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EXTRALIMITACION EN LAS FUNCIONES DEL FISCAL

A pesar de que la doctrina y jurisprudencia es pacífica en cuanto a la no justiciabilidad de la conveniencia y oportunidad de una decisión esencialmente política del ejecutivo para garantizar la independencia de los Poderes, el fiscal Stornelli abre opinión acerca de la afectación de la capacidad operativa de las FFAA y aprecia como disvalor la rapidez del despacho de los decretos. Vuelve a inmiscuirse cuando expresa que Bolivia no "habría" estado interesada en una compra de armas. El verbo haber puesto en su potencial "habría" se repite 65 veces en el pedido de auto de procesamiento.

Otra clara expresión de la extralimitación de su función se encuentra en la referencia a la aptitud de Panamá para absorber armamento, cuando en todo caso debió basarse en la acreditación de que Panamá no adquirió armas. Sobre la cuestión cabe recordar.

En 1998 las Islas Salomon con 400.000 habitantes pero sin ejercito y con unos pocos efectivos de control de tránsito compró armas pequeñas (small arms) incluyendo ametralladoras, a los Estados Unidos por valor de U$S 3.4 millones. El Pentágono y la Oficina de Aduana temían que podían ser enviadas a los rebeldes de la cercana Nueva Guinea. Sin embargo el Departamento de Estado consideró que dichas armas eran "necesarias para la policía y que contaban con las correspondientes licencias".

La investigación no prosperó porque por tratarse de material militar de pequeño calibre la Oficina de Aduana de Washington no pudo facilitar información a la investigación abierta con posterioridad por el nuevo gobierno de las Salomon por considerarse "información confidencial sobre negocios comerciales"Tampoco pudieron las nuevas autoridades de las Salomon profundizar la investigación sobre la firma vendedora, Century Arms, una de las más grandes traficantes de armas pequeñas de EEUU porque la Aduana declinó proveer datos sobre si la empresa había recibido licencia para actuar en el ramo.

El Departamento de Estado declaró que podía dar datos al Congreso de la Unión solo en el supuesto de que las transacciones excedieran los U$S 14 millones. Defendió no obstante la remisión del material porque sería usado por la policía Real de las Islas Salomón (The New York Times, 6.6.98)

Al detenerse sobre la metodología y la implementación de los llamados "decretos marco" no esta claro si se está refiriendo a que los decretos han sido elaborados con un marco ilícito o si lo que resulta impugnable es que se haya empleado una técnica legislativa del tipo marco.

Apuntemos dos cosas. La elaboración de disposiciones legales normalizadas tiene valor jurídico intrínseco neutro. No es el marco el que otorga licitud o ilicitud. En segundo lugar que los decretos hayan sido confeccionados con tal método es de buena practica legislativa ya que permite un rápido y más fácil análisis.

Hay que tener presente que en ninguna de las normas promulgados por el doctor Alfonsin de autorización de salida de armamentos se guardó sistemática jurídica alguna.

Del relato de la documentación que avalan la presentación de la fiscalía no se desprende ninguna pieza que involucre la responsabilidad delictiva del ex presidente en la figura por la que se pidió y decidió su procesamiento.

Sin embargo la fiscalía apoya su criterio de la maniobra ilícita perpetrada por el ex titular del PEN en un deliberado acto de ocultación ordenado o consentido por el mismo, al mencionar una nota obrante en la causa que debió decir "esa" y no "ésta" y al señalar la falta de foliatura y fotocopias autenticadas. De acuerdo con las normas del procedimiento administrativo se trata de irregularidades que debieron ser salvadas por sus subalternos.

Tampoco tiene valor para endilgarle al doctor Menem el delito de asociación ilícita considerar "comprobado que varios funcionarios insertaron o hicieron insertar manifestaciones falsas" Tal incriminación esta referida a éstos y no con quien dio la "autorización" quien aparece entonces con la voluntad viciada por el engaño.

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