THE BUENOS AIRES AFFAIRE:
LA MALLA JUDICIAL QUE ENCERRO A CARLOS MENEM INCLUYE A UN MIEMBRO DE LA P2.
 

En los últimos días prácticamente todo se ha dicho sobre la detención del ex presidente, Carlos Menem. Los aspectos procesales, políticos y hasta geopolíticos que incluyen al ex embajador en Belgrado y miembro de la P2, Federico Bartfield(*), amigo personal de Milosevic han sido exhaustivamente analizados por los medios.
Por ello Harry se limitará a transcribir documentación producida por la sala 2 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Federal Penal que deja librada a la interpretación e inteligencia del lector.

ARMAS - CAMARA FEDERAL - SALA II

Causa nº 17.062
"Gonzalez, A. y otros s/procesamiento".
Juzg. Federal nº 8 - Sec. nº16
4/4/01

Buenos Aires, 4 de abril de 2001.
Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
I- Que las presentes actuaciones se elevan a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la decisión del Sr. Juez de grado que en copias se encuentra agregada a fs. 1/67 del presente incidente, mediante la cual decreta los procesamientos de Antonio Erman González y Juan Carlos Olima en orden al delito de falsedad ideológica de los Decretos 1697/91 y 2283/91, y de Guido José Mario Di Tella por el delito de ocultación de pruebas.
Por su parte, el Sr. Agente Fiscal recurre el decisorio en cuestión en orden a las faltas de mérito que se dispusieran en relación al decreto 1633/92 -respecto de los tres imputados-, y por la falsedad ideológica de los decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95, y por el ¡lícito previsto por el artículo 219 del Código Penal imputados a Di Tella.
II.- Como primera cuestión, deben los suscriptos expedirse en punto a lo solicitado por la defensa de Antonio Erman González al efectuar la presentación que obra agregada a fs. 235/49 del presente incidente, en cuanto sostiene la inexistencia de falsedad ideológica en un decreto.
Y al respecto, mantiene esta Alzada el criterio sentado al resolver el incidente nº 11.902 "Monner Sans", registro nº 13.039 de fecha 19 de abril de 1996, y que corresponde a estas mismas actuaciones.
En tal oportunidad, se sostuvo que no escapaba a los suscriptos las citas jurisprudenciales acompañadas (ver causa nº 12.802 "Lanusse, A.A." del 13/12/77, reg. nº 440; de la Sala I causa nº 20.873 "Mazzorín" del 21/3/89, reg. nº 106 y causa "F.N.I.A.", del 11/3/9l). Pero tal como se afirmara en ellas Creus ha expresado con acierto la uniforme doctrina sobre el punto. El documento -dice- podrá estar formado por el relato de distintas circunstancias que tienen que exponerse para completar su forma, pero no constituirá su destino la acreditación de todas ellas. La ley no pretende punir con falsedad ideológica la mentira sobre cualquier factor de composición del documento aún cuando fuesen formalmente requeridos, sino la mentira sobre las circunstancias que son sustancialmente imprescindibles para su destino como especifica figura jurídica, es decir, sobre el destino que se informa en el sentido jurídico del documento. Sólo sobre aquello que el documento prueba con efectos jurídicamente propios de documento público puede considerarse la falsedad ideológica punible según el artículo 293 (Conf. Carlos Creus "Falsificación de documentos en general", pág. 135 Editorial Astrea, Buenos Aires 1986).
Resulta también pertinente recordar que la distinción de los documentos en dispositivos y probatorios, como principio general, ninguna relevancia tiene para la tutela penal, pues un documento dispositivo puede tornarse en documento probatorio.
Ahora bien, en punto a las declaraciones falsas que se hicieron insertar y que deben ser concernientes la un hecho que el documento deba probar de modo que pueda resultar perjuicio, ha de precisarse que aquí se falseó nada menos que lo atinente al destino que tendrían las armas.
III- Sentado ello, corresponde entonces expedirse en punto a la cuestión de fondo que aquí se debate.
Pero previamente, y respecto al agravio del Sr. Agente Fiscal vinculado a los hechos relacionados con la firma del Decreto 1633/92, habrá el Tribunal de remitirse a los argumentos vertidos al expedirse en el incidente que bajo el número 15.810 fuera resuelto en el día de la fecha, los que se dan aquí por reproducidos y llevan a confirmar el temperamento que al respecto adoptara el instructor.
IV- Para comenzar el análisis de los hechos y responsabilidades sometidos a revisión de esta Sala, cabe recordar que tal como se sostuviere hace cinco años (ver causa nº 11.907 "Monner Sans", rta. el 19/4/96, reg. nº 13.039), esta pesquisa debía encaminarse hacia aquellos sujetos con nivel decisorio capaz -en principio- para organizar y ejecutar cuestiones de esta trascendencia.
Así, se sostuvo que resultaba difícil aceptar que sucesos como los que nos ocupan hayan ocurrido merced a la grosera impericia de ciertos funcionarios públicos, facilitando de ese modo el engaño por parte de terceros inescrupulosos, resultando necesario pensar que los hechos materia de investigación hubieran desbordado la esfera del ex Director de Fabricaciones Militares.
Ahora, en esa línea de razonamiento y atendiendo a todo el material probatorio que se ha ido colectando a lo largo del sumario, puede sostenerse-, que la totalidad de las maniobras que aquí se investigan no se desarrollaron como un evento aislado, sino que lo han sido de forma metódica e implicaron la comisión de diversos ilícitos a los fines de ocultar el verdadero destino que habría de darse al material bélico a exportar.
Para ello, resultó necesaria la intervención de varios funcionarios del Estado y sus dependientes, pidiendo distinguirse claramente a esta altura dos niveles distintos de intervención: un primer grupo de personas con decisorio suficiente a los fines de llevar adelante las maniobras propuestas, y un segundo integrado por quienes tenían a su cargo la función operativo -tratativas con las empresas que intervinieron, disponibilidades, preparación del material, transporte, embarques, etc.-, los que actuando en conjunto y coordinadamente, lograron llevar a cabo tales objetivos.
De este modo, puede afirmarse que el origen de las maniobras en cuestión no habría sido la dirección General de Fabricaciones Militares, sino que las decisiones habrían partido desde niveles superiores del Estado, hacia los distintos ámbitos encargados de su ejecución.
En tal sentido, y si bien un grupo de personas ha sido escuchada a tenor de la infracción al artículo 210 del Código Penal, debe repararse que no se ha adoptado aún tal criterio en relación a los funcionarios responsables de tornar tales determinaciones, motivo por el cual habrá este Tribunal de encomendar al Sr. Juez de grado que analice la posibilidad de ampliar las declaraciones indagatorias de estos últimos en el sentido indicado.
V- Sentado lo anterior, corresponde adentrarse en el análisis de las situaciones procesales de Antonio Erman González y Guido José Mario Di Tella.
En idéntico sentido, y a los fines de valorar la prueba acumulada en relación a los arriba nombrados, no puede perderse de vista que su intervención habría pasado por aquel segmento de la maniobra que guarda menos vinculación con el contacto directo con las armas y su proceso de recolección y transporte, así como que también la decisión a tomar en este auto lo es con el grado de provisoriedad propio de esta etapa procesal.
a- Situación procesal de Antonio Erman González:
Como primera cuestión y respecto de la nulidad de la resolución cuestionada por tener - a criterio de la defensa- una fundamentación aparente, debe señalarse que tal decisión ha sido dictada en los términos del artículo 308 del ordenamiento procesal, por lo que el agravio del incidentista alude a la valoración que de la prueba efectuara el Sr. Juez de grado, al cual seguidamente habrá de darse tratamiento.
El nombrado se encontraba a cargo del Ministerio de Defensa al momento en que se dictaron los Decretos 1697/91 y 2283/91, habiéndolos firmado autorizando la venta de material bélico con supuesto destino a Panamá.
Debe señalarse que a la fecha de los hechos Fabricaciones Militares -organismo clave en todo lo relativo a los trámites que culminaran con las ilegales exportaciones de armas-, funcionaba bajo la órbita del ministerio a su cargo, siendo el responsable de la actividad que allí se desarrollaba, de conformidad con las disposiciones de la ley 12.709.
En tal sentido, resulta inadmisible sostener que González haya permanecido ajeno a todos los detalles de los trámites que se fueron gestando dentro del ámbito de la Dirección General de Fabricaciones Militares, limitándose sólo a la firma de lo que llegaba para su aprobación, mas aún teniendo en cuenta que se trataba de dos operaciones de venta al exterior de grandes cantidades de material bélico y que aún así, no haya adoptado un mínimo control sobre lo actuado.
Y sobre el punto, ninguna relevancia adquiere la circunstancia de haberse producido un solo embarque durante el ejercicio de su función, desde que se encuentra debidamente acreditado que el destino de las armas no fue el producto del desvío por parte de sus compradores.
Sobre dicha cuestión, no puede soslayarse la situación en que se encontraba Panamá a la fecha de los hechos, pues si bien no habían sido aún "abolidas formalmente" las fuerzas armadas en dicho país (ver declaración del imputado de fs. 10.078/86), cierto es que éste había sido ocupado militarmente por los Estados Unidos en el año 1989, lo que no pudo pasar inadvertido a la hora de firmar la autorización para una exportación de ese tenor.
Si bien tal circunstancia no implicaba la ausencia de fuerzas de seguridad, debe señalarse que la cantidad y el tipo de armamento autorizado por los decretos en cuestión excedía ampliamente su normal provisión. Repárese además que cae se aumentaron considerablemente y sin explicación alguna las cantidades oportunamente requeridas por la empresa peticionante y, además, se incluyeron productos que en ningún momento fueron solicitados, y menos aún cotizados.
A modo de ejemplo de lo expuesto, debe señalarse la inclusión de gran cantidad de armas y munición -calibres 9 mm., 5,56 mm., 7,62 mm. y 12,7mm-, 188 morteros de distintos calibres, mas de 65.000 granadas de diverso calibre, 52 lanzagases, 805 cohetes Pampero calibres 105 mm. y 200 misiles, entre otros elementos, ventas estas que ascendían a la suma de $15.878.500 y $28.892.716 respectivamente (ver anexos 23 y 54).
Ninguna relevancia cabe asignar al descargo vertido por González en oportunidad de prestar declaración indagatoria ante esta sede (fs. 10.078/86), en relación a la inexistencia de elementos que le hubiesen permitido advertir sobre la falsedad del certificado obrante a fs. 19 del anexo 27, separador 2, pues debe señalarse que él sólo consignaba que la República de Panamá había solicitado a la firma "Debrol S.A.." que hiciese una cotización de armamento liviano y que, de concretarse las negociaciones, sería utilizado en dicho país.
Como puede verse, lejos está de tratarse de un "certificado de destino final" - de acuerdo a la práctica de aquel momento-, sino que su expedición sólo aparece dirigida a reflejar un aspecto que nada tiene que ver con un firme compromiso ante la posibilidad efectiva de una exportación, no alcanzando tampoco a advertirse de su texto la existencia siquiera de una avanzada negociación al respecto.
Por otra parte, repárese en el falso certificado de destino final presentado en el marco del trámite que culminara con el dictado del segundo decreto, ampliatorio del firmado días antes, y que obra agregado a fs. 5 de la carpeta "Decreto Nº 2283/91" del anexo 54, el que tampoco cumple con los requisitos exigidos para ser considerado tal.
Y en ese sentido, no advierten los suscriptos los motivos por los cuales, frente a la exportación' de gran cantidad de armamento bélico destinado al mismo país, efectuada con la intervención de la misma firma y con motivo de una ampliación de la solicitud ya formulada, hayan existido dos certificados de destino final que resultan claramente diferentes, tanto en su aspecto formal como en el sustancial, firmados además por distintas personas, circunstancia que no pardo haber pasado inadvertida por González.
Al respecto, no debe soslayarse el escaso lapso de tiempo que transcurrió entre la firma de ambos decretos, siendo además que para el dictado del segundo de ellos, aquél se pronunció favorablemente firmando el acta de la Comisión Tripartita que en dicha oportunidad integrara (ver fs. 13/7 de la carpeta respectiva del anexo 54), sin haber dado tampoco cumplimiento a las disposiciones contenidas en el acta 7 de la citada concisión.
De otra parte, no menos relevante resulta la celeridad con que se tramitaran las firmas de ambos decretos, los que fueron dictados el 27/8/91 y 31/10/91, siendo que el pedido de cotización de la firma "Debrol" había sido recibido en la Dirección General de Fabricaciones Militares el 5 de agosto del mismo año, es decir, apenas veintidós días a es de la primera autorización (ver anexo 27).
Nótese además que durante el mes de agosto de 1991, habían ingresado al Ministerio de Defensa otras tres solicitudes de armamento con destino final "legítimos usuarios" de la república de Panamá, interviniendo en ellas tres empresas distintas, habiéndose dictado con fecha 13 de marzo de 1992 las respectivas autorizaciones (le ventas, mediante resoluciones conjuntas del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (conf. anexo 212 de documentación).
Llamativo resulta entonces que en un plazo máximo de ocho meses, se hayan autorizado cinco ventas de armamento y material bélico al mencionado país, cuyas particulares circunstancias en relación a su situación política han sido ya señaladas.
Y debe tenerse presente que antes de la firma de los decretos en cuestión ya existía información en el Ministerio de Defensa sobre la venta de ilegal de armas a Yugoslavia, tal como surge del memorándum nº 10. 181/91, glosado en la carpeta 1999 del anexo 168.
Si bien para esa fecha aún no habían sido elevados al citado ministerio los proyectos respectivos no menos cierto es que -frente a tal información -, debieron haberse adoptado los recaudos necesarios a los fines de evitar un posible desvío siendo que, por el contrario, se tramitaron y autorizaron las ventas de importante cantidad de material bélico soslayando toda medida de control sobre el tenia.
Tal suma de irregularidades, toleradas por el titular del Ministerio de Defensa, sólo se compadece -a esta altura procesal- con el conocimiento por parte de González sobre la falsedad del destino que se consignara en los decretos en cuestión, lo que determinará a los suscriptos a confirmar el procesamiento que a su respecto fuera decretado.
b- Situación procesal de Guido José Mario Di Tella:
El nombrado se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores a la fecha de los hechos, habiendo firmado los decretos por los cuales se autorizaran las ventas de armas con destino a Panamá, y Venezuela.
Ahora bien, dadas las probanzas acumuladas a lo largo de la presente instrucción, es que el Tribunal habrá de decretar el procesamiento de Di Tella en relación a su participación en la falsedad ideológica de los decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95, los que sirvieron de cobertura para las ilegales exportaciones de material bélico.
A la serie de irregularidades detectadas en el trámite de las exportaciones, debe sumarse que en el ministerio a su cargo existían numerosas informaciones que daban cuenta sobre la venta ilegal de armamento a países en conflicto, las cuales se originaron aún antes de la firma de los decretos con presunto destino a Panamá.
Tales circunstancias necesariamente requerían por parte del nombrado la adopción de todos los recaudos necesarios tendientes cuanto menos a disminuir los riesgos de un posible desvío. Sin embargo, conforme se ha acreditado en autos, ninguna de estas previsiones fueron tomadas, mas aún, se ha pretendido restar importancia a la totalidad de los cables que fueran recibidos provenientes de distintas embajadas, autorizando así la realización de las ilegítimas ventas de material bélico.
Repárese que, a pesar de todo ello, Di Tella avaló -en un corto plazo-, las ventas de una importante cantidad de material bélico a las que ya se hiciera referencia, y que fueron las autorizadas mediante los decretos 1697/91 y 2283/91.
Deben recordarse además aquellas tres solicitudes de armamento con destino final "legítimos usuarios" de la república de Panamá, que habían sido ingresadas al Ministerio de Defensa en fecha concomitante a los trámites de los decretos que se investigan, habiendo firmado Di Tella las resoluciones conjuntas autorizando tales ventas con fecha 13 de marzo de 1992 (conf. anexo 212 de documentación).
Sobre el punto, cabe aquí hacer idénticas consideraciones que las efectuadas al tratar la situación procesal de Antonio Erman González, desde que aparece cuanto menos llamativo que en un período de. ocho meses se hayan autorizado cinco ventas de armamento y material bélico al mencionado país, bajo las circunstancias referidas.
Sobre esta cuestión, no pueden soslayarse las sospechas que existían sobre la venta de armas a Croacia y Eslovenia, informadas por la Embajada Argentina en Belgrado el 14/6/91, y que originaran la preocupación por controlar las exportaciones (ver memorándum nº 10.181 y 10.235), circunstancia ésta que también fuera puesta de manifiesto por el encargado de negocios de los Países Bajos el 2/8/91 (memorándum nº 10253).
En esta instancias puede afirmarse que tales eventos eran conocidos por Di Tella, pues aún afirmando que el nombrado no tuvo acceso directo a las comunicaciones que eran recibidas, como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que haber sido impuesto de dichas circunstancias, pues se trataban de cuestiones de exclusiva competencia del Canciller máxime teniendo en cuenta su participación a partir de la firma de los decretos.
A ello debe agregarse la carencia de antecedentes con que contaba a los fines de analizar el primer pedido formulado, debiendo destacarse sobre el punto que ni siquiera se contaba con un certificado de destino final válido, de acuerdo a las prácticas de aquél momento, de conformidad con el análisis que fuera efectuado por este tribunal al tratar la situación procesal de Antonio Erman González.
Ninguna explicación valedera ha logrado esclarecer las circunstancias por las cuales, en un período de tres meses, Di Tella avaló las ventas de armamento a un país ocupado militarmente por los Estados Unidos desde 1989, y cuyo destino, en teoría, eran las fuerzas policiales y de seguridad de aquél país, sin contar con los requisitos mínimos exigidos a los fines de autorizar tales exportaciones.
No excluye la responsabilidad del nombrado la existencia de la Comisión de Coordinación de Política de Exportación de Material Bélico, pues -como se ha visto-, la intervención de la citada comisión aparece solo destinada a cumplir con un aspecto formal, aunque no menor, del trámite respectivo, debiendo repararse puntualmente -y tal como refiere el imputado-, que no realizó ningún tipo de consulta con quien integraba la tripartita por cancillería en esa fecha -el embajador Olima los fines (le imponerse sobre detalles de la operación que requería su intervención (ver fs 14.471/82), lo que demuestra claramente la intrascendencia que otorgaba a las consideraciones que podría efectuar tal funcionario.
Por otro lado, no puede compararse la visión de conjunto que el ex Canciller tenía del asunto con aquella que podía tener el representante de ese área en la comisión triministerial.
El análisis efectuado precedentemente resulta plenamente aplicable al trámite otorgado al decreto 103/95, mediante el cual se autorizara la venta de material bélico con destino a Venezuela, el cual fue avalado en similares circunstancias.
Aún mas, para la fecha de su firma, ya se contaba en cancillería con nuevos y numerosos informes que referían sobre la venta ilegal de armas a Croacia, incluyendo a la Argentina entre los países proveedores.
Véase al respecto lo informado por Federico Barttfeld -quien se desempeñaba como embajador en la ex-Yugoslavia-, mediante el cable nº 010165/92, oportunidad en la cual con comunica la existencia de noticias que daban cuenta sobre la importación ilegal de armas, figurando nuestro país como uno de los proveedores de material a Croacia y Eslovenia (ver anexo 168, subanexo 1, apartado 199l). En idénticos términos se manifestó el nombrado en los cables nº 010166/92 y 0 1 0264/92, los cuales reiteran la preocupación referida.
Debe recordarse además lo señalado por el mencionado diplomático a fs. 9384/7, en cuanto manifiesta haber impuesto al canciller Di Tella sobre la existencia de armas argentinas en Croacia en oportunidad de la reunión que mantuviera con el mismo a fines del año 1992.
A pesar de ello, Di Tella nuevamente omitió la realización de un adecuado control sobre los antecedentes que eran presentados a los fines de la autorización respectiva, no pudiendo sostenerse a esta altura -y con los elementos probatorios que referidos-, que tal actitud sea producto de una simple delegación de funciones, sino que ello responde a las maniobras de exportación ilegítimas de material bélico en las cuales intervino el nombrado.
Todo lo expuesto determina al Tribunal a modificar la decisión adoptada por el instructor en el punto dispositivo 3, apartado 1 de la resolución cuestionada y ampliar el procesamiento dictado en relación a la participación de Di Tella en la falsedad ideológica de los Decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95, conducta ésta que comprende aquella que fuera calificada como infracción al artículo 255 del Código Penal.
Finalmente, cabe a este Tribunal expedirse en punto al ilícito a que se refiere el artículo 219 del Código Penal, siendo la falta de mérito que el instructor dictara respecto de Di Tella recurrida por el Sr. Agente Fiscal.
Así, y luego de analizar el tipo en cuestión, sostiene el representante del Ministerio Público Fiscal que -a pesar de las informaciones de las que fue puesto en conocimiento en relación a la venta de armas a Ecuador, no adoptó ninguna medida al respecto.
Y así, señala que "...La ausencia en este legajo de constancias que permitan inferir la realización de alguna actividad -siquiera mínima- tendiente a la efectiva verificación de la veracidad de la información proporcionada y la consiguiente adopción de medidas urgentes que jurídicamente le incumbían en función del rol antes referido, generan a juicio de esta parte convicción suficiente para estimar la responsabilidad del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ingeniero Guido Di Tella, en los hechos anteriormente descriptos. Es que el injusto penal de esta especie de delitos estriba en que los autores han dejado que se produjera, por incumplimiento de sus deberes de garantía, un resultado típico, cuya evitación jurídicamente les incumbía..."
El Sr. Juez de grado sostuvo en la resolución en cuestión que no se había acreditado que las exportaciones llevadas a cabo hayan constituirlo peligro de una declaración de guerra que expongan a vejaciones o represalias o que alteraran las relaciones internacionales amistosas, omitiendo todo análisis en relación al primero de los requisitos del tipo en cuestión, esto es, aquella referencia a actos hostiles no aprobados por el gobierno nacional.
Ahora bien, conforme se ha venido sosteniendo a lo largo del presente análisis, se encuentra acreditado que Di Tella actuó con conocimiento de la falsedad del destino indicado en los decretos en los cuales interviniera.
Sin perjuicio de ello, a esta altura de la pesquisa, y con la totalidad de los elementos ya colectados, los que dan de múltiples y cuantiosas exportaciones de material bélico, comienza a resultar sospechoso, a diferencia de lo sostenido por el Sr. Fiscal, que todos los hechos investigados en este legajo hayan sucedido sin la anuencia de las más altas autoridades con competencia en el asunto, extremo que debería ser analizado.
Y en ese sentido, no puede negarse que las operaciones en cuestión han sido conciliadas entre las autoridades de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, cuya mayor responsabilidad surge evidente si se atiende a las competencias que tienen asignadas, tanto en lo que respecta al tipo y volumen de material negociado como así también a la trascendencia internacional que tales ventas implicaban, todo ello sin perjuicio de las cuestiones de geopolítica continental que puedan subyacer a las decisiones tomadas.
En consecuencia, a esta altura procesal y con los elementos colectados, la ya remanida envergadura de los hechos pesquisados impide concluir del modo que algunos de los involucrados en la cansa pretenden, esto es, por omisiones, desvíos, incumplimientos o desprolijidades en niveles bajos o intermedios de la administración.
De este modo, no puede afirmarse a esta altura que se den en autos los presupuesto contenidos en el artículo 219 del Código Penal a los fines de su imputación en autos, pero debe dejarse sentado que aún en la hipótesis contraria, y sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en una eventual etapa del juicio al respecto, tal conducta estaría concurriendo de forma ideal con aquella por la cual se encuentra procesado el nombrado, no correspondiendo en consecuencia el dictado de un auto de mérito al respecto.
Finalmente, y en relación al embargo dispuesto en autos, corresponde que el instructor adecue el monto impuesto de conformidad con lo que aquí se habrá de resolver, no pudiendo en consecuencia expedirse el Tribunal en relación al agravio introducido por la defensa de Di Tella sobre el punto.
c- Desarrollada ya la valoración probatoria en relación con los arriba nombrados cabe concluir que, en esta etapa procesal, resulta contrario a las reglas de la sana critica pretender sostener que los por entonces ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y Culto hubieran desconocido la realidad de lo que estaban firmando, y que hayan llegado a esa instancia víctimas de la conspiración de un osado conjunto de funcionarios públicos de segunda línea, capaces de movilizar toneladas de armamento -cañones, obuses, fusiles, etc.-, hacia un destino distinto del afirmado en los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, criando el objeto de aquellos resultaba materia exclusiva de sus competencias y funciones.
VI- Situación procesal de Juan Carlos Olima:
Integraba la Comisión de Coordinación de Políticas de Exportación de Material Bélico en su carácter de Subsecretario de relaciones Exteriores y Asuntos, habiendo firmado las actas mediante las cuales se diera opinión favorable a los fines del dictado de los decretos 1697/91 y 2283/91.
Pues bien , los elementos incorporados a la presente investigación no permiten afirmar -con el grado de certeza necesario-, que Olima participara en la falsedad que se le ha imputado, lo que llevará a revocar el procesamiento que su respecto se dictara.
El acta 7 celebrada en la reunión de la Comisión de Coordinación de Políticas de Exportación de Material Bélico el 26/8/86, convino el procedimiento para el futuro en cuanto a la distribución de responsabilidades inherentes al Decreto 1097/85 -de su creación-, señalando la responsabilidad del Secretario de Relaciones Internacionales respecto de la información que periódicamente debía brindar en relación a los países a los cuales no se venderían, armamentos ni productos bélicos por tratarse de "zonas calientes", correspondiendo al integrante del Ministerio de Defensa seleccionar las firmas que gozarán de representaciones y ele toda otra tramitación comprendida dentro de los alcances del Decreto 1097/85 -procedimiento, régimen y documentación necesaria.
No puede soslayarse entonces que de tal disposición surgen diferentes grados de responsabilidad para cada uno de los integrantes de la citada concisión, teniendo en especial consideración los conocimientos que los órganos intervinientes poseen como consecuencia de las específicas competencias asignadas, tal como ya señalara este Tribunal el-, anterior intervención (ver causa 14.600 "Muzi", rta. el 30/12/98, reg. nº 16.139).
Y en ese sentido, debe tenerse presente que la actuación de Olima en la comisión tripartita se encontraba limitada a controlar aspectos relativos al país de destino y la posibilidad de existencia de restricciones o razones de política exterior que desaconsejaran la venta de armamentos al citado lugar.
Como se ve, no resultaba ser el Subsecretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos quien tenía conocimiento sobre todos los detalles y antecedentes de las operaciones que requerían su intervención, mas aún si se repara en que el imputado carecía de aquella visión en conjunto a la que se hiciera referencia al tratar la situación procesal de Di Tella.
En relación a las advertencias realizadas por Vicente Espeche Gil a través del memorándum nº 10277 (ver fs. 40/1 de la carpeta 1 del anexo 170), debe señalarse al respecto que aquellas fueron efectuadas con posterioridad a la intervención de la comisión tripartita, tal como se desprende de su propio texto, surgiendo del mismo además que no se desaconsejaba la venta, sino que correspondía adoptar los debidos recaudos a los fines de evitar imposible desvío.
En el caso, debe señalarse que la intervención de Olima había sido solicitada con carácter muy urgente, no debiendo perderse de vista además que en el caso del segundo de los decretos, para la fecha en que la comisión tripartita emitiera su opinión, ya habían sido firmadas el acta y el proyecto de decreto por el titular del Ministerio de Defensa, en ese entonces a cargo de Antonio Erman González (ver carpeta "Decreto nº 2283/91" del anexo 54).
Es en base a tales elementos que no puede sostenerse -de momento y sin perjuicio del resaltado que arroje la prosecución de la investigación-, que Olima haya participado en la falsedad ideológica de los decretos en cuestión, lo que llevará al Tribunal a resolver en el sentido preindicado.
VII- Aspecto económico de la maniobra investigada; necesaria profundización de la investigación:
Con el objeto de lograr una comprensión más clara del tema a en este punto, resulta conveniente señalar que en las anteriores intervenciones en que este Tribunal se expidiera en las presentes actuaciones, ya se señaló que debía profundizarse el estudio relativo al trasfondo económico de los hechos denunciados (ver fs. 4322/43 del ppal.).
Así se sostuvo al resolver en la causa nº 14.600, reg. 16.139 del 30/12/98 que debía mantenerse, sin pausa, el impulso en punto al esclarecimiento de los aspectos económicos de las maniobras objeto del legajo principal.
Si bien es cierto que la complejidad de los hechos denunciados, la falta de colaboración internacional, la dificultad en obtener la documentación, la demora del Banco Central de la República Argentina en confeccionar el informe solicitado, han sido un obstáculo para lograr un avance significativo en el aspecto aquí tratado, ello no resulta óbice para resaltar que el Sr. Juez instructor es el que debería haber instrumentado las medidas necesarias a fin de velar eficazmente para lograr el progreso de la pesquisa al respecto.
No puede pasar inadvertido, a esta altura de la investigación, que el aspecto patrimonial no ha sido profundizado tal como fuera sugerido por este Tribunal. En consecuencia, ha llegado el punto -de acuerdo a lo que se verá a continuación-, en que resulta imprescindible efectuar un minucioso análisis de todas las constancias obrantes en el expediente.
Ello, en virtud de las atribuciones propias de esta Alzada en el ámbito de las causas que se encuentran sometidas a su jurisdicción, facultad ésta que tiene por finalidad resguardar la buena marcha de los procesos, por lo que se procederá a efectuar un análisis individual de cada una de las empresas investigadas y de los aspectos vinculados ellas, y se abordará la temática dentro de la cual deberá entenderse la presente investigación.
1) Las empresas vinculadas con la Dirección General de Fabricaciones Militares:
- Debrol S.A. International Trade
-Sociedad constituida el 24/7/87 en Montevideo, Uruguay con un capital de u$s 100.000
-Socios fundadores.- Miguel Rozemblum, Marcelo Rozemblum y Daniel Pérez con domicilio en Soriano 887 Piso 4º Escalera 10, Montevideo.
-Escribana certificante: Esther Rozaner Perelman
-Presidenta del Directorio.- Alicia Liliana Barrenechea
-Apoderado.- Diego Palleros
-Domicilio denunciado en Uruguay: Treinta y Tres 1334, Escritorio 13, Montevideo y en Argentina, Ciudad de la Paz 219 6' "A ", Buenos Aires.
La Dirección General de Fabricaciones Militares, designó el 1º de julio de 1991 a Debrol S.A. International Trade como representante exclusivo en la República de Panamá para la promoción y comercialización de todos sus productos, representación que fue renovada el 13 de noviembre de 1992 por el lapso de seis meses (fs. 10.911/4).
De acuerdo a las constancias obrantes en autos, mediante nota del 7 de abril de 1994 el apoderado de Debrol S.A., Diego Palleros, solicitó en forma anticipada el pago de u$s 400.000-, a la cuenta Nº 69.383 de Daforel, en el MTB Bank New York, correspondiente, a parte del 10% de la comisión por la exportación efectuada el 12 de marzo de 1994 por u$s 8.243.500 (fs. 130).
En igual sentido, la Gerencia de Requerimientos y Control del Banco Central informó que mediante débito de la cuenta 5518.01.01 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal New York, al Chemical Bank New York N.Y 10015, se acreditó la cuenta nº 69.383 perteneciente a la firma Daforel en el MTB Corp. New York -ABA 026012894, -ver expediente Nº 9299/5-, que hice a fs. 12184/5.
Sin embargo, la constancia obrante a fs. 2180 confirma a Daforel S.A., Montevideo, que con fecha 13 de abril de 1994 el MTB Bank acreditó a su cuenta Nº 69.393 por u$s 400.000, del Chemical Bank por orden de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
En coincidencia con la institución bancaria, el Dr. Rodrigo López Acosta, representante de Daforel S.A., manifestó que la firma sería titular de la cuenta financiera Nº 69.393 del Banco MTB Bank de Nueva York, EEUU (cfr. 2182).
Se advierte claramente que la información obrante en autos se refiere a dos números distintos de cuentas, las que deberán ser investigadas por el a quo a fin de determinar con certeza a quienes corresponden las mismas y en definitiva corroborar el número de cuenta de Daforel S.A'. en el MTB Bank a los efectos de solicitar la rogatoria correspondiente.
Por último, no se ha considerado la intervención del Chemical Bank New York, N.Y. 100 1 5 en la transferencia cuestionada, debiendo el Sr. Juez de grado analizar también esta circunstancia, al momento de determinar el circuito seguido por el dinero proveniente de la comisión de la venta ilícita de armas, -ver expediente N 9299/5-, obrante a fs. 12184/5-.
-Hayton Trade S.A.
-Sociedad inscripta en el Registro Público de Comercio el 20/7/93 en Montevideo, Uruguay, con un capital de, u$s 200. 000.
-Socios fundadores: Daniel Angel Pérez Blanco y Marisa Cristina González casados entre sí, con domicilio en Buenos Aires 484/13, Montevideo, Uruguay.
-Acta de Directorio del 30/9/94 se designa Presidente a Romualdo Quadros Pizzini y Director al Dr. Anibal Azevedo Mattos Neto con domicilio en Treinta y Tres 1334, Esc. 13, Montevideo, Uruguay.
Mediante decreto 103/95 del 24/1/95 se autoriza a la Dirección General de Fabricaciones Militares a exportar a la firma Hayton Trade S.A. el Material detallarlo en el artículo 2º con destino final a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la República de Venezuela. El artículo 3º establece que el monto del material detallado en el artículo 2º es de u$s 33.142.800.
E1 14 de febrero de 1995 se habría producido una transferencia por u$s 4.990.000 donde intervienen el Barclays Bank, Banco de préstamos Cayman, Morgan NYC, American Express Bank Ltd. New York, Institución financiera Externa, Montevideo, Uruguay para acreditar a la cuenta nº 12147 de Hayton Trade (fs. 3606 del ppal.).
Dicho importe sería proveniente de la venta ilícita de las armas efectuadas en el marco del decreto mencionado, por 1o que corresponde profundizar debidamente la investigación respecto de la empresa Hayton Trade S.A, y de las instituciones bancarias que resultan individualizadas en la misma a fin de determinar el curso seguido por el dinero proveniente del ilícito señalado - ver factura proforma obrante en anexo 256 que corre por cuerda-.
- Daforel S.A.
- Sociedad constituida el 1816186 con un capital de u$s 100. 000 en Montevideo, Uruguay.
- Socios fundadores.- Miguel Rozemblum, Lydia Fons y Daniel Pérez con domicilio en Soriano 887 Piso 4º Escalera 10.
- Escríbanla Olga Amelia Etchevezrrito Diaz -07227/7
- Escribana certificante Esther Rozaner Perelman.
- Presidente del Directorio.- Angela Chiodi Touzet
- Representante legal.- Dr. Rodrigo López Acosta con domicilio en Paraguay 1246, Montevideo, Uruguay.
De la presentación efectuada por el representante legal a fs. 2182 y fs. 3360/1, surge que:
a) la firma sería titular de la cuenta financiera Nº 69.393 del Banco MTB Bank de Nueva York, EEUU.
b) que se recibió una transferencia de u$s 400.000 sin instrucciones respecto al destino de fondos y que ese importe permaneció en la cuenta de Daforel hasta que se concretara por parte de Fabricaciones Militares el destino a asignarle.
c) Que no conoce a Diego Palleros y que no tuvo ni tiene vinculación alguna con Debrol S.A., Elthan Traiding y/o Yoma S.A. ni con ninguno de sus integrantes o accionistas.
d) Que nunca las poseído ni tiene cuenta en el Citibank de Nueva York,EE.UU.
Las manifestaciones efectuadas por el representante legal deberán ser corroboradas con documentación respaldatoria que acredite sus dichos, por lo que resulta conducente contar con el extracto de la cuenta donde se acreditara los u$s 4.00.000 a fin de determinar fehacientemente que la suma cuestionada permaneció en la cuenta de Daforel y que no se efectuó efectiva disposición de los fondos.
Por otra parte puede afirmarse, a esta altura procesal, resulta al menos insólito que semejante suma de dinero aparezca en tal cuenta sin que puedan explicarse sus motivos. Finalmente, se torna imprescindible escuchar en autos a Miguel Rozemblum, Lydia Fons, Daniel Pérez, socios fundadores de la sociedad en Uruguay, a Angela Chiodi Touzet, Presidente del Directorio y nuevamente al Dr. Rodrigo López Acosta, representante legal de la empresa, quienes deberán brindar las explicaciones pertinentes.
Conclusiones en relación a las empresas mencionadas:
El minucioso cotejo de la documentación detallada permitió señalar puntualmente las coincidencias que surgen entre las firmas analizadas, estas circunstancias evidencian que las sociedades construir en el Uruguay guardaban estrecha relación entre sí, por lo que el Sr. Juez instructor deberá valorar esta información a fin de encaminar de manera eficiente la investigación y ordenar las medidas conducentes para lograr un efectivo avance de la misma.
En tal sentido adviértase que:
- Daniel Angel Pérez Blanco resulta ser socio fundador de Debrol S.A., Hayton Trade S.A. y Daforel S.A.
- Miguel Rozemblum resulta ser socio fundador de Debrol S.A. y Daforel S.A.
- Que la socia fundadora de Hayton Trade S.A. Marisa Cristina González Silvestrini, - esposa de Daniel Pérez Blanco es la persona autorizada por aquél para obtener la aprobación del estatuto e inscribir las sociedades de Debrol S.A. y Daforel S.A. en oficinas públicas - art. 11 de los respectivos estatutos- .
- Que los socios fundadores de Debrol S.A. y Daforel S.A. denuncian domicilio en Soriano 887 Piso 4º Ese. 10.
- Que el domicilio de Debrol S.A, Treinta y Tres 1334, Escritorio 13, Montevideo - coincide con el domicilio social de Hayton Trade S.A. (cfr. fs. 131).
- Que Esther Rozaner Pereman es la escribana certificarte de los socios fundadores de Debrol S.A. y Daforel S.A.
- Que el domicilio de Angel Chiodi Touzet, Presidente del Directorio de Daforel, coincidiría con el domicilio de Juan Alberto Etcheberrito -Paraguay 1246, Montevideo, Uruguay-, además la nombrada sería empleada en el estudio contable del mencionado (cfr. fs. 3598 y anexo 247 que corre por cuerda).
2) La vinculación de Elthan Trading Co.S.A. y Yoma S.A.:
2.1 Elthan Trading- Co. S.A.
- Sociedad constituida el 28, de diciembre de 1992 con capital u$s 50.000.
- Socios fundadores.- Ana Beatriz Penza Fernandez y Gabriela Foggia Varela
- Domicilio.- Colonia 815/301
- Escribanía Juan Bautista Clouzet Fernandez -03331/4
- Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista del 1 de junio de 1994 se nombra el Primer Directorio. Presidente: Muhammad Yalal Nacrach con domicilio social en San José 815/801, Montevideo, Uruguay.
La empresa en cuestión realizó dos transferencias con fecha 22 y 28 de diciembre de 1994 desde el MTB Bank de Nueva York por u$s 2.000.000.cada una a la cuenta de Yoma S.A. en el Banco Baires, como aporte de capital irrevocable, interviniendo Daforel S.A. en una de ellas.
Repárese que Diego Palleros solicitó el pago de u$s 400.000 a la cuenta de Daforel en el MTB Bank New York, por lo que resulta imprescindible a esta altura de los acontecimientos profundizar la pesquisa en punto a la vinculación existente entre Daforel y Elthan Trading Co., máxime cuando del expediente surge que Muhammad Yalal Nacrachi, sobrino de Emir Yoma, era el Presidente y único director de la sociedad durante el período que se investiga en autos.
Nótese que de las constancias obrantes en autos y de la pericia ordenada por el Juez instructor solamente se determinó el aporte de Capital u$s 2.000.000, que habría efectuado Elthan Trading Co., toda vez que Yoma S.A. refirió en su presentación haber efectuado una, operación por una cifra casi idéntica (ver fs. 2867/9 y fs. 3012 del ppal.).
Además, la Gerencia de Requerimientos y Control de Operaciones del Banco Central de la República Argentina informó mediante expediente Nº 9299/99 - 13, que Yoma S.A. habría recibido dos nuevas transferencias de Elthan Trading Co. , con fecha 11 de agosto y 7 de septiembre de 1995 por u$s 2.000.000 y u$s 4.000.000 respectivamente del MTB Bank Nueva York, a través de la firma Multicambio ( cfr. fs. 14380).
No puede perderse de vista que en la presente causa se investiga el circuito del dinero proveniente de la venta ilegal de armas, que aparece Daforel como con un crédito de u$s 400.000 y con una transferencia por u$s 2.000.000 pira Yoma S.A. por orden de Elthan Trading y que a la fecha no se ha investigación el origen proveniente de los fondos que como aportes irrevocables de capital se han transferido a Yoma S.A. durante los Sitios 1994 y 1995, por lo que atento a los elementos que obran en el expediente estas circunstancias deberán ser analizadas por el Juez de grado en el contexto global de la investigación.
Es por ello que el a quo deberá llevar a cabo las medidas que fueran ordenadas el 4 de noviembre de 1997 en punto a la averiguación de las cuentas bancarias que en el país pudieran contar la firma Elthan Trading Co, el nombre de sus titulares y de las personas que estuvieron autorizadas a operar con ellas, como así también la declaración de Muhammad Yalal Nacrach (cfr. fs. 5.005vta.; fs.5485/5506 fs. 6326 y fs. 6420, todas del principal).
Con respecto a éste último y toda vez que el nombrado se domiciliaría en el país deberán arbitrarse las nadadas necesarias para ampliar la declaración en territorio nacional, no sólo en punto al cuestionario solicitado en rogatoria librada al Juez competente en materia penal de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay - cfr. fs. 16.524 - sino también respecto de:
a) la actividad desarrollada por Elthan Trading Co. S.A., en la provincia de la Rioja desde el 31 de marzo de 1995 fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio de Chilecito, Provincia de la Rioja (cfr. Anexo LXXV),
b) requerir que acompañe el balance correspondiente a su actividad durante ese año en éste país,
c) los balances correspondientes a la actividad desarrollada en el Uruguay durante el período 1994/1995,
d) que se expida sobre los aportes de capital irrevocable que fueron efectuados a Yoma S.A., especialmente los efectuados el 22 y 28 de diciembre de 1994 desde el MTB Bank de Nueva York por u$s 2.000.000 cada uno, en el Banco Baires y los efectuados el 11 de agosto y el 7 de septiembre de 1995 por u$s 2.000.000 y u$s 4.000.000 respectivamente del MTB Bank, a través de la firma Multicambio.
También resulta conducente escuchar a Michel Marcel Weill Leus -presidente y único director de la sociedad desde el 7 de mayo de 1995- a los mismos fines (fs. 13621).
Por último, deberá certii7icarse si la inscripción en el Registro Público de Comercio de Chilecito, Provincia de la Rioja, da por cumplido el requisito correspondiente para concretar los aportes de capital irrevocables efectuados por Elthan Trading S. A. en el país, -cfr. acta de directorio obrante a fs. 5505 y Anexo 1-XXV que corre por cuerda-.
2.2 Yoma S.A.
En este acápite, los suscriptos habrán de referirse a las constancias del expediente que no han sido debidamente dilucidadas respecto de la Vinculación de Yoma S.A. con la presente cansa.
Al resolver este Tribunal en la causa nº 13.088, reg. nº 14.247 del 30/5/97 ya se había señalarlo que correspondía -a fila de despejar el interrogante acerca de la relación entre Daforel y Yoma-, profundizar el estudio vinculado al movimiento económico de aquella que permitiera descartar o no su relación con el nombrado.
No obstante ello, a la fecha no se ha logrado un significativo avance en este aspecto de la investigación y las medidas ordenadas en autos respecto a Yoma S.A. no resultan conducentes a fin de esclarecer el origen del aporte de capital irrevocable efectuado por Elthan Trading Co. S.A.
A ello se suma el informe que fuera confeccionado por la Gerencia se Requerimiento y Control del Banco Central de la República Argentina, de donde surge clase Yoma S.A. habría recibido tres transferencias durante el año 1995 en la cuenta CIC Multicambio provenientes del MTB Bank.
La primera de ellas, el 11 de agosto por u$s 2.000.000 por orden de Austral International Ltd. Hong Kong y las restantes con fechas 11 de agosto y 7 de septiembre por u$s 2.000.000 y u$s 4.000.000 respectivamente por orden de Elthan Trading Co.
Del análisis de los Estados Contables de Yoma S.A. por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de diciembre de 1995, surge que con fecha 27 de noviembre de 1995 se aprobó en Asamblea de Accionistas un nuevo aumento del capital en la suma de $ 5.000.000, y que al 31 de diciembre de 1995 se encontraban pendientes de capitalización Aportes Irrevocables por u$s 2.500.000, -ver Anexo 179, Sub-anexo 3 fs. 35, que corre por cuerda-.
La simple suma de los aportes que, fueron recibidos por Yoma S.A. a través de Multicambio durante 1995 no se corrobora con el Aumento de Capital de la sociedad en ese período, por lo que ese aspecto deber ser debidamente dilucidado en el marco de la presente investigación.
En este punto interesa recordar, a los fines de ésta resolución, que nos encontramos ante sociedades constituidas en el Uruguay que estarían vinculadas entre sí en el mismo período que se investiga en autos, y que Daforel mediante la transferencia efectuada-, también estaría vinculada a Elthan Trading S.A., por lo que el origen de los fondos que fueron transferidos a Yoma S.A., deberá ser claramente investigado, toda vez que atento a las presentaciones efectuadas en el expediente, existirían elementos suficientes para presumir que los mismos podrían provenir de maniobras delictivas vinculadas a la presente causa.
Por otra parte, resta mencionar que no se advierte el motivo por el a quo cambiara su criterio respecto de 1a utilidad de la información que pudiera brindar Emir Yoma en torno a Elthan Trading S.A., al punto de tornar contradictoria su valoración de los elementos acollarados al sumario.
Llama la atención del Tribunal que al ampliarle la declaración prestarla, ésta se encaminara precisamente a investigar el objeto procesal, los integrantes de la sociedad y los aportes irrevocables de capital efectuados a Yoma S.A., mientras que en oportunidad de recibirle declaración al nombrado el 10/6/97 no hiciera lugar el Sr. Juez de grado a las preguntas que en tal sentido efectuara el Sr. Fiscal, por considerar que no tenía relación con el objeto procesal que animaba estas actuaciones (fs. 4469/70 y fs. 16.561/3 del ppal.).
En esta inteligencia, no parece acertado desvincular de esta pesquisa la presentación recientemente efectuada por dos legisladores ante la fiscalía Actuante resultando que tal decisión conspira manifiestamente contra el esclarecimiento del hecho investigado en autos.
Atento al desarrollo efectuado en el punto 2.1 Elthan Trading Co. S.A., deberá adaptarse el decreto obrante a fs. 16564, toda vez que resulta erróneo afirmar que se Investiga sólo un depósito realizado el día 22 de diciembre de 1994 en el que habría intervenido la firma "Daforel".
3) De los pedidos de Cooperación Internacional.
En primer lugar merece mencionarse que el representante del Banco de la Nación Argentina, al inicio de la presente, causa, hizo saber la imposibilidad de brindar los datos que le fueron requeridos por el Sr. Juez instructor atento al secreto bancario que rige en los Estados Unidos, agregando que su violación tendría incidencia en perjuicio de las filiales de las licencias que autorizan su funcionamiento y eventualmente acciones judiciales de quienes se consideren afectados por la difusión no autorizada. La información debería ser requerida mediante exhorto diplomático salvo que existiera un expreso consentimiento del titular de la cuenta, en este caso particular la empresa Fabricaciones Militares (fs. 344).
Con el objeto de obtener la información necesaria para lograr un avance significativo de la investigación, se libró exhorto diplomático al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en los términos del Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales suscripto entre el citado país y la República Argentina -ley 24.034-, a fin de determinar la composición societaria, la titularidad o, en su caso, la nómina identificatoria de la/s persona/s titulares de la cuenta financiera nº 69.393 del MTB Bank de la ciudad de New York. Además, se solicitó se determine específicamente si Diego Emilio Palleros o la firma Debrol International Trade S.A. o Debrol S.A son clientes u operan en la mencionada cuenta o en la institución bancaria de referencia, aportándose en su caso todos los movimientos dinerarios efectuados desde el año 1993 hasta la fecha, los depósitos efectuados por la Direccion General de Fabricaciones Militares desde el año 1993 hasta la fecha, la existencia de un depósito de u$s 400.000, debiendo especificarse las personas autorizadas a efectuar el retiro o cobro de tal suma (fs. 2261).
Atento a lo requerido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a fin de cumplir con la detallada declaración de los hechos y la explicación de la conducta fraudulenta que involucra a los imputados en autos, se reiteró el exhorto en los términos solicitados (fs. 2777 y fs. 2898).
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División Penal, el 22 de noviembre de 1996 informó que los hechos detallados no esclarecían de manera suficiente las transacciones que constituyeron las actividades supuestamente ilícitas, ni su relación con la cuenta bancaria de que se trata, por lo que reiteraron el requerimiento originario, el que fue contestado por el juez de grado, haciendo conocer lo resuelto por esta Alzada en causa 13088, reg. 14247 del 30/5/97 (cfr. Fs. 3270, fs. 5746 y fs. 10380).
Recién mediante la nota que fue agregada a fs. 11.304/22 de la causa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contestación a la solicitud de ayuda internacional informó que "... autoridades de los Estados Unidos del distrito Sur de Nueva York nos remitieron la nota adjunta del asesor jurídico de DAFOREL S.A. la empresa de servicios financieros, respecto de la cual se solicita información y resisto de cuentas. Se propone en la nota que se limite el alcance despedido de documentación relacionada con la cuenta, presuntamente para limitar la revelación de información sobre los clientes de Daforel que no están involucrados en la investigación argentina..".
En similares términos a los señalados previamente, el 15 de marzo de 2000 se reiteró nuevamente el exhorto, petición que hasta el momento no ha arrojado resultado alguno. Recientemente, y como consecuencia de las noticias que son de público conocimiento en relación a las investigaciones que lleva ,Y cabo una comisión del senado de los Estados Unidos, el a quo libró nuevo exhorto solicitando la apertura del secreto bancario respecto de la cuenta nº 69.393 del MT'B Bank de New York (cfr. fs. 14396, fs 14402/4 y fs. 16.509/12).
No puede dejar de mencionarse que la primera rotatoria de asistencia internacional se remonta al 10 de julio de l996, y que pese a las reiteraciones y ampliaciones en las solicitudes que formuló el Sr. Juez de grado, ningún resultado sustancial se obtuvo respecto de estos pedidos de colaboración internacional. Todo ello implica una seria inobservancia de los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos con nuestro país, por lo que corresponde que el Sr. Juez de grado oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por 1a vía diplomática correspondiente se urja el cumplimiento de los tratados vigentes entre, ambos Estados.
No obstante lo señalado en el párrafo que antecede, el Juez de grado deberá dar respuesta a 1a nota que fuera remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, haciéndole saber claramente al magistrado exhortado que no es posible limitar el alcance del pedido de documentación relacionado con la cuenta, pues la información solicitada se refiere al curso seguido por el dinero proveniente de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, donde precisamente Daforel S.A. estaría estrechamente vinculada, por lo que los integrantes de la sociedad que registrados en ese, país y los titulares y las personas autorizadas a operar en ella, en el MTB Bank de Nueva York, en la medida en que pudieran haber intervenido serían por ende los imputados en el circuito del dinero del ilícito investigador Además, deberá hacerse saber que la presente investigación podrías estar vinculada con la que lleva adelante una comisión especial del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, según publicaciones periodísticas que son de público conocimiento (cfr. fs. 11304/22).
Por último, no debiera descartarse que parte de la información solicitada al exterior se' encuentre entre aquella documentación que aportara Fabricaciones Militares y que se encuentra a estudio del Banco Central de la República Argentina.
4) La intervención del Banco Central de la República Argentina:
El juez de grado solicitó el 15 de marzo de 1999 la colaboración de la Gerencia de Requerimientos y Control del Banco Central de la República Argentina para que analizara la totalidad de las cuentas abiertas por la Dirección General de Fabricaciones Militares, así como el análisis a las cuentas corresponsalía de la firma -MULTICAMBIO, haciéndose extensivo el análisis respecto de las cuentas bancarias de Die o Emilio Palleros; Alicia Liliana Barrenechea; Alberto D. Barrenechea; Rubén Osvaldo Ormart; Diego González de la Vega; Edberto González de la Vega y de las siguientes sociedades: Hayton Trade S.A.; Debrol International Trade S.A. ; Maderyl S.A. y Agromaquinarias Argentinas S.A. (ver fs. 10380 vta y fs. 10932 ambas del ppal.).
Es así que el mencionado organismo, a los efectos de clarificar las operatorias cuestionadas solicitó en el expediente nº' 9299/99-5-, se le requiriera a la Dirección General de Fabricaciones Militares la conciliación de la cuenta nro. 0005518.01.001, que poseía en el Banco de la Nación Argentina, sucursal New York, así como información y documentación relacionada con los embarques marítimos realizados al amparo de los decretos cuestionados (fs. 12172/209 del principal).
Ahora bien, la documentación solicitada fue remitida con fecha 14 de septiembre de 1999 a la institución bancaria, sin embargo a pesar del tiempo transcurrido, se encuentra pendiente la información relativa a la Dirección General de Fabricaciones Militares así como también la ampliación del pedido de informes que solicitado respecto de Diego Emilio Palleros, Rúben Osvaldo Ormart, Edberto González de la Vega, Alicia Liliana Barrenechea y las empresas Hayton Trade S.A., Debrol International Trade S.A., Maderyl S.A. y Agromaquinarias Argentinas S.A. (ver fs. 12869 y fs. 12901 del principal).
Resulta imprescindible a esta altura de la investigación contar no solo con la información que fuera requerido oportunamente sino que atento a las informaciones periodísticas según las cuales el MTB Bank y Daforel habrían utilizado el mismo circuito financiero, el mencionado organismo deberá efectuar un informe de las transacciones realizadas entre Multicambio y Banco Baires a través del MTB Bank de New York donde se encuentren vinculadas las empresas investigadas en autos, teniendo para ello en cuenta los datos que obrarían en el mencionado organismo y los provenientes de los estadios llevados a cabo por esa institución en otras actuaciones judiciales que pidieran tener vinculación con la presente causa. .
5) Conclusiones finales:
No escapa a este Tribunal que las especiales previsiones que en materia de secreto bancario rigen en los Estados Unidos de Norte América y Uruguay han dificultado la colaboración internacional, para determinar la nómina identificatoria de los representantes o apoderados de las cuentas bancarias de Daforel S.A. y Elthan Trading S.A., sin embargo ello no debiera resaltar óbice -en el caso-, para el esclarecimiento de otras circunstancias que fueron detalladas a lo largo del presente considerando.
Las peculiares características de los hechos investigados, la particularidad de las transferencias de fondos efectuadas, las empresas fantasmas analizadas y la actuación de sociedades extranjeras constituidas en el país de origen -sin que se haya demostrado su actividad en ellos-, atinadas a las presentaciones efectuadas y la documentación agregada al legajo, nos permite sostener que las empresas señaladas se encontrarían estrechamente vinculadas, y que el Sr. Juez instructor deberá analizar globalmente las constancias que de esta investigación surgen, a fin de determinar fehacientemente el circuito del dinero proveniente de la venta ilegal de armas.
En éste contexto y dentro del marco de celeridad que exige la presente instrucción, se recomienda:
- Efectuar las medidas que fueron indicadas en el presente considerando.
- Extremar los medios conducentes para llevar a cabo el informe pericial contable que fuera ordenado recientemente por el a quo, atento al tiempo transcurrido desde el inicio de las presentes actuaciones.
- Despejar el interrogante relativo a la posible Vinculación de Roberto J. Bullit - representante del MTB Bank-, con Daforel S.A., -corroborar información suministrarlas en autos y la documentación que corre por cuerda relacionada con el domicilio denunciado por Roberto J Bullit, el Contador Etcheverrito y Angela Chiodi Touzet, Presidenta de Daforel S.A- (cfr.Anexo247 y fs. 3598).
- Intimar al Banco Central de la República Argentina para que en el plazo que el a quo estime conveniente presente la información que fuera requerida oportunamente con sus correspondientes conclusiones.
VIII- El expediente de Al Kassar en Suiza:
Presentaciones efectuadas en el expediente, dan cuenta que un testigo ele identidad reservada en la capital suiza de Ginebra señalaría a Monzer Al Kassar como el eslabón principal de la venta ilegal de armamentos y explosivos argentinos a Croacia (fs. 13775, fs. 13 811/4, fs. 14750/63 y fs. 14777/82).
En los términos del artículo 15 de la ley 8348 se solicitó al Tribunal Superior de Ginebra, Suiza, la remisión de copia certificada del dictamen del Sr. Juez de instrucción Laurent Kasper Anserment, del testigo de identidad reservada y de cualquier otro elemento de interés que haga referencia al tráfico de armas de procedencia argentina a la Ex-Yugoslavia entre los años 1991/5 (fs. 13924/7).
Mediante dos notas obrantes a fs. 15485/99, la Oficina Federal de Policía de Suiza informó a la Embajada de la República Argentina que las autoridades suizas lamentaban hacer saber que la rogatoria solicitada no ha podido ser ejecutada por no poseer el Juez de instrucción Laurent Kasper Anserment la documentación solicitada.
En la segunda nota remitida, comunicaron que en el marco de un procedimiento penal conducido en Ginebra, ha aparecido que Monzer Al Kassar disponía de una cuenta en el Banco Audi (Suiza) y que entre 1990 y 1992 esa cuenta había sido debitada por varios montos en beneficio de Jorge Massud y Abdon Adur, igual que a una sociedad Piano Internatiotial Corp y a Haissam Al Kassar, hermano del mencionado, al Banco Supervielle en Buenos Aires.
En otro orden, surgiendo de la traducción no oficial de la nota de la Oficina Federal de Policía de Suiza glosada i fs. 15485/6 información que podría resultar de utilidad en los autos Nº 2142/95, del registro de la Secretaría Nº 3, del Juzgado Federal Nº 2, -cuyo objeto procesal vincula a Monzer Al Kassar por semiplena prueba a falsificaciones en el Certificado de Admisión como Residente Permanente y en una Carta de Ciudadanía Argentina- corresponderá que una vez devuelta estas actuaciones se remitan testimonios de dicha constancia al mencionado Juzgado.
La información proporcionada se basa en el marco de la asistencia internacional en materia penal que revé la transmisión espontánea de p medios de prueba y de informaciones, a los fines de permitir a las autoridades judiciales argentinas competentes dirigir a Suiza una rogatoria, si la información interesa a la investigación argentina.
Las notas recepcionadas darían cuenta de la existencia de un procedimiento penal en Suiza, por lo que resulta conducente reiterar la rogatoria a las autoridades correspondientes a fin de corroborar o no la información suministrados por los aquí denunciantes. Asimismo se deberá hacer saber que se investiga en autos el curso seguido por el dinero proveniente de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y que la información suministrada resultaría de utilidad en las presentes actuaciones.
Atento a que el Juez de Instrucción Laurent Kasper Asserment no poseería la documentación solicitada se recomienda al a quo que extreme los recaudos necesarios a fin de obtener la información correspondiente.
Es en virtud de lo precedentemente expuesto que este Tribunal
RESUELVE:
I- NO HACER LUGAR a la nulidad introducida por la defensa de Antonio Erman González.
II- CONFIRMAR el punto dispositivo 1, apartado I) de la resolución que en copias obra agregada a fs. 1/67 del presente incidente en cuanto PROCESA a Antonio Erman González, en orden a su participación en la falsedad ideológica de los Decretos 1697/91 y 2283/9 1.
III- CONFIRMAR el punto dispositivo I, apartado III de la resolución cuestionada en cuanto dispone que NO EXISTE MERITO suficiente para procesar o sobreseer a Antonio Erman González en relación al Decreto 1633/92, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación al respecto.
IV- REVOCAR PARCIALMENTE el punto dispositivo 3, apartado III) de la resolución que en copias obra agregada a fs. 1/67 del presente incidente y PROCESAR a Guido José Mario Di Tella en relación a su participación en la falsedad ideológica de los Decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95, MODIFICANDO en consecuencia el procesamiento que fuera dictado en el apartado I del citado dispositivo, de conformidad con lo expuesto en el Considerando III, apartado c- de la presente -artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación-, DEBIENDO el Sr. Juez de grado adecuar el monto del embargo dispuesto a lo aquí resuelto.
V- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto dispositivo 3, apartado III) de la resolución puesta en crisis en cuanto dispone que NO EXISTE MERITO suficiente para procesar o sobreseer a Guido José Mario Di Tella en relación al dictado del decreto 1633/92.
VI- REVOCAR el punto dispositivo 2), apartados I y II de la resolución que en copias obra agregada a fs. 1/67 del presente incidente y DISPONER que respecto de Juan Carlos Olima NO EXISTE MÉRITO suficiente para procesarlo o sobreseerlo en relación a su participación en la falsedad ideológica de los Decretos 1697/91 y 2283/91 - artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación.
VII- CONFIRMAR el punto dispositivo 2, apartado III) en cuanto dispone que NO EXISTE MERITO suficiente para procesar o sobreseer a Juan Carlos Olima en relación a su participación en el dictado del Decreto 1633/92 sin perjuicio de lo que resulte del avance de la pesquisa en tal sentido.
VIII- ENCOMENDAR al Sr. Juez de grado proceda del modo indicado en los Considerandos IV, VII y VIII de la presente resolución. Registrese y devuélvase, debiendo efectuarse en la anterior instancia las notificaciones a que hubiere lugar.


volver