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EL RITO DE LA GLOBALIZACIÓN DE LA DESCONFIANZA PUBLICA

No parecen caber dudas de que estamos frente a una "calificación camaleón" que tiene aquí un doble y profundo significado místico orientado a la "salvación" de la moral publica. En primer lugar se identifica al hecho con el pecado. El "affaire" de las armas resulta ser "la máxima manifestación de corrupción" provocada por una banda cuyo jefe revistaba el doble carácter de cabecilla de una sociedad delictiva y de jefe del gobierno (Articulo 99, apartado 1, de la CN)

A partir de allí surge la necesidad redentora a través del rito de la purificación en las aguas expiatorias de la legalidad de la que no esta ausente la expiación punitiva. Su legitimación estará a cargo de cierto trabajo intelectual que impone - a través de las instituciones publicas - valores uniformes sobre lo "judicialmente correcto" Progenitores y seguidores de tales construcciones justificándose moralmente a sí mismos y entre sí, avanzan en la ocupación de las posiciones que pertenecieron a reyes y religiosos.

Si en consonancia con el enfoque interpretativo aplicado - que algún autor denominó "politician in robes" – la Cámara Federal terminara por conceder viabilidad a la aplicación de la asociación ilícita los actos de contenido patrimonial dictado por un ex integrante del PEN así como por funcionarios de reparticiones publicas estarán signados por la sospecha que conducirá a la inversión de la carga de la prueba y "al sacrificio de la política jurídica a la económica" (Radbruch, citado por Miguel A. Ciuro Caldani, Derecho y Política, De Palma, 1975, nota 243, pag. 103)

Los efectos deletéreos se expandirán también allende nuestras fronteras dando lugar a la globalización de la asociación ilícita como figura aplicable a ex mandatarios ("Brasil habla del efecto Menem", Ámbito Financiero, 4.7.01)

En lugar de presunción de legalidad de los actos administrativos (articulo 12 de la llamada ley 19.549) estaremos frente a presunciones de ilegalidad. Por ese camino no será extraño que las resoluciones y sentencias judiciales merezcan también esta presunción.

El fiscal Stornelli avanza peligrosamente en esta dirección cuando califica al ex presidente como jefe de una asociación ilícita. La calificación penal elegida describe un adelantamiento de sentencia, es decir expone una actitud psicológica asentada en un sentire, en un estado emocional de vindicta que extravía el desarrollo de un proceso objetivo.

Estamos ante una turpitudo iuris (deformidad del derecho) no solo por las razones apuntadas sino también porque: se desecha el titulo constitucional con el cual actuó el procesado, se desconoce el verdadero efecto jurídico de los actos administrativos reprochados, es notoria la ausencia de discernimiento autónomo para fundamentar el dictado del auto de procesamiento, es impropia y vergonzante la "disculpa" formulada por el juez al imputado en ocasión de la primera indagatoria.

Con elaboraciones sofisticas que dan a las palabras fuerza psicológica descollante en detrimento de la comprensión del plexo probatorio, trata de presentar "elementos de convicción suficientes" para que se estime que "hay un hecho delictuoso y que el imputado, el ex presidente Menem, es culpable. (articulo 306 CPPN) ( 1) El juez las acepta a pesar de que la "convicción" no alcanza la entidad de presunción. Su larga argumentación se explaya en hechos cometidos "ex ante" y "ex post" AUTORIZACIÓN de exportación dada por los decretos en cuestión pero en ningún caso surge la congruencia que demanda la convicción.

La turpitudo iuris se corrobora en la trabajosa urdiembre del vinculo criminal entre ambos "tempos" (los susodichos decretos) así como en el alambicamiento desplegado para abonar el reclamo del auto de incriminación y el de procesamiento.

Aun si fuéramos más benévolos en la calificación nos encontramos con razonamientos que convergen en el principio de la duda, que dirige hacia la aplicación del articulo 309 del CPPN (prosecución de la investigación con libertad del detenido) A pesar de ello se aplica el criterio contrario.

Se considera al ex presidente "prima facie" penalmente responsable de la comisión de los delitos de asociación ilícita, en carácter de jefe - artículo 210 segundo párrafo del Código Penal-, y falsedad ideológica de los decretos P.E.N. nros. 1.697/91, 2.283/91, 1.633/92 y 103/95 -art. 293 del C.P.- (artículos 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación)." y, " tal como lo prescribe el artículo 312 del catálogo ritual -en atención a la escala penal prevista por el Código Penal " para tales ilícitos, dispone la prisión preventiva.

Todo esto a pesar de que el escrito de acusación del fiscal Stornelli ya apuntalaba nuestro parecer: Veamos sino: "Difícil resulta demostrar en juicio, expresa, la existencia de las asociaciones ilícitas, en razón de ser casi imposible acreditar pactos verbales secretos y a veces tácitos. Pero, cuando de este tipo de acciones criminógenas se trata –y esto es lo que debe tenerse en cuenta al momento de formarse convicción- el criterio sobre la apreciación de la prueba debe ser muy amplio, precisamente porque la asociación delictiva debe presumirse, de tal manera que el sólo hecho de la comprobación de uno o varios sucesos, debe bastar para aceptarlos como presunción real, positiva y seria, de la existencia de un grupo que, si se organiza, no lo hace para un solo hecho, sino para una continuidad de acciones"

Trata de reforzar su opinión con una cita doctrinaria. "Abel Cornejo, refiere el fiscal Stornelli, dice que si bien para verificar la existencia de una sociedad ilícita no es menester ninguna forma sacramental, tal aserción de ningún modo excluye la posibilidad que dentro de una sociedad legalmente formada se geste o funcione una asociación ilícita en los términos del articulo 210 del Código Penal, destacando por otra parte que una sociedad cuyo objeto es inicial y esencialmente lícito, puede ser afectada por la conducta de parte o de todos sus miembros en la comisión de delitos, sin que por ello deje de desarrollar actividades lícitas; siendo la cuestión a desentrañar el saber hasta qué punto se realizaron unas u otras actividades (autor citado, "ASOCIACION ILICITA", edit. Ad Hoc, pág. 59/60)"

Pero tal desentrañamiento es decir la averiguación cuya factura cuestionamos fue realizado sin previamente entrañarse o sea sin introducirse en lo mas interno de la cuestión: el atributo especifico que detentaba el ex presidente de la nación cuando produce los actos administrativos de AUTORIZACIÓN de venta de armamentos.

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