Parte II

¿FIN DE LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PERDIDAS DE ESPECULADORES Y PRESTAMISTAS NEGLIGENTES?

Estacionados en la contemplación de la situación de nuestro país percibimos la confluencia de los vicios que señalamos.

En un aspecto especifico, el fiscal, la caótica conducta gubernamental apunta a conseguir un macroequilibrio a través del llamado "déficit cero", cuyo exclusivo fin es continuar atendiendo la voracidad especulativa y el pago de la deuda externa, sin distinguir la legitima de la ilegitima.

Dispuesto para el 2003 en la primera versión de 1999 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, su cumplimiento fue prorrogado hasta en el año 2000, hasta el 2005. Ahora, abruptamente, se lo quiere conseguir en seis meses.

Se ha señalado que "en algunos aspectos pareciera que el movimiento hacia gobiernos más democráticos – que siguieron a los autoritarios y semiautoritarios que realizaron las reformas de la década del 80 y de los 90 - puede minar las realizaciones de los últimos años" (Financial Times 19.5.01)

Esta observación coincide con la encuesta realizada por "The Economist", que explica que la democracia pierde apoyo en los países de América Latina con motivo de las crisis económicas (La Nación, 11.8.01)

Ambos análisis resumen la actuación del gobierno argentino que en su porfía anula el fundamento de su legitimidad y conculca las reglas de la legalidad tantas veces sea necesario para alimentar la insaciable especulación financiera.

IMPOSIBILIDAD TÉCNICA Y OPOSICIÓN AL DEFICIT "CERO"

Si se plantearan resistencias pasivas y activas consistentes, el sistema "espasmódico" de adopción de decisiones gubernamentales reñirá con las siguientes opciones principales: abandonar el "déficit cero" y dolarizar con o sin acuerdo de los EEUU, precipitarse en una devaluación desordenada, permitir la flotación del dólar, prohibir la convertibilidad del peso en dólar o en otras monedas, declarar el estado de insolvencia y una moratoria de la deuda externa, con quita unilateral o consensuada, decidir previo a cualquier pago el distingo judicial entre deuda licita e ilícita, vedar la salida de monedas duras con o sin exclusión de la remisión de utilidades de empresas extranjeras radicadas en el país.

Tratara de evitarlo manteniendo una convertibilidad forzada drogándose con mas endeudamiento.

En ocasión de la visita del subsecretario del Tesoro de los EEUU, el secretario de política económica, Federico Sturzenegger, buscó que ese país liberara nuevos fondos frescos señalándole que en el caso de que no lo hiciera será responsable del "fracaso de las reglas del Consenso de Washington de 1989" y de la posibilidad de advenimiento de un gobierno populista contagiado a la región. Como respuesta recibió una forzada sonrisa. ¿Por qué? Porque con su pregunta el funcionario argentino cometía cuatro errores imperdonables:

  1. Suponer que el subsecretario John Taylor desconocía que de las diez políticas indicadas en aquella reunión de Washington, solo se habían aplicado cuatro (privatizaciones, apertura a la inversión extranjera y políticas comerciales internacionales liberales, tasas de interés positivas determinadas por el mercado) no precisamente en la presidencia del doctor De la Rua.
  2. Desechar las manifestaciones del secretario del Tesoro Paul O’Neill en el Congreso de su país en el sentido de que "las expectativas de los países de poder usar el soporte financiero del FMI cuando se enfrentan al pago de deudas cuyos instrumentos se sostienen en el sector privado reduce la debida diligencia que se requiere para articular decisiones financieras correctas" (Informe ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, 22.5.01)
  3. Prescindir de la mala impresión que tenia el gobierno de los EEUU por el incumplimiento, en dos oportunidades durante el corriente año, de compromisos asumidos con el FMI a cambio de la asistencia que le proveyera tanto a Machinea como a Cavallo.
  4. Despreciar los criterios a los que adscribe el funcionario norteamericano que niega la automaticidad del contagio en caso insolvencia...

En resumen; transmitió que alcanzar el "déficit cero" es imposible.

El subsecretario Taylor debe haber confirmado además que el beneficios está sujeto a un costo insoportable.

Entre otros caben destacar las huelgas generales y parciales que significan perdidas diarias que oscilan entre los $200 y $800 millonee, los paros por tiempo indeterminado con asistencia a los lugares de trabajo en muchas dependencias oficiales y la diseminación de sabotajes, especialmente informáticos, de difícil cuantificación.

Debe haberse informado de la desmotivación de los agentes y funcionarios públicos sometidos a rebajas salariales, sin piso, de las medidas de vigilancia policíacas y de la falta de vocación gubernamental para encarar el "estrangulamiento" social.

El costo de legalidad, que tiende a ser despreciable y generalizarse, tampoco habrá escapado a su análisis.

En la administración publica la ignominia de las medidas citadas han abonado el campo para compensar el saqueo legalizado (Frederic Bastiat) con la demanda de recompensas a quienes tramiten ante ella, restándole inmoralidad e ilicitud al cohecho, a la malversación, al fraude, a las negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función publica, al enriquecimiento ilícito.

Las agresiones contra la vida y la propiedad encontrarán mayor y mejor ambiente. Las rejas defensivas en las viviendas son ya prisión para quienes las habitan.

El doble standard establecido entre el pago de la deuda externa y la deuda del estado nacional con las provincias, jubilados y empresas y la emisión de moneda por aquellas - posiblemente absorbidas por el estado nacional con un bono federal de validez en todo el país – puede regenerar potencialidades inflacionarias que empeoren el desengaño y fortalecer los argumentos y las acciones de quienes pretenden continuar afianzándose, sin limite ni costo, en su proceder de prestamistas negligentes (moral hazard)

Así por ejemplo el Chase Manhattan, el Citibank y el Deutche Bank, integrantes del club de formadores de mercado, junto con otras entidades, han estado desprendiéndose desde fines del año ultimo de la obligación original de desembolso de U$S 7.500 millones para el caso de crisis (Clarín 14.8.01)

Parece que ahora el FMI, presionado por el Tesoro de los EEUU, intenta que sea plenamente reasumida para comprometerlos en el riesgo de insolvencia en tanto manifestación del fin de la socialización de las pérdidas entre los contribuyentes, de sus astucias financieras

El subsecretario Taylor debió prevenirse sobre las pérdidas por estancamiento o retroceso de la recaudación, por el aumento del contrabando, tanto como por el desánimo en los organismos competentes de contralor.

La remisión de ahorros en dólares al exterior, la acentuación de las ingenierías contables en las grandes empresas para eludir impuestos, la parálisis de inversiones comprometidas por inseguridad cambiaria y la profundización del desconsumo en productos básicos demuestran una resistencia pasiva que complica el utópico déficit "cero"

El abanico de costos expuestos tiende a acentuar la caída del PBI al converger la emigración de los más idóneos, la descapacitación de los empleados públicos y el desmejoramiento de la instrucción, en patente oposición con "la mayor y mejor educación, esencial para un alto crecimiento productivo" (ídem O’Neill, exposición del 22 de mayo)

No le debe haber pasado desapercibida la forzada unidad que le presentaba el elenco ministerial, cuando casi a diario se ponen al descubierto contradicciones, oposiciones abiertas y solapadas.

Los bruscos cambios de política del ministro de economía quien, con total soltura, se trasladó del neokeynesianismo al más ortodoxo monetarismo produciendo en el ínterin una devaluación encubierta al incorporar el euro a la convertibilidad, entran en lo que O’Nelly calificara como "poor policy decisions".

El reemplazo del proyecto de ley por el cual se afectaba toda la recaudación a satisfacer la deuda externa por el decreto 896/01 - plagado de disposiciones inconstitucionales – y su reemplazo por la llamada ley de déficit Cero para salvar la legalidad de la iniciativa fue notoria expresión de la bradipsiquia que nubla el juicio.

La ley 25.453 reitera la rebaja salarial en la administración publica y castiga los suplementos por hijos, también en el sector privado, agravia a jubilados y desocupados y profundiza la inseguridad jurídica en los contratistas del estado.

En el tramite de esta norma quedaron al descubierto las abrumadoras presiones sobre los legisladores para sancionarla y serias irregularidades.

El informante del oficialismo en la Cámara de Diputados, el legislador Baglini, se permitió ironías respecto del ministro Cavallo.

En el Senado hubo un voto decisivo sobre el articulo de ley referido a la disminución salarial, dejándolo legalmente sospechado y éticamente reprochado.

La posibilidad de que esta sea declarada inconstitucional por la exorbitancia de sus disposiciones o nula porque la voluntad de los legisladores estuvo viciada por coacción y por incumplimiento de la mayoría reglamentaria requerida (Clarín 12.8.01), aportan insostenibles costos de juridicidad.

En síntesis desde el ángulo jurídico nos encontramos ante una ley normológicamente aquejada de Ilegalidad (anomalías graves en el procedimiento), sociólogicamente afectada de Infielidad (no es lo que realmente querían los legisladores) e Inexactitud (su eficacia esta objetivamente comprometida) y dikelógicamente enferma de Iniquidad (agravada por la burlesca mención de su Titulo VI: Régimen de Equilibrio Fiscal con Equidad)

"Cuatro Ies" que grafican un grado de abuso y arbitrariedad que derriban principios cardinales del Derecho y llevan a la población al convencimiento de estar sometidos a actos de expoliación que merecen impugnación con el empleo de métodos destinados a contornear una legalidad irreconocible.

 

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