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LOS CAÑONES CITER

El pedido de procesamiento da de conocimiento del ex presidente de la nación la presencia de cañones CITER, de proveniencia argentina, en Croacia. Pero no precisa cuándo, cómo y por quién se informó. No se alude a pruebas al respecto por lo que debe tenerse por válida que la toma de conocimiento de presuntos ilícitos por parte del ex presidente fue a través de la información periodística que mereció la réplica de suspensión de los efectos de los decretos.

Adentrándonos mas en la cuestión se repara que el fiscal Stornelli se ocupa de su individualización para probar el falso destino de dicho armamento. Indica entonces que "la prueba más decisiva de la salida de esos cañones fueron los testimonios de Lago (fs. 5174/78) y Calleja (fs. 5273/76) quienes relataron su viaje a Croacia para asesorar sobre el funcionamiento de los cañones CITER" lo cual "permiten verificar, dice, el destino de los materiales en aquel país, los dichos de aquellos agentes de la fábrica de Río Tercero, se erigen con innegable valor convictivo avalando la existencia de esos tres cañones - nros. 14, 49 y 50 - entre los pertrechos de las fuerzas militares croatas en el mes de septiembre de 1993, previa salida del ámbito de aquella fábrica militar en mes de agosto de ese año "

Pero es del caso anotar que la prueba de testigos es contribuyente pero insuficiente si no esta acompañada por los elementos materiales del ilícito.

Por ello es que el valor "convictivo" que le asigna el fiscal Stornelli a los testimonios solo es indiciario, pero no prueba concluyente. Para ello se requiere de una pericia del material bélico de marras en Croacia, tanto para verificar su numeración o alteración sino también para evaluar su antigüedad.

La necesidad de tal diligencia se refuerza porque
por decreto 1723/84 del gobierno de Alfonsin se exportaron 18 cañones del mismo calibre (155 mm) y, por decretos sucesivos, abundante munición.

Aun dentro de la perspectiva del fiscal hay otro aspecto importante para resaltar. No reparó que el ex presidente con los decretos de exportación de armas realizó desde el ángulo técnico – administrativo un acto de tramite. La decisión concreta emergente de todos ellos fue "AUTORIZAR", es decir facultar a una repartición administrativa a ocuparse de salidas del país de material militar detallado con su respectiva posición arancelaria.

Se fortifica esta posición con relación al decreto 103/95 cuando después de la reforma del 94 el titular del ejecutivo es el responsable político pero el que tiene a su cargo el ejercicio de la administración general del país es el jefe de gobierno por disposición del articulo 100 de la CN.

El ex titular del PEN realizó un ACTO PREPARATORIO que no puso fin a la gestión ni al tema, tal como se deduce de la Ley de Procedimientos administrativos, artículos 9, 62, y 85.

En otras palabras otorgó un mandato que aparecería infringido por el o los mandantes, sin conocimiento del poderdante. Los decretos de suspensión de los efectos de la orden de autorización de envió de armas a Panamá, 298/96 y 299/96 y el levantamiento del secreto por decreto 472/96 sobre los de exportación de armas promulgados no solo por su gobierno sino también de los emitidos durante la presidencia de Alfonsin, y la investigación ordenada a la Procuración del Tesoro, abonan con holgura el cumplimiento por su parte del cumplimiento de los deberes del funcionario publico. La publicación ordenada facilitó el conocimiento de los hechos y la actuación de la justicia. Ninguno de estos actos fueron evaluados por la fiscalía.

Una lectura de mala fe dirá que se trataron de actos de "insolente impunidad" anudados en el divino designio de la imposibilidad de comprobar los ilícitos que cometía. Quienes lo hacen olvidan que si el ex presidente procedió así, transgredió uno de los principios maquiavélicos cuya practica le adjudican y que dice "deben, pues, los hombres, antes de tomar una determinación, calcular bien sus inconvenientes y peligros y no adoptarla, cuando sea mayor la exposición que la utilidad"

La calificación criminal indicada por requerir el procesamiento denota una apreciación subjetiva que desorbita las facultades de la fiscalía.

"En el precedente UNITED STATES vs. NIXON (418 U.S. 683. 1974), cita el doctor Stornelli, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América consideró frente al planteo del Presidente Nixon alegando que la doctrina de la separación de poderes impedía la revisión judicial de un privilegio por él invocado y que la exigencia de privacidad en las comunicaciones de alto nivel demandaba una exención absoluta contra una subpoena, que ni la doctrina de la separación de los poderes ni la exigencia general de confidencialidad de las comunicaciones de alto nivel podían sustentar, sin más, el privilegio presidencial absoluto e ilimitado de inmunidad frente a los procedimientos judiciales en cualquier circunstancia.

Esta referencia no es pertinente dado que esas comunicaciones no tenían por objeto proteger la seguridad nacional. No estaba ejerciendo un poder constitucional ni derivado por el Congreso. Por el contrario resaltaba fulgurante una verdadera actividad ilegal consistente en el uso de la prerrogativa presidencial para disponer acciones de espionaje con fines proselitistas contra el principal partido de la oposición.

Se priva de aclarar que el pronunciamiento de la Corte se realiza después de constatar que "esta ausente la necesidad de proteger secretos militares diplomáticos o secretos de sensitiva seguridad nacional y señalar la "total revelación de todos los hechos dentro del marco de las reglas de la evidencia" (también UNITED STATES vs. NIXON (418 U.S. 683. 1974).

Para no tener una visión parcial, aun si admitiéramos para el caso Menem la validez de la cita, digamos que en dicho juicio se compaginó dentro del "acuerdo sobre el alto grado de respeto que merece el presidente de los EEUU" y que la afirmación en el caso "United States vs. Burr", de que "en ningún caso de esta clase de juicios puede la Corte ser requerida a proceder contra el presidente como lo hace contra un individuo ordinario (25.F. Cas. at 192) debía ser leída en el sentido de que el presidente no estaba por encima de la ley sino que tenia un singular y único rol bajo las normas de las comunicaciones presidenciales"

En el pedido de procesamiento no se detecta la aplicación de "reglas de la evidencia" para inferir su actuación como jefe de una asociación ilícita sino que por el contrario no se realiza tan siquiera una lectura sobre su singular y único rol bajo las normas constitucionales.

Estamos lejos de sostener que los actos de los funcionarios de la administración que importen una actuación reñida con la ley están exentos del debido control jurisdiccional penal cuando exista la seria sospecha de que esos actos pudieran infringir alguna norma del Código de fondo.

Sin embargo estimamos que se avanzó con ligereza en dirección contraria. Se consideró que estaban presentes la capacidad plena, las condiciones y circunstancias que confluían para adjudicarle la dirección de una asociación ilícita sin analizarse un elemento decisivo: la punibilidad.

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