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En todo juicio penal la presunción de la inocencia arraigada desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 así como las garantía de defensa reclama del acusador publico sustentar su deber sobre los valores de prudencia, imparcialidad objetiva y aptitud técnica en tanto plexo axiológico para construir las imputaciones.

Su sólida fundación estará dada por un método que enaltezca:
a) Las pruebas materiales concluyentes,
b) El criterio deductivo en el juicio de certeza colectados por la investigación,
c) El criterio inductivo en el juicio de certeza basado en discernimientos de indicios y circunstancias.

La densidad de cada uno de estos elementos, su descarte o convergencia son los que darán arquitectura a la apreciación judicial. En la labor procesal se deberá estimar la calidad - ausencia de antecedentes, imputabilidad funcional - del sospechado.

A partir de entonces se puede tipificar la recriminación y disponer como medida excepcional e imprescindible la restricción de la libertad ambulatoria. Estos son los componentes indispensables para la prosecución de un proceso penal inobjetable, liberado de la tacha de parcialidad, cuando no de opresión.

Su armónica integración tiene además por propósito proteger un interés jurídico nada desdeñable, evitar que la sola citación a indagatoria sea automáticamente transformada en sentencia infrajurídica de culpabilidad dictada por opiniones fundadas en pasiones de vindicta o de sacramental exculpación.

El incumplimiento de tales requisitos (véase "indicación del hecho", Francisco J D’Albora, CPPN. Abeledo-Perrot, 4 edic. paga. 506,1999) en la indagatoria al doctor Menem, continuó con su detención provisoria hasta obtener el auto de procesamiento con prisión preventiva.

Tal resolución fue adoptada a pedido del fiscal Stornelli quien estimó que existían "en el legajo elementos de convicción de entidad suficiente para responsabilizarlo de los delitos de jefe de una asociación ilícita y de falsedad ideológica" consumados en distintos decretos de ventas de armas.

El consecuente auto de procesamiento dictado por el magistrado de la causa recaído en quien fuera presidente de la nación acentuó - desde el punto de vista sociológico - la ubicación del proceso en el terreno político.

Cualesquiera sea la resolución que adopte la Cámara Federal ante la apelación que se formulará, dispara efectos plurales que afectarán no solo su porvenir personal sino que, por su carácter incomparable y excepcional, repercutirá en la conciencia e historia colectiva de la Argentina. Es muy probable que los ardores encendidos no se apaguen.

En nuestro propósito de objetividad no deja de causar extrañeza la liminar aceptación por parte del juez Urso del "mérito incriminador" en orden a los delitos apuntados por el fiscal.

Es impropio que la defensa haya caído tanto en una línea argumental en franco desuetudo, cual es la de la injusticiabilidad de los actos de gobierno, como en un debate que tiene su núcleo en la figura de la asociación ilícita tipificada por el acusador y respaldada por el juez. La cuestión es de singular relevancia toda vez que sobre esa construcción apriorística, las partes están confirmando el desenvolvimiento de la causa.

Antes de adentrarnos en la critica externa, que a nuestro juicio hace caer la instrucción "ab initio", nos vemos compelidos a abordar la critica interna del caso sobre la base de los que se consideran "elementos de convicción" colectados por la fiscalia para responsabilizar de los delitos mencionados al ex titular del PEN.

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