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La autoridad del presidente de los EEUU como comandante en jefe de las fuerzas armadas

La constitución, legislación y jurisprudencia de los EEUU con relación a los poderes del presidente de la Unión en materia de ejercicio del poder militar y de comando de las fuerzas armadas debe tenerse en cuenta porque nuestra Carta Magna contiene preceptos similares que debieron ser tenidos presentes antes de procesar al presidente Menem.

Veamos ejemplos significativos. En los CASOS "PRIZE" (1863), la Corte Suprema consideró que Lincoln había empleado sus poderes federales cuando decidió represalias a raíz del ataque del Fuerte Sumpter por parte de los sureños. Señaló, entonces, que el presidente tiene el derecho de determinar el grado de fuerza necesaria para enfrentar la agresión y que si bien carece de poder para iniciar un conflicto armado lo tiene para conducir la guerra.

En 1936, en el caso "USA v CURTISS – WRIGHT CORP", planteado a raíz de que el titular del Ejecutivo había decretado el embargo a la venta de armas a Bolivia la Corte sostuvo que el poder federal del que esta investido el titular del Ejecutivo incluye el de las relaciones exteriores.

En 1983, EEUU envió tropas a Grenada sin el consentimiento del Congreso para proteger la propiedad y la vida de sus connacionales sin obtener reproche judicial ni legislativo (teoría de la aquiescencia del Congreso)

En 1973, la War Power Resolution que buscaba establecer un equilibrio entre los poderes presidenciales y los del parlamento a raíz del conflicto de Vietnam, fue vetada por Nixon quien "argumentó su inconstitucionalidad porque significaba que el Congreso había asumido poderes que correspondían al presidente en tanto comandante en jefe de las fuerzas armadas" Sin embargo hubo insistencia de los 2/3 y fue promulgada.

A pesar de ello se estima que bajo la nueva norma los poderes del ejecutivo son mayores ya que por 90 días tiene las manos libres para actuar sin autorización previa.

El controvertido caso "Irán/Contras", donde fueran juzgados por los tribunales e investigados por fiscales independientes varios funcionarios del gobierno, alcanzando al presidente y vicepresidente, finalizó en 1991 con la liberación de las penas a Oliver North por deficiencias procesales.

En 1994, el Informe Final del fiscal interviniente en la investigación del "affaire", Lawrance E. Walsh, concluyó que tanto Reagan como Bush "tenían algún conocimiento del asunto o de su operación de cobertura" aunque puntualizó "no había evidencias para vincularlos con la comisión de algún crimen"

Manifestó además que "No se había probado mas allá de una razonable duda de que el presidente Reagan conocía que los hechos eran criminales o hizo los criminales los hechos detallados del caso "Irán/Contras" tergiversando lo referente a ellos"

El presidente Bush perdonó, el 24 de diciembre de ese año, al ex secretario de defensa, Gaspar W. Weinberg y a otros seis implicados cuyas penas oscilaban entre los 6 años y 250.000 dólares de multa y dos años de "probation" y 100 horas de servicios comunitarios.

El 3 de septiembre de 1996 la Corte de Apelación del Distrito de Columbia ordenó que el gobierno reembolsara a Ronald Reagan los honorarios y gastos que había incurrido durante la investigación de Walsh por un monto de U$S 562.111,08.

LA DESVIO DE ARMAS A ECUADOR

Sobre la base de los antecedentes mencionados resulta malicioso que se realicen imputaciones criminales al doctor Menem porque no aparecen en la instrucción "evidencias para vincularlo con ningún crimen" que pudiera relacionarlo con su conocimiento efectivo de que el destino del armamento vendido a Venezuela era en realidad para Ecuador y el enviado a Panamá era para Croacia.

En los EEUU también durante seis años un fiscal especial investigó los hechos. El mismo Congreso intervino, como ya señaláramos, en las investigaciones del affaire "Irán/Contras" y "Croacia/Bosnia" y la "razonable duda" no dio lugar a ninguna incriminación. Por el contrario el estado tuvo que hacerse cargo de los gastos legales que incurrió en su defensa el entonces presidente Reagan.

Resulta por ello sospechoso que a pesar de la diligencia puesta por el ex presidente Menem cuando tuvo noticias del posible cambio de destino de los embarques y no habiéndose alcanzado aquella "vehemente presunción " que anota nuestra jurisprudencia, el juez Urso haya acogido los argumentos del fiscal Stornelli para dar por acreditados los extremos del procesamiento con prisión preventiva del doctor Menem

La naturaleza esencialmente política del asunto es prístina cuando nos preguntamos sobre el interés jurídico vulnerado aun si el embarque hubiera tenido por destino asignado Ecuador y no Venezuela.

Si el armamento recibido por Quito era fallado y la munición inútil no se explica por qué fue recibida sin inspeccionar. En toda operación de compraventa si el adquirente de la mercadería la acepta y no formula reservas o comprueba "in situ" los defectos de la provisión, el vendedor queda liberado de responsabilidad.

¿Que bien jurídico que se afectó si el presidente Menem sabia que el destino final del material bélico era Ecuador?

Se argumentó que la Argentina traficó ilegalmente de armas siendo garante, junto con los EEUU, Brasil y Chile, del Protocolo de Río de Janeiro de 1941, que concluyó con la guerra ecuatoriano - peruana de la época.

Es del caso notar que ni el país afectado ni el "beneficiado" con la operación plantearon demandas de gobierno a gobierno sino que es un particular intermediario de la compra ecuatoriana quien la realiza por la mala calidad del material suministrado.

En el plano del derecho internacional "el Protocolo mencionado era válido para los garantes y para Perú pero no para el gobierno de Quito. En 1961 lo declaró nulo al comprobar anomalías en la cartografía utilizada para la demarcación que provenía de la Fuerza Aérea de los EEUU.

Durante treinta años persiguió activamente la nulidad argumentando además que un acuerdo injusto fue impuesto por la fuerza de un ejercito de ocupación peruano actuando a despecho de la ley internacional..." (Guerra y Paz en el Amazonas: Implicancias del conflicto Ecuador - Perú para los EEUU y América Latina, Gabriel Marcella, Departamento de Seguridad y Estrategia, US Army War College, www.ser2000.org.ar)

Por otra parte ni Perú ni Ecuador impugnaron la participación de la Argentina en el acuerdo de paz que diera lugar a la demarcación fronteriza definitiva en 1999.

EEUU, otro de los garantes había enviado a Ecuador, un año antes de la guerra equipamiento por el sistema FMS por U$S 876.000 y en 1995 por U$S 205.000 para equipamiento y U$S 67.000 para construcciones, haciendo un total de U$S 1.248.000 en dos años

Perú había adquirido en 1994 armamento de los EEUU bajo el sistema DCS por U$S 203.000 y en 1995 por U$S 2.643.000. Total: U$S 2.846.000 también en dos años.

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