover las causas estructurales que llevaron a que hoy haya más de 16,6 millones de compatriotas que padecen pobreza e indigencia, la mayoría de los cuales son niños y residen en el conurbano bonaerense.

Iniciativas como la asignación de un subsidio universal a la niñez o la mejora de la calidad y la dimensión de los programas de asistencia social, aunque sean útiles en la emergencia, no dejan de ser paliativos que recuerdan aquello de querer tratar un cáncer tomando aspirinas.

A nuestro juicio una de las respuestas a la reproducción estructural de una pobreza y miseria crecientes es diseñar y poner en marcha una revolución demográfica que termine con la monstruosa macroencefalia que llevó a que más del 30% de la población argentina resida en una superficie que es apenas el 3 % de los casi 3 millones de km2 que tiene nuestro territorio.

 

Dos frases de Perón: “Cada argentino debe producir, al menos, lo que consume” y “La tierra debe ser para el que la trabaja” y una de Evita  (“Queremos hacer de la Argentina una nación de propietarios y no de proletarios”) son el marco de esa revolución demográfica.

 

Se trata de entregar en propiedad parcelas de tierra en el interior del país, sobre todo a las familias pobres e indigentes que residen en el conurbano bonaerense y los cordones periurbanos de Rosario, Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán, etc.; que cuenten con una adecuada superficie para la producción mixta de frutas, hortalizas, verduras y cría de animales, con espacios amplios de propiedad común, en parte destinadas a instalaciones para el procesamiento e industrialización de los bienes producidos y la elaboración de comidas que, debidamente conservadas, puedan ser vendidas en los mercados internos y externos y en parte destinados a diversos servicios comunitarios (escuela, iglesia, centro de reuniones, centro de deportes, etc.).

 

Para hacer posible esto es preciso que cada uno de esos centros productivos urbano – rurales tengan los servicios y recursos que hacen a la calidad de vida en este tiempo sumando al gas, la electricidad y otros insumos similares, redes de información y comunicaciones, establecimientos educativos, centros de salud y vías de transporte que permitan que los productos accedan a los centros de consumo.

 

Otra iniciativa revolucionaria es que los fondos del Estado destinados a asignaciones sociales pasen a financiar directamente a las familias usuarios de los servicios y ya no a los prestatarios de los mismos. En otros términos, se trata de distribuir directamente entre las familias demandantes la mayor parte de los fondos públicos consolidados destinados a fines sociales (vivienda, educación, salud, medicamentos, programas alimentarios, subsidios, etc.), que hasta ahora se asignan a los oferentes de tales servicios (empresas constructoras, prestadores de servicios educativos y de salud, laboratorios medicinales, proveedores de alimentos, etc.) para que cada familia los aplique del modo que considere más adecuado para subvenir sus necesidades.

 

Para mejorar la calidad de los servicios de administración de justicia proponemos democratizar la estructura oligárquica y corporativa del Poder Judicial a través de la generalización del sistema de juicio por jurados establecido en la Constitución de 1853 por la  visión de Juan  Bautista Alberdi y la designación de jueces, fiscales y otros integrantes de la magistratura mediante el voto popular directo.

 

Para lograr una mejor calidad en los servicios de seguridad, a la iniciativa anterior agregamos la propuesta de descentralizar los cuerpos policiales a escala municipal con la obligatoriedad para su personal de residir en el ámbito territorial de revista y la elección por voto popular directo de los jefes de cada unidad, complementando esos servicios con estructuras policiales centralizadas de alta profesionalidad para la prevención, control y represión de delitos complejos y del crimen organizado.

 

Para ampliar la representatividad de nuestro sistema democrático se deben reglamentar y poner en práctica institutos de democracia semidirecta consagrados en la reforma constitucional de 1994, ampliar los canales de representación y participación efectiva de las organizaciones libres del pueblo en los sistemas públicos de toma de decisiones y avanzar hacia nuevas organizaciones libres del pueblo, por ejemplo asociaciones de consumidores y de usuarios de servicios públicos.

Por último, pero no por eso menos importante, debe ser puesto en acción el principio de subsidiariedad en el que se basa el régimen federal, transfiriendo misiones y recursos que hoy maneja la Nación a las Provincias y a los Municipios y concretando una reforma impositiva que haga efectivo el federalismo fiscal.

 

Estas son algunas de las principales medidas de la revolución peronista pendiente para hacer realidad, en el siglo XXI, una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana y son los temas de los que casi nadie dijo nada en la campaña electoral.