ROBESPIERRE LLEGA AL PARLAMENTO ARGENTINO
Los planes para la destitución de Fernando De La Rua y el nacimiento de un gobierno de salvación nacional.

En medios parlamentarios circula un proyecto de destitución del presidente De la Rua -paralelo- pero con mayor articulación que el formulado por el diputado Soria (duhaldista) que propone simultáneamente la unificación de los juicios contra Domingo Cavallo y la virtual conformación de un gobierno de salvación nacional, así como un replanteo de la posición argentina frente a los organismos crediticios que la atenazan.

Su articulado y los considerandos, ricos en referencias históricas como ser el déficit consentido por el Tratado de Maastrich, intenta recuperar para el nuevo parlamento una posición de centralidad hegemónica que el anterior había abdicado como consecuencia de su deslegitimación social, después del sonado caso de los sobornos y de la creciente falta de credibilidad popular en una clase política renunciataria, exangüe y en virtual terapia intensiva. A metros de estas escaramuzas, el hombre de la Casa Rosada, jaqueado en sus cuatro esquinas enrojecidas por el fragor termidoriano y los cacerolazos de las clases medias, sólo atina a hacer gestos y mímicas de programación neurolinguística en procura de una concertación nacional que nadie está dispuesto a cederle. A menos que se tratara de un Charles De Gaulle, inexistente por ahora en la Argentina derrotada, empobrecida y bailantera.

Una curiosidad mas -el autor del proyecto- Alfredo Carella, corachista independiente para unos, solitario jacobino nacionalista para otros, justicialista siempre, no vaciló en defender al parlamento cuando la desaprensión de un olvidadizo y olvidado Chacho Alvarez, amenazaba con la guillotina. Ahora, Carella propone instalar la guillotina dentro del propio parlamento y accionarla, juricamente, pero en busca de cabezas mas altas. 1789 con la rebelión de las clases medias está llegando a la Argentina del 2001. Buena lectura de Navidad y fin de año.

El Director.


PROYECTO SOBRE

JUICIO POLITICO AL MINISTRO DE ECONOMIA

DECLARACION DE INHABILIDAD DEL PRESIDENTE DE LA NACION

Y

REGLAMENTO DE  RECOMPOSICION CONSTITUCIONAL

Por Dr. Alfredo Carella

Buenos Aires, diciembre del año 2001

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS REUNIDOS EN CONGRESO DECLARAN Y SANCIONAN

Artículo 1. Sométese a juicio político al ministro de economía de la nación, ciudadano Domingo Felipe Cavallo, en los términos y procedimiento que establece el artículo 53 la Constitución Nacional por lo que a partir de la sanción de la presente su renuncia no puede ser requerida ni aceptada.

Artículo 2. El juicio político al que se hace referencia en el artículo anterior se iniciara el miércoles 19 del corriente.

Artículo 3. Solicitar al Presidente de la Nación Argentina, ciudadano Fernando de la Rua, la renuncia al cargo que detenta desde el 10 de diciembre de 1999.

Artículo 4. Notificar el pedido de renuncia al cargo de Presidente de la Nación Argentina dentro de las 24 horas de sancionada la presente.

Artículo 5. Declarar la inhabilidad del presidente del Presidente de la Nación Argentina en virtud del Artículo 88 segunda parte de la Constitución Nacional dentro de las 72 horas de recibida la constancia de recepción del pedido de renuncia al que se hace referencia en el Artículo anterior, si esta no se hubiere producido.

Artículo 6. Aceptada la renuncia o producida la declaración de inhabilidad se considera la Presidencia de la Nación en estado de vacancia.

Artículo 7. La ley 20.972 de acefalía no es de aplicación al caso.  

Artículo 8. Designar con el titulo de Presidente de la Nación Argentina al presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ciudadano Ramón Puerta, en virtud del artículo 88 de la Constitución Nacional hasta la entrega del gobierno el Presidente electo en el año 2003.

Artículo 9. Requerir a la Procuración General de la Nación la activación de todas las causas incoadas contra el ministro de economía ante el fuero federal.

Artículo 10. Créase el CONSEJO DE ESTADO PARA LA RECOMPOSICION CONSTITUCIONAL que estará integrado por los gobernadores de los estados argentinos y el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El órgano será presidido por el Presidente de la Nación. Los gobernadores y el Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires podrán designar excepcionalmente delegados que los representen.

Artículo 11. Ninguno de sus integrantes percibirá remuneración ni compensación por gastos de naturaleza alguna. Sus empleados provendrán de  la Administración pública nacional, centralizada o descentralizada.

Artículo 12. El Consejo de Estado quedará instituido e integrado simultáneamente con la asunción del cargo del nuevo Presidente de la Nación Argentina.

Artículo 13. Serán funciones del Consejo de Estado:

a) Reunirse por lo menos una vez por semana y cuando sean convocados por el Presidente de la Nación a través del Jefe de Gabinete o a solicitud de no menos la 1/2 de sus integrantes debiéndose expresar los motivos.

b) Asistir al Presidente de la Nación en el refrendo de los decretos de necesidad y urgencia que establece la Constitución Nacional cuyo dictado se ajustará estrictamente a lo preceptuado en el artículo 99 inciso 3, así como proponer los que considere convenientes.

Artículo 14. Dentro de los 10 días hábiles, improrrogables, los llamados decretos de necesidad y urgencia o dictados en acuerdo de ministros durante el transcurso del corriente año serán revisados.

Los que por su naturaleza debieron revestir la jerarquía de leyes serán remitidos al Congreso, si no se aconsejara su anulación al Presidente de la Nación.

Los que pudieran merecer parcialmente el carácter legal de normas de necesidad y urgencia serán promulgados en la parte pertinente y remitidos al Congreso con pedido de tratamiento preferencial.

Artículo 15. El Consejo de Estado elaborará y elevará al Presidente de la Nación dentro de los 15 días corridos contados desde su constitución proyectos de ley sobre:

d.1.Derogación de la ley 25.414 solicitándose, especialmente, la de los artículos 10, 11,  14 y  procediéndose a la adecuación de los restantes.

d.2.Derogación del artículo 56 de la ley 25.156 de delegación en el PEN de las facultadas de los incisos 4 y 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional y de toda norma relacionada con la delegación de atribuciones del Congreso de la Nación sobre contracción de  prestamos sobre el Crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interna y exterior de la Nación.

d.3. Transformación en deudas del Estado bajo un régimen de "ahorro forzoso" de las exacciones realizadas por los llamado decreto 430/00 y las apropiaciones ordenadas por la ley 25.453 sobre sueldos, asignaciones familiares,  honorarios, pensiones y jubilaciones.

d.4. Remisión al Congreso del proyecto de ley de presupuesto que deberá prever, como en el tratado de Maastrich, un déficit  anual del 3 por ciento hasta el 2006.

d.5. Concurrencia anual de los representantes de la República ante los organismos públicos internacionales a fin de que rindan informes circunstanciados ante el Congreso de la Nación sobre el cumplimiento de sus mandatos y funcionamiento institucional de cada uno de ellos.

Artículo 16. El Consejo de Estado elaborara y elevara al Presidente de la Nación antes del 1 de abril del año 2002 proyectos de ley sobre:

1. Sistema tributario simplificado que facilite su percepción y control y reduzca la evasión fiscal  en no menos un 90 por ciento con relación a al actual nivel hacia el 2005.

2. Ley Convenio sobre coparticipación de las contribuciones con las provincias de acuerdo con las pautas del Art.75 inc. 2 de la CN.

3. Inclusión en la ley 24.156 de disposiciones que permitan el acceso publico de los informes que produzca la Auditoria General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

4. Régimen de control del financiamiento de las campañas electorales internas de los partidos políticos con designación de un profesional mancomunadamente responsable de las multas que se establezcan por la violación de sus disposiciones.

5. Creación del un Organismo Fiscal Federal previsto en el  Artículo 75 inc. 2 in fine de la Constitución Nacional.

6. Inclusión como Artículo 175 "ter" del Código Penal de la Nación del delito de "usura financiera" para tornar operativo el artículo 21 inciso 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, según el Artículo 75 párrafo 22 de nuestra Carta Magna,  reviste jerarquía constitucional y que señala que "tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley"

7. Nueva arquitectura financiera internacional.

Artículo 17. Los ministros asistirán al Consejo de Estado en todo lo que se refiera a informes orales o escritos que estos puedan requerirle para el mejor cumplimiento de sus funciones e informaran al PEN a través del Jefe de Gabinete.

Artículo 18. El Presidente de la Nación convocara dentro de las 48 horas de su asunción a los representantes argentinos actualmente en funciones y que lo hubieran sido en los últimos 20 años ante el FMI y otros organismos financieros públicos internacionales.

Los mismos rendirán informes sobre su actuación y funcionamiento de tales entidades ante el Consejo de Estado y el Congreso. Los informes serán públicos y editados en las páginas electrónicas de que disponen el Congreso, la Presidencia de la República  y el Ministerio de Economía.

Artículo 19. El PEN y el Consejo de Estado encararán el tratamiento de la deuda externa de acuerdo con el artículo 75 inciso  7 de la CN y bajo los parámetros establecidos en la ley de bancarrota de municipios de los EE.UU. así como:

a) La deducción de las 477 (cuatrocientas sesenta y siete) operaciones crediticias "irregulares" contraídas con la banca internacional, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario o del Club de París, reconocidas en la sentencia suscripta por el señor Juez Federal Dr. Jorge BALLESTERO con fecha 13 de junio del año 2000 en la causa Nº 14.467 "OLMOS, Alejandro s/ denuncia" expediente Nº 7.723/98.

b)El compromiso de la República de destinar al pago de la deuda externa hasta el 50 por ciento del monto de las exportaciones realizadas a países que hayan suprimido o reducido en mas de un 50 por ciento los subsidios que otorgan a sus  producciones de bienes y servicios.

Artículo 20. El Poder  Ejecutivo y el Consejo de Estado serán asistidos en las gestiones que efectúen relacionadas con el tratamiento de la deuda externa por una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación cuyos integrantes se designaran dentro de los 3 días hábiles de la promulgación de la presente y estará integrada por tres senadores y tres diputados representativos de la composición política de ambas Cámaras a fin de mantener informado sobre las mismas al Congreso de la Nación y facilitar su ulterior aprobación legislativa.  

Artículo 21. Declarase al Congreso de la Nación en sesión permanente, considerándose prorrogadas las sesiones del año 2001 hasta el 1 de marzo del año 2002.

Artículo 22. Ninguna de las normas establecidas en la presente podrá ser vetada y serán publicadas en un cuerpo único e indivisible el Boletín Oficial al día siguiente de su sanción.

Artículo 23. De forma

FUNDAMENTOS

En respeto estricto del mandato popular por el cual fuera elegido el actual Presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rua, este Congreso de la Nación facilitó el desempeño de su cargo manteniendo y otorgándole nuevas facultades que por imperio de la Constitución Nacional son de su competencia reservada.

Mantuvo intangible el desprendimiento de las atribuciones para contraer prestamos sobre el Crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interna y exterior de la Nación según lo establecido en el artículo 75 párrafos 4 y 7 de la Constitución Nacional que por razones excepcionales y de verdadera emergencia económica se cedieron en setiembre de 1992 al sancionar la ley 25.156, denominada Ley de Administración Financiera de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional.

Bajo graves y objetivas circunstancias había accedido a inicios del gobierno del presidente Carlos S. Menem y por medio de las  leyes 23.696 y 23.697 a que este declarara a la administración publica nacional en estado de emergencia, sujetas a privatización las empresas publicas, sistemas de contratación, suspensión de los efectos de sentencias judiciales contra el estado, el sistema del "compre nacional", la reforma de la carta del Banco Central, la asimilación del tratamiento de los inversores extranjeros a la de los nacionales, el incremento de penalidades para los evasores impositivos y del sistema de seguridad social, respectivamente.

Exhortado por el actual presidente de la Nación aprobó, a los 12 meses de la asunción, la ley de emergencia económica 25.344 con vigencia por un año.

Esta norma acreditó al Ejecutivo para rescindir contratos  de distinto objeto que generaban obligaciones al estado nacional celebrados antes de su asunción, reubicación del personal de la administración pública, así como procedimientos dirigidos a demorar el tramite de juicios contra el estado, consolidación de deuda y nuevos bonos de consolidación de la misma.

A los cuatro meses de su promulgación a ruego del PEN sancionó la ley 25.414. que dispuso  la posibilidad de que ese órgano del estado pudiera incrementar a su discreción un impuesto sobre créditos y débitos en cuenta bancaria hasta de un 6 por mil (Art. 1), que su producido fuera destinado a un Fondo de Emergencia Pública con destino a la preservación del crédito publico y en segundo lugar a la recuperación de la competitividad otorgándole preferencia a las pequeñas y medianas empresas (art. 3), y que el impuesto previsto en su artículo 5 pudiera ser aplicado en forma parcial o total a pagos a cuenta de contribuciones (Art. 4)

Se redujo de $10.000 a $ 1.000 los efectos cancelatorios del pago de dinero en efectivo, dificultando toda transacción superior en moneda argentina. Se aprobó que los fondos correspondientes a las provincias debían transferirse en la forma y demás condiciones establecidas por las partes (Art. 11)  

Especial importancia tiene la ley 25.414 por la cual se facultó al PEN hasta el 1/3/02 para el ejercicio de atribuciones de competencia originaria en este Congreso de la Nación.  

Cabe destacar las contenidas en el punto II. Emergencia Publica que le permite crear exenciones, eliminarlas, autorizar la devolución acreditación o compensación de tributos, modificar los procedimientos aduaneros, tributarios o de recaudación provisional, crear tasas o recursos no tributarios con afectación especifica, establecer medidas tributarias especiales, desregular y mejorar  el funcionamiento y transparencia del mercado de capitales y seguros, garantizando el debido control del sector (Art. 1.) Emergencia Pública, párrafos, a),b),c),d)

Se le prohibió expresamente, derogar, modificar o suspender la Ley de Convertibilidad 23.928 y de los Códigos Civil, Minería y de Comercio o en materia penal, tributaria o laboral del sector público y privado, salud, provisional de asignaciones familiares (Art.1. párrafo e)

La actividad legislativa no entorpeció las operaciones denominadas Blindaje y Megacanje que se instrumentaron al amparo de los artículos 65, 68 y 69 de la ley 24.156 por $ 40 mil millones  y $ 30 mil millones de noviembre del año 2000 y junio del corriente, respectivamente.

La delegación se fortaleció hasta orillar el límite de la separación de poderes al sancionar la ley 25.453 que el PEN apreció una vez mas como imprescindible para garantizar el funcionamiento económico financiero de la Nación.

Se lo apoderó para modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado y ratifico con carácter de excepción, desde su entrada en vigencia del decreto 493/01 (Art.1) inclusive de los gravámenes y alícuotas impositivas (Art.2) Cabe señalar que por ella se acortó a seis meses el plazo establecido originariamente para el 2005 en cinco y modificado luego para el 2003 por sucesivas reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Aprobó también a su asedio la ampliación del impuesto de hasta el seis por mil establecido por la ley 25.414 y toleró que defina el alcance definitivo de los hechos gravados (Art. 3)

Frente a las argumentaciones catastróficas y de "ultima ratio" que el PEN desarrollara para eliminar resistencias de algunos legisladores  accedió a  que se disminuyera sin fijar máximos, sueldos, haberes, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones de la totalidad del sector publico cuando los recursos presupuestarios no fueran suficientes para atender los créditos previstos, rebaja que inconstitucionalmente había dispuesto a poco de asumir, por el decreto 430/00 (Art.10 y 18)

Las mismas razones respaldaron la reiteración de la reducción en los montos de los contratos en ejecución con sus contratistas y proveedores y condescender en su revocación en caso de que no aceptaran la disminución que se les impusiera (Art. 11)

Se cayó en contradicción axiológica al encabezar el Titulo VI de esta ley como de régimen de equilibrio fiscal con "equidad" cuando el texto que contiene esta lejos de compadecerse con tal calificativo.

Responde a la ética republicana no solo reconocer este error sino admitir que este Congreso de la Nación avanzó peligrosamente sobre el Pacto de San José de Costa Rica que, según el Artículo 22 de nuestra CN tiene "jerarquía constitucional", al declarar que los jueces no podrán decretar medidas cautelares que perjudiquen de cualquier manera recursos propios del Estado ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias por los hechos o actos cometidos con culpa y negligencia. (Art.14)

A pesar de la buena voluntad y complacencia de este Congreso de acompañar mas allá de lo tolerable decisiones como las señaladas, el PEN dicto a solo 90 días de promulgada la mencionada ley consecutivos decretos notoriamente ilegales.

El llamado decreto 1.382/01 modificó el actual sistema de asignaciones familiares en tanto el llamado decreto 1.385/01 otorgó eufemísticos planes de competitividad a empresas que no cumplen con la obligación de mantenimiento del empleo incluso con retroactividad.

El llamado decreto 1.387/01 constituye una descarada violación al régimen de separación de poderes que instituye la constitución nacional.

Modifica y sustituye disposiciones del Código Civil y de Comercio y Procesal Civil y Comercial que resultan ser de nulidad absoluta e incansable por transgredir sin ambages el Artículo 1. II. Emergencia económica, párrafo e) de la ley 25.414 que, como se dijera, se lo prohibía expresamente.

Tal lo acontecido al reformar el Artículo 823 del Código Civil y los artículos 1,  2  y 14 del Capitulo XV del Titulo X del Libro II del Código de Comercio por los cuales se incorporan condiciones para emitir valores denominados factura de crédito, disposiciones sobre "cobranza bancaria de factura de crédito", respectivamente. Se sustituye el inciso 5 del Artículo 523 del Código Civil y Procesal de la Nación  sobre distintos instrumentos de crédito y débito (Art. 1, 2, 3, 4,5)

Agrega al Código precitado el Artículo "195 bis" que posibilita la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (per saltum) cuando se obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de las entidades estatales así como también su directa intervención en materias correspondientes a la justicia del trabajo todas ellas materias también excluidas por la ley (Art. 50)

Reincide, en arbitrariedad ostensible, al suplantar el artículo 57 de la ley 24.156 para que el gobierno pueda afectar recursos específicos y otorgar garantías sobre la totalidad de la recaudación y activos presentes y futuros del estado para responder a la deuda publica externa (Art.10)

Da directivas al Ministerio de Economía para convertir deuda publica nacional en prestamos o bonos garantizados y fija el interés máximo del 7% o hasta el 3% sobre la tasa "Libo" (sic)  (Art. 19)

El llamado decreto 1.387/01 dispuso que los intereses de los prestamos y bonos garantizados y que los incrementos patrimoniales no declarados destinados a la suscripción de acciones de aumentos de capital en sociedades por acciones que no registren deudas fiscales exigibles hasta el 30/9/01 por  un importe equivalente al total que pago esa sociedad en concepto de impuestos nacionales en los últimos cinco años, queden también exentos de todo impuesto nacional (Art. 21 y 31)

El apresuramiento e irreflexión se manifiestan además en que a solo tres días debe emitir el llamado decreto 1404/01 a raíz de errores materiales en los artículos 24 y 26 y de redacción del 31 "para evitar problemas interpretativos" No enmienda sin embargo la denominación de la tasa de interés de Londres que sigue figurando como "Libo".

La carencia de aprobación legislativa de estos decretos torna atacable no  solo de ilegitimidad sino también de nulidad todas sus disposiciones. Si sobre su base se ha realizado un canje que el gobierno autoestima exitoso y se intenta ahora otro con los tenedores extranjeros cabe advertir que están teñidos de inseguridad jurídica por la carencia y usurpación de facultades que fija el llamado decreto 1387/01 dado el envilecimiento de su fuente.

El colmo del avasallamiento institucional es alcanza con los llamados decretos 1570/01 y 1506/01 del 3.12.01 respectivamente.

No pueden admitirse los fundamentos que se brindan en sus respectivos considerandos toda vez  que la disminución de los depósitos financieros, la caída de las reservas monetarias, el incremento de la recensión, el estado de angustia colectiva, la parálisis de las actividades industriales y comerciales, la ruptura de la cadena de pagos tienen causa en la ineficiencia del gobierno para encaminar las medidas legales e ilegales que ejecuta.

El ministro de economía, principal instigador de los poderes resignados por este Congreso de la Nación y por ultimo arrebatados, ha convertido desde el punto de vista sociológico al sistema de gobierno en un duunvirato institución de la organización municipal romana del siglo II (D.C.) donde dos magistrados ejercían facultades ejecutivas y pretorianas.

La sucinta descripción de las facultades usurpadas a este Congreso de la Nación revela objetivamente la magnitud de las transgresiones y abusos así como el cambio de nuestro sistema de gobierno. Los denominamos "llamados" decretos por no ajustarse a ninguna categoría constitucional, tan siquiera a los de necesidad y urgencia que fija el artículo 99 inciso 3 de nuestra Carta Magna.  

Se ha señalado sin pudores en el llamado decreto 1387/01  que no puede esperarse el trámite legislativo dada  la necesidad de tomar "decisiones de evidente necesidad y urgencia"

Sobre el particular caben algunas apreciaciones sustantivas:

A) Invalidación de la necesidad y de la urgencia: El PEN no puede jurídica ni políticamente sustentar le necesidad y la urgencia cuando las medidas que requirió, adoptó y se arrogó fueron durante dos años por las mismas razones. Lejos de prevenirla y conjurarla cada una de ellas se convirtió en razón suficiente para requerir la siguiente. La excepcionalidad, base de la urgencia fue perdiendo sustento hasta agotarse.

Los problemas dejaron de ser imprevistos o intempestivos dando lugar a una situación de "anormalidad  - normal" que trastornó el último recurso del estado convirtiéndolo en el primer recurso para gobernar fuera de la legalidad.

A pesar que disponía de las leyes necesarias y de las atribuciones delegadas por la ley 25.414, para no citar la mas importante, para conjurar situaciones de peligro cierto, el PEN aceptó que el ministro de economía continuara creando nuevas situaciones de inseguridad y amenaza y consolidara una situación estructural de incertidumbre en beneficio de algunos y en perjuicio de los mas.

Tal ambiente intermitentemente alumbrado por la excepción invalida de raíz la invocación de la urgencia para justificar  el desmadre jurídico de las medidas dictadas.

Existió sobrado tiempo para dar lugar a la intervención legislativa, incluso para solicitar su concurso para abordar los problemas de la deuda externa y la relación con el FMI.  

Recordamos la expresión del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor  Carlos S. Fayt en ocasión del tratamiento del caso "Guida Liliana c/ PEN s/ empleo publico", del 2/6/00 y  a partir de su cita del caso "Verrochi" (Fallos: 322:1726) concluimos que había un plazo compatible con el que demanda el tramite normal de las leyes para que el PEN articulara la participación del Congreso de la Nación.

B)La razón alegada oculta la causa: La inhabilidad manifiesta del PEN en la gestión de los asuntos públicos que el mandato ciudadano popular le confiara, desvalorizó  los poderes que otorga el decreto de necesidad y urgencia reglado en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.  No respetó las reglas establecidas  por la Corte Suprema de Justicia desde el caso Robustiano Moreno de 1960 en cuento a que normas de esta naturaleza deben guardar razonabilidad entre los medios empleados y los fines para los que se los utilizan. Tampoco el precedente mas cercano del "caso Guida", ocasión en la que el ministro Boggiano sostuvo en su voto que medidas de esa naturaleza  no deben ser exorbitantes ni caprichosas.

C) Motivo jurídico inconsistente: La justificación en la caída de la recaudación fiscal  prevista - que a juicio del PEN comprometió el cumplimiento de la ley de Déficit Cero y de la Cartas de Intención firmadas con el FMI - ínsita en los llamados decretos comentados, no confieren a las estimaciones presupuestarias y de recaudación fuerza normativa ya que las causales de errores o desajustes del programa macroeconómico no pueden erigirse en motivo de estados de excepción.

Si así fuera toda Ley de Presupuesto llevaría implícita la concesión de facultades extraordinarias a favor del Presidente de la Nación para cuando sus cálculos y predicciones no se ajusten a la realidad. La cuestión se agrava porque el gobierno disponía de amplias y variadas atribuciones que de ordinario le permitían actuar frente a la caída de tales ingresos.

"Un criterio elemental de economía de los estados de excepción obliga a que antes de acudir a estos se haga uso pleno de las competencias ordinarias y abiertas y se corrijan y enmienden errores" (Véase sentencia Nº C-122/97, Ref: R.E. 087, por la cual la Corte Constitucional de Colombia declaró "inasequible" el decreto 080 por el cual el presidente de la Republica declaraba el estado de emergencia económica y social)

D) Nulidad absoluta e insanable: El fallo dictado el 4 del actual por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, doctor Martín Silva Garretón es esclarecedor cuando puntualiza que las normas dictadas adolecen de nulidad absoluta e insanable (Art. 99 inc. 3 de la CN) que no hay argumentos en los considerandos sobre el Artículo 2 del llamado decreto 1.570/01 demostrativos de que la limitación de disponibilidad de los fondos acreditados  a 250 presos o dólares (ahora $ 1000 por el llamado decreto 1606/01) es el medio adecuado para conjurar los efectos de la crisis, que mantener la prohibición debe ser considerada "dispuesta irregularmente y en violación de los derechos que gozan de amparo constitucional", que la inexistencia de plazo para la restricción le quita a la norma "condición de validez y razonabilidad" y que la medida no encuentra antecedente en la historia económica de la nación y no resiste su cotejo con la Constitución Nacional.

E) Incumplimiento reiterado y sucesivo de Convenios sobre coparticipación federal: La reiteración con la que el PEN quebrantó los convenios firmados con los estados que componen la República, inclusive los alcanzados durante el corriente año, evaporan también la acreditación de la "urgencia". Actualmente se halla nuevamente en  mora. La multiplicación de tales hechos así como las dificultades para alcanzar los vigentes llevan a sospechar que desde sus inicios no existió voluntad de cumplimento por parte del ministerio de economía para quien, tales acuerdos no son mas que "simples hojas de papel"

Su objetivo originario surge con claridad: entretener  y desviar la atención de la situación social económico financiera del país que porfiadamente y deliberadamente desconocía.

F) Connivencia con el FMI: Mientras que durante el periodo 92 – 98 este organismo al que aportamos una cuota de U$S 3000 millones, nos otorgó prestamos por un monto de U$S 6.760 millones, desde el 3 marzo del año ultimo hasta el 3 de setiembre del actual, desembolsó un total de U$S 29.335 millones.

A pesar de sus redobladas visitas de "vigilancia" (sourveillance) sobre el comportamiento económico - financiero del sector publico y sector privado y sobre las medidas adoptadas para un "buen gobierno" fijadas y extendidas en virtud del Artículo IV del su Estatuto y que dan origen a los informes que se presentan a la Dirección Ejecutiva de la entidad, las máximas autoridades del organismo fueron invariablemente complacientes con los incumplimientos de las Cartas de Intención, al mismo tiempo que se pronunciaban por la procedencia de todas las medidas anunciadas por el ministro de economía.

Tal temperamento ratifica, desde otro ángulo, situaciones de "Urgencias Creadas" en las que esta ausente el acontecimiento imprevisto o la fuerza mayor. Esta conducta  lo convierte en corresponsable de las crisis que se desencadenan, ahora con particular virulencia en nuestro país. Desenmascara además un insólito y grave  comportamiento del Secretariado Ejecutivo del FMI:

1. No existen Actas de las reuniones del Directorio Ejecutivo.

2. Hasta hace poco calificaba como confidenciales y no sujetas al conocimiento público los sueldos de sus funcionarios.

3. Sus funcionarios y empleados gozan de un régimen de seguridad social y de recomposición salarial  sustantivamente opuesto a las condicionalidades que reclaman a los estados adheridos para el otorgamiento de facilidades crediticias.

4. Los representantes de los Estados Unidos no respetaron las leyes dictadas por el Congreso en lo que se refiere a que en todo ajuste estructural debía tener  en cuenta los perjuicios que pudiera ocasionar a la población del país involucrado, así como no prestar consentimiento a asistencias a gobiernos dictatoriales.

5. Los Bancos de los Estados Unidos no obedecieron la legislación de ese país con respecto al nivel de exposición en el exterior en oportunidad  de la primera crisis petrolera que les permitió recoger un exceso de petrodólares.

6. Desde la década del 70 las instituciones financieras privadas internacionales exigen antes de conceder prestamos a los países emergentes que el FMI disponga  su apoyo económico. Desde entonces se transformó en:

6.1. Asegurador de préstamos de instituciones financieras privadas internacionales, en conocimiento de que los mismos no tenían otra causa que la generación de deuda.

6.2. Prestamista de último recurso para el caso de insolvencia de los países deudores. Esta situación es la que hasta el momento logró contener otorgando ininterrumpidamente distintas facilidades crediticias. El prestamista, a la inversa del empresario de bienes y servicios, nunca necesitó computar el riesgo en sus operaciones.

Bien les cabe que en la "historia de la banca, nunca tan pocos debieron tanto a tan pocos" (The Economist 10/6/78) o la mas reciente aseveración de Steve Hanke en el sentido de que el llamado "blindaje" solo estaba concebido para beneficiar a los bancos.

Esta breve reseña muestra el ambiente dentro del cual se desenvolvió el ministro de economía desde sus primeras incursiones en la administración pública.

El cúmulo de desatinos e improvisaciones en los que incurriera el PEN instigado por su compañero de duunvirato, a pesar de las delegaciones de facultades que sucesivamente le acordara este Congreso de la Nación para enfrentar situaciones vestidas como "críticas", delinean una situación típica de inhabilidad para la gestión de los asuntos públicos (Art. 88 de la CN) para el primero y de por lo menos mal desempeño en el ejercicio de sus funciones para el segundo.

La inconstitucionalidad de las medidas reseñadas ofrecen un trágico pero indubitable panorama de alteración del orden institucional que lleva a concluir que el PEN habría asumido facultades extraordinarias condenadas en el artículo 29 de la CN y que este Congreso de la Nación esta al borde de abdicar su función.

Como legisladores de la Nación no podemos admitir la reiterada afrenta a nuestra Carta Magna y resignar nuestras atribuciones sin con ellas destruir el fundamento de nuestra representación

La deshonra del derecho y de la ley que se ha cometido no ha dejado resquicio para  tolerancias sino para la apertura de la complicidad.

Recurrir a la prudencia como móvil de nuestra cordura seria recoger la ignominia y consentir la caducidad del "estado de derecho" en su mas estricta literalidad liberal.

Parafraseando a Federic Bastiat (1801 – 1850) corresponde preguntarse si el estado social que soportamos no tiene por causa las nuevas expoliaciones ejercitadas por intermedio de disposiciones como las comentadas y del abuso de las delegaciones legislativas que este Congreso hiciera en el Ejecutivo, muchas veces a su pesar.

El decreto 1.570/01 es un auténtico "diktat" de naturaleza absolutista, consecuencia natural de la porfía por continuar por una ruta que es ya ciénaga de la Nación Argentina. La asombrosa incompetencia para usar los poderes delegados nos ha despertado serias sospechas de ocultos fines.

Tal convencimiento se fortalece cuando desde 1976 se enquistaron ininterrumpidamente en el Ministerio de Economía, "gestores de negocios" que desarrollaron y consolidaron  una  estrategia oculta  destinada  a contribuir a instaurar un sistema real de gobierno asentado en la ideología y practica del "TROTZQUISMO FINANCIERO"

El triunfo de la "revolución financiera globalizada y permanente" es la contracara del frustrado propósito de León Trotzky de llevar la "revolución comunista a todos los países del mundo"

Frente a esta situación si hay pasividad institucional - donde las respuestas se agoten en la réplica retórica y episódica y anecdóticas expresiones públicas de repudio u oposición –  somos, sin excepción, cómplices por omisión, idiotas útiles, camaradas de ruta del financierismo, en su versión más patética: la sistematización del saqueo.

Cada día le son mas difíciles las maniobras subrepticias, la simulación y disimulación de sus aviesas intenciones.

Han comenzado a desarrollar acciones de atraco de superficie, revelando hasta que punto las finanzas se autonomizaron del sistema productivo y como su supervivencia debe asentarse en "farsas normativas" de actos  de expoliación y confiscación de bienes nacionales y particulares.

Su consecuencia en la geografía política argentina no puede ser más reveladora. A esta la altura de los acontecimientos la República esta dejando de existir. Desaparece no solo la legitimidad sino también la legalidad. Es de nuestra obligación garantizar la gobernabilidad republicana y democrática de la Nación.

El Congreso de la Nación no puede ser verdugo de un gobierno ya   decapitado.

Recientemente el ministro Cavallo afirmó: "No pasa nada, seguimos trabajando con el Fondo" (Clarín 7/12/01)

El 11 de julio de 1789 Luis XVI escribía en su diario "No pasa nada …", tres días después cuando el pueblo toma de la Bastilla repite: "Nada".

Ante tal escenario el dilema es ser yunque o martillo.

Los recursos judiciales que se intentan son - como en otras oportunidades – la forma de eludir las responsabilidades que corresponden al Congreso de la Nación, a los partidos políticos, a los ciudadanos organizados de derecho y de hecho.

Transferir estas obligaciones y el juicio de sensatez a la administración de justicia es, en la situación que nos encontramos expresión de impotencia o  cobardía, no de prudencia, cautela y serenidad.

Sacar a la política de su cauce natural reduciéndola a las sentencias cuyo valor queda acotado a los casos que se lleven a sus estrados es admitir - sin prueba en contrario - la invalidez intrínseca del sistema representativo.

La emergencia mereció hasta ahora el epíteto de económica. Se eludió la razón política, su verdadera causa.  En tanto conculcaba los principios básicos del liberalismo recurrió a sus pruritos para negar identificar a sus verdaderos progenitores ascendientes y descendientes, extranjeros y locales.

Es nuestra obligación es acabar con la "inflación legislativa" que trata de ampararse en el cuadro jurídico de emergencia económica y con la tolerancia a los "decretos" que impune e inconstitucionalmente ha dictado el PEN porque reunidos en un solo haz han puesto al capital al servicio de la especulación y la especulación al servicio del peor chacal.

Los "buitres" no aparecen sino en circunstancias especiales para cumplir la función natural de su especie. Sus progenitores internacionales y locales se comportan como sus mejores padres: los defenderán siempre aun cuando aparenten renegar de su primogenitura.

La exorbitancia de la deuda externa es reveladora del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, intencionalmente propagada con falsas drogas para aumentar su virulencia.

En resumen, a instancias del ministro de economía se fueron erigiendo situaciones de urgencia para continuar endeudando al país al solo efecto de pagar intereses y anatocismos. La nueva política de los Estados Unidos encabezada por el secretario del Tesoro O’Nelly quiere terminar con el TROTZQUISMO FINANCIERO soltando el seguro implícito del FMI a los prestamistas depredadores. Se esta desenvolviendo una guerra civil fría tan insidiosa como la nuestra pero a escala global.

El gobierno nos ha colocado en ese estado de guerra civil fría donde todos los medios de lucha están permitidos salvo los de la violencia armada ostensible y generalizada en espacios territoriales determinados.

La emergencia es ahora real pero no puede resolverse con los interlocutores actuales que solo pueden ofrecer consensos sin conciencia o consensos con espurios contenidos. El primer ministro francés al volver de firmar el reconocimiento de la anexión de los Sudetes a Hitler en 1938  blandió el texto de la concesión como una victoria de la paz. Ya conocemos sus trágicos resultados. No podemos aceptar un nuevo Pacto de Munich bajo la figura de un Consenso de tal naturaleza.

No podemos tampoco recurrir a la Mascara de gobernar en nombre de Fernando VII o conservar un presidente títere a la manera de las hipócritamente designadas democracias populares de  los países que estuvieron bajo la Cortina de Hierro, para mantener una ficción de gobernabilidad.

Se han expuesto evidencias, suficientemente objetivas y cuantificadas que permiten a terceros – con juicio critico no obnubilado - llegar a las mismas consecuencias arribadas. Son también validas y confiables toda vez que hemos evaluado cuidadosamente el demérito dentro de las circunstancias que las ocasionaron. Son por fin evidencias pertinentes por existir relación lógica contradictoria y manifiesta entre la conducta desplegada por el PEN respecto de las atribuciones de este Congreso de la Nación.  

Es hora de reaccionar y resistirnos a transmutarnos en animales políticos con rasgo reptílico o de hábitat subterráneo. Es mas, debemos adoptar el de nuestros héroes y asumir el deber de reconstituir el Pacto Social quebrado con el empleo las herramientas  que brinda la Constitución Nacional. Así se construye la verdadera gobernabilidad.

La propuesta que realizamos tiene también la intención de provocar una reacción entre resignados, escépticos y creyentes en las soluciones de  la "magia histórica" y  de  la Divina Providencia.

El decreto 1570/01 fue publicado en el Boletín Oficial Nº 27.787 del 3 del actual, primer día hábil posterior a la finalización de nuestras sesiones ordinarias.

Ha sido una maniobra artera. Un conclusivo "golpe de estado" por el cual el PEN se adjudicó subrepticiamente facultades constituyentes y usurpó las correspondientes al Congreso de la Nación.

Se ha pretendido utilizar el receso constitucional con la intención de  paralizar nuestra actividad por tres meses ya que recién entonces se reiniciarán las sesiones ordinarias. Amparándose en la facultad que le concede el artículo 99 inciso 9 de la CN para convocar y determinar los temas de las extraordinarias apunta a privarnos de enjuiciar la validez de sus gestos totalitarios.

Sin embargo la comunicación al Congreso que se hace por el artículo 10 de las normas en crisis nos autoriza a juzgar que se ha producido un estado de prórroga tácita de las sesiones ordinarias del corriente año y avanzar no solo en su tratamiento sino en proponer un sistema que recomponga a la nación del estado de postración colectiva e individual en que se encuentra.

Refuerza nuestro el argumento observar que  "un grave interés de orden  y de progreso" comprometido (Art. 99, inc, 9 in fine) y que el Artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional facultada a este Congreso para " hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina".

En virtud de ello disponemos dictar el REGLAMENTO DE RECOMPOSICION CONSTITUCIONAL para que nuestra Carta Magna vuelva a estar acomodada  al servicio del Bien Común.

Ateniéndonos a que la maquinación destinada a atajar nuestro funcionamiento institucional fue urdida por su ministro de economía, que es de su inspiración, autoría y ejecución los decretos en crisis y que su efecto ha sido el agravamiento de la situación política, económica e institucional y social de la República, encontramos reunidos los requisitos necesarios para declarar abierta para el doctor Domingo Cavallo la instancia del juicio político en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.

Quien es responsable del primer record de recensión por causa propia de la historia económica argentina no puede permanecer impune.

Dado que la conjunción que precede a "inhabilidad del presidente" instituida en el artículo 88 in fine de la Constitución Nacional es disyuntiva, habilita a este Congreso, en ejercicio pleno de sus funciones, a pronunciarse originaria y exclusivamente sobre la concurrencia de tal supuesto. Por consiguiente estamos obligados a  declarar que si el Presidente de la Nación Argentina, doctor Fernando de la Rua, no presenta la renuncia que se le demanda estará incurso en  inhabilidad para el ejercicio del cargo.


volver