LAVADO DE DINERO: Salió la nueva ley

Por Oscar Corpus (*)

Mientras en Colombia los lavadores ofrecieron cancelar la deuda externa, en Argentina la nueva Ley contra el lavado de dinero ofrece resquicios administrativos y financieros.

Argentina dispone de una nueva ley contra el lavado de dinero. El nombre técnico: Ley contra el lavado de Activos de Origen Delictivo. Su importancia: que desde ahora, nuestro país se ubica dentro del grupo de Naciones que poseen Leyes orgánicas contra el lavado de dinero.

Pero, claro, no basta con tener la Ley. Ahora hay que darle vida; esto es, otorgarle operatividad. Para eso se necesita voluntad política. Es decir que el gobierno de Fernando de De La Rúa deberá impulsar las medidas necesarias para que no queden dudas de la decisión de luchar contra esta masa monetaria ilegal.

En primer lugar, habrá que armar todo el andamiaje jurídico inferior a la Ley (Decretos, Resoluciones, Circulares), sin tanto rigorismo burocrático, que posibilite un funcionamiento ágil y eficaz de la futura Unidad de Información Financiera, como así también para que las personas legalmente obligadas a informar encuentren un camino libre de escollos al momento de cumplir con la Ley.

Con el mismo nivel de importancia se debe considerar el Presupuesto que se asigne a la nueva estructura creada. El control que ésta deberá realizar recaerá sobre las operaciones o personas que transitan por el mercado del "dinero" de manera sospechosa.

Hay que notar que todo esto tomará al menos un año. Las realidades burocráticas sirven para limitar severamente el alcance inmediato de la ley.

Todos conocen el poder que manejan esos "grupos lavadores". Seguramente recordamos aquel ofrecimiento realizado por los carteles colombianos de pagar la deuda externa de su país, lo cual ya ponía en duda el control del Estado sobre sus elementos de soberanía financiera.

Si tuvieron capacidad de efectuar esta oferta, ¿estarán en capacidad de neutralizar una Unidad de Informaciones que por el momento solo existe en los papeles? La duda nos lleva a pensar que, si el Presupuesto asignado a la Unidad de Información Financiera fuese exíguo, solo tendríamos una Ley inoperante.

Ante la ley

1) Modificación del Código Penal

En cinco capítulos la ley trata: de la modificación del Código Penal, la creación de la Unidad de Información Financiera, el Deber de Informar y los sujetos obligados a hacerlo, el Régimen Penal Administrativo y el Ministerio Público Fiscal.

El Código Penal es modificado en sus artículos 277, 278 y 279, contenidos en el " capítulo XIII: Encubrimiento", que a partir de ahora pasará a llamarse, "Capítulo XIII: Encubrimiento y lavado de Activos de origen delictivo".

En el nuevo texto legal, el primero de los artículos contiene condensada toda la figura típica del encubrimiento; con la forma agravante, y aquellas personas que están exentas de responsabilidad criminal.

La nueva figura típica del artículo 278 se refiere "...al que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito..." (sic). Además contiene las formas agravada y atenuada de dicha figura penal.

El proyecto de Ley que salió del Congreso de la Nación preveía la forma culposa de este delito, pero fue "observada" por el presidente De La Rúa en uno de sus primeros actos de gobierno. "Observar", en jerga legal, significa dejar sin operatividad un aspecto de la norma legal. Lo que hizo De la Rúa, un viejo y autorizado profesor de Derecho Penal, fue circunscribir los límites penales evitando que una ley marco tan importante como esta corriera el riesgo de ser aplicada de forma demasiado indiscriminada. Sus motivos tendrá. Sin embargo, es necesario destacar que se incorpora la facultad de decomisar los objetos que son mencionados en el artículo 278.

2) Creación de la Unidad de Información Financiera. (U.I.F.)

Esta Unidad será la Estructura Pública que tendrá a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos que enumera taxativamente. Entre ellos el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales, entre otros.

De toda la enumeración de delitos generadores de activos, que requerirán de un posterior "lavado" --y que, por ende, activan la participación de la U.I.F.--, es curioso no encontrar claramente aquellos delitos vinculados con el tráfico de personas (por ejemplo,. niños), y con el de órganos.

Si bien a estos delitos se los podría interpretar como comprendidos en la redacción del apartado d) del artículo 6° de la Ley 25.246, referida a las asociaciones ilícitas, los mismos son excluidos porque dicha redacción aclara que esas asociaciones ilícitas deben estar organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales. Dichos tráficos ilegales podrán quedar sometidos al imperio del Código Penal o leyes especiales, pero los activos que estos produzcan no estarán sujetos al control de la nueva Ley , y por lo tanto no activarán la participación de la Unidad de Información Financiera para estos casos.

Se sostiene que la enumeración de delitos es taxativa porque así se deduce de lo expresado por la propia Ley en el artículo 14 (facultades de la U.I.F.) inciso 5 in fine, cuando se refiere a las investigaciones por "... actividades sospechosas y (donde) existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6° de la presente Ley. ..." (sic).

3) Deber de Informar. Sujetos Obligados.

Solo se mencionarán algunas de las personas que están obligadas a informar, como por ejemplo los bancos, financieras, casas de cambio, agentes y asociaciones de bolsa, A.F.J.P., personas físicas o jurídicas cuya actividades sean: los juegos de azar, compraventa de obras de arte, exportación e importación, industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas, las empresas aseguradoras, los productores y asesores de seguro, las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros, etc.

Los sujetos obligados de informar tienen la carga de requerir de sus clientes toda documentación que acredite su identidad, personería jurídica, domicilio, etc. Asimismo, también se deberá recabar los datos de aquellas personas que actúen por terceros, a los efectos de identificar convenientemente a la persona por la que están actuando.

Es igualmente importante la información sobre operaciones sospechosas, tales como aquellas que no reúnen las características que tienen que ver con el giro comercial, o sea las que resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada y sean realizadas en forma aislada o reiterada.

4) Régimen penal administrativo y Ministerio Público Fiscal.

Esencialmente el régimen penal administrativo reserva para sí la facultad sancionadora basada en multas. Estas multas, junto con el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley --las ganancias ilícitas--, como de los decomisos que se realicen, se destinarán a una cuenta especial del Tesoro Nacional, para ser afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera.

En cuanto al Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación designará el Fiscal General que recibirá e investigará las denuncias sobre la posible comisión de delitos de acción pública previstos en esta ley.

Tan solo se resaltan algunos aspectos de esta nueva Ley para que diseccionemos el problema. Hay que evitar que un simple síntoma controlable se transforme en una enfermedad fulminante.

ULTIMO ESCALON

El lavado de dinero es el último y más importante paso del circuito delictivo. Es por ello que los encargados de blanquear el dinero harán lo imposible para lograrlo.

El más común de los delitos es el vinculado a las drogas y es el que más operaciones de lavado requiere. Argentina debe ponerse firme en su postura, para evitar ser blanco de los próximos movimientos de la droga.

Vale la pena recordar una de las tantas menciones que hizo en nuestro país el Dr. Barry Rider, Director del Instituto de Estudios Legales Avanzados de la Universidad de Londres, al señalar que la "Operación Casablanca", realizada por Estados Unidos, llevó al arresto de 160 personas involucradas en el lavado de dinero. No es demasiado sorprendente que 26 de ellos fueran funcionarios jerárquicos de los 19 bancos más importantes de México, porque prueba el alto gradp de imbricación del narcolavado en las actividades supuestamente "legales".. Conviene destacar que ocho países colaboraron en la investigación, lo que no hace más que demostrar la necesidad de contar con un cuerpo legal apropiado.

Además de controlar el flujo del dinero en nuestro país lo importante es internacionalizar las investigaciones, para lo cual se necesita, antes que nada, dinero, y fortalecer lazos diplomáticos y gubernamentales ya existentes. Para lo cual sería deseable que nuestro gobierno integrara la Unidad de Información Financiera con personas que posean un perfil profesional, evitando nombrar profesionales del "club de amigos".

Con una fuerte participación de la Justicia y la decisión de poner al proceso de lavado de dinero en el camino de la "no rentablilidad" para los delincuentes, solamente entonces podremos afirmar que la Ley 25.246 será decisiva.

(*) Abogado penalista

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