EL CREPUSCULO DEL ESTADO

Y LA CARA DE PERRO DEL MONOPOLIO FISCALISTA


Desterritorializacion del poder político, la soberanía territorial como una opción a la carte y el concepto de estatalidad vaciado del interés general parecen ser las nuevas coordenadas para entender las políticas tributarias de las exhangues economías nacionales. La clase media desaparece y solo queda la implacable voracidad de un estado fiscal incompetente, un amable Leviathan de utopías fenecidas y la negociación paritariamente ilusoria con las burocracias internacionales. La presente nota revela aspectos poco conocidos de una globalizacion sin mapas de ruta. Inevitable, pero con realidades que se enfrentan como las cartografías enigmáticas del Africa decimonónica. En ese contexto el malestar crece y se perfila el rostro de la desobediencia fiscal.de las clases medias. La erradicación territorial impositiva es el valor agregado de la nueva globalización.

por Luis María Bandieri


Comencemos por las conclusiones:
El Estado Fiscal, último baluarte del desmoronado Estado nacional, manifiesta una legitimación cada vez más biodegradable para la exigencia del tributo.
La "desterritorialización" del poder político vuelve inubicables a los más fuertes contribuyentes y fija para la obligación del impuesto sólo a los propietarios de inmuebles y asalariados dentro de las fronteras del país.
La estatalidad, que había expropiado a su favor la noción de lo público, arrastra en su caída la idea de "interés general", fundamento de la facultad de exacción.
Pese a las promesas del Estado del bienestar, no son los rich and famous, ni las grandes empresas los que pagan más impuestos. Y el gran contribuyente real, la clase media, se diluye y tiende a desaparecer en el mundo global.
El Estado Fiscal no maneja los lineamientos de su política tributaria; las decisiones en este campo le vienen impuestas por las burocracias internacionales.
Se necesitarán nuevos y serios pactos sociales y políticos. libremente acordados, para definir y exigir tributos.

Ya nadie recuerda la vulgata de la Alianza en materia impositiva, cuando aun no eran gobierno de corazón partido (tan partido como ni un teleteatro de Adrián Suar podría imaginar) sino feliz oposición en crecimiento. Reconocía su filiación en las viejas promesas del welfare state: la progresividad del impuesto producirá la redistribución de la riqueza nacional; pagarán las grandes empresas, los ricos y famosos. Sin embargo, el welfare ya hizo su época y la progresividad resulta un mito archivado en la globalización. Un observador medianamente avisado se daba cuenta de que pagarían las clases medias y los sectores de bajos ingresos.

En el progresivo desmoronamiento del Estado nación, sólo permanece su indispensable cara de perro de Estado Fiscal. Su lema es tomar el dinero necesario donde esté y a como dé lugar. En el mundo global se ha producido un principio de desterritorialización del poder. Consiguientemente, los grandes contribuyentes (empresas multinacionales, los grandes ricos que retratan Fortune y Hola) se escapan a los inspectores del Estado Fiscal. Queda la menguante clase media, los trabajadores por cuenta propia y asalariados. Sobre ellos pesa la carga de mantener la agonía del Estado Fiscal.

 


El Estado nación se va. Pero queda el Estado Fiscal, deslegitimado y sometido a orientaciones supranacionales en el cumplimiento de la lógica del costo/beneficio, que es la única verdad y la única realidad del espíritu del tiempo que nos toca atravesar. Y este Estado Fiscal agonizante busca víctimas para sacrificar en sus altares contributivos: son las clases media y baja, los propietarios de la casita o el terrenito; es decir, los que no pueden ocultarse en los vericuetos propicios de la globalización. Incluso, como se ve en nuestro país, el Estado Fiscal en retirada obtiene unos beneficios adicionales de la circunstancia de que las concesionarias privadas de servicios públicos, aprovechándose de la decadencia de aquél y de su impericia negociadora, cobren a aquella franja media destinada al sacrificio tarifas desmesuradas, que reducen aún más la menguante competitividad del país. ¿Por qué? Porque así se asegura una mayor tajada impositiva, circunstancia perversa bien conocida por los concesionarios.

El Estado nación se va revelando, a la vez, demasiado grande como para ofrecer a sus ciudadanos y grupos en él encerrados una real participación en la cosa pública que monopoliza (según la ecuación público = estatal), y demasiado chico para no caer en la satelización respecto de la economía globalizada. Por otra parte, el dato que daba entidad al Estado nación, fue dominar políticamente un territorio, "cerrarlo" como unidad política. El dato entitativo de este tiempo postsecular y neomilenario resulta la desterritorialización, tanto de la política como de la economía y el trabajo. El Estado nación resulta prisionero de una concepción territorial del poder, y no puede sobrevivir a aquella transformación. Por lo pronto, se asiste al espectáculo inédito de la unificación del mundo en una sola constelación política, donde se destaca un super Estado nacional, los EE.UU., declarado el único insustituible. La desestatalización sugiere un nuevo Medioevo, hasta ahora sin Emperador ni Papa, que se desenvuelve bajo la metáfora no ya de la pirámide del poder, sino de la red relacional, una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, como el Dios de Pascal.

Ahora bien, el impuesto, sin el cual el Estado no puede existir (impuestos y Estado son consubstanciales, decía Schumpeter), tiene como base una demarcación territorial dentro de la cual se grava a bienes, transacciones y personas. La característica del mundo globalizado es la movilidad de capitales y personas y la transnacionalidad de las empresas, que desenvuelven en varios países las distintas fases de elaboración de un mismo producto. Actividades que sólo requieren una PC, un teléfono y un módem pueden establecerse en cualquier parte, y elegir, de consiguiente, las alícuotas impositivas más favorables. Por otro lado, gran parte del comercio internacional se realiza entre filiales de una misma empresa, que en un país diseña un producto, en otro lo fabrica y en otro lo vende. Así reduce sus impuestos cambiando la localización de sus operaciones y mediante transferencias de costos, volviéndose cada vez más dudosa la determinación del valor agregado, esa obsesión fiscalista.

 


Y así, por ejemplo, pagando sobreprecios por componentes importados de una subsidiaria radicada en un país de bajos impuestos, una firma puede trasladar sus ganancias imponibles a ese país y con ello reducir su factura de obligaciones fiscales. Para mayor desgracia del Estado Fiscal, los profesionales altamente calificados movilizan sus talentos entre diversos países, pudiendo elegir dónde y cómo declarar sus ganancias imponibles. En síntesis, desde el momento en que el lugar de inversión de la empresa o de la residencia del trabajador calificado ya no son un dato sino una opción, la soberanía territorial pierde los mejores huesos para que le hinque el diente el mastín fiscal. Que, entonces, debe contentarse con ladrar y morder a aquellos que no pueden librarse del condicionamiento territorial, es decir, el grueso los perdedores en la carrera global, los asalariados en trabajos precarios y los autónomos que luchan con ingresos bajos e irregulares, o los "revalúos" inmobiliarios con efecto retroactivo sobre la casita o el departamentito. La respuesta a esta inequidad es la desobediencia fiscal, que hace rato está entre nosotros.

Si la equidad fiscal casi siempre fue, al fin y al cabo, una proclamación ideal y una frase de campaña eleccionaria, la inequidad es hoy un hecho cada día más palpable.

¿Hasta cuándo podrá aceptárselo?

¿En qué momento estallará la generalización de la desobediencia, convertida en rebeldía?

Veamos un poco más de cerca la cuestión de la legitimación del poder de exigencia del tributo. Lo estatal había logrado, como se dijo, expropiar la noción de lo público (es decir, lo común a todos los integrantes del cuerpo político) y confundirse con ella. "Público" y "estatal" llegaron a ser sinónimos. Al hablar de "interés público", "bienes públicos", "utilidad pública", se sobreentendía que el adjetivo público equivalía a estatal. Hoy, lo común a todos resulta, de acuerdo con el pensamiento dominante, la persecución del interés "bien entendido", es decir, el interés del individuo. Ello se advierte claramente en el campo jurídico, convertido en instrumento de reivindicaciones puramente individuales, donde el derecho subjetivo se proclama en aparente olvido de las relaciones del reivindicante y de lo reivindicado con los demás titulares de derechos subjetivos, con otros grupos y con la sociedad en su conjunto. Pero la noción de "interés público", encarnada hasta no hace mucho en el Estado, es -precisamente- la que justifica y legitima la facultad de exacción sobre la riqueza producida por los ciudadanos que se ejerce a través del impuesto. Por otra parte, la viabilidad del Estado depende del impuesto. Recordemos a Schumpeter: Estado e impuesto son consubstanciales. En el crepúsculo de la estatalidad, la justificación del impuesto y la legitimación del poder para cobrarlo entran en crisis, por vaciamiento de la noción de lo público y, por consiguiente, de la noción de interés público.


A ello debe agregarse que la decadencia de la estatalidad hace evidente la corrupción estructural que ataca a los sistemas políticos, consecuencia de la pérdida de sentido de la función "pública" y su homologación a la función de enriquecimiento privado, sea para el funcionario, sea para el grupo político que lo llevó a la función ("robo para la corona", financiamientos ilícitos de partidos y campañas, confusión de cosa pública con la cosa nostra, etc.). La clase política se ve obligada a encolumnarse por el estrecho desfiladero que le deja la "única realidad" del Mercado unidimensional, despojada de toda posibilidad de actuar sobre las frustraciones crecientes de la ciudadanía, pero no por eso menos destinada a convertirse en el chivo expiatorio de aquéllas. La tentación de la corrupción se les aparece, así, como una especie de adecuada compensación a sus desventuras, además de una válvula de seguridad que permite la reproducción del poder partidario que lo ha llevado a la función. Esa corrupción, a su vez, resulta destacada y castigada cuando influye en los resultados macroeconómicos o, en otras palabras, cuando deviene disfuncional. La corrupción no es ya un fenómeno patológico sino fisiológico de las sociedades del capitalismo globalizado, y los propios Estados la condenan simplemente para proteger los mezquinos restos de poder que aún les queda. El espectáculo de esa corrupción oficial dentro de un sistema donde se ha perdido el sentido y alcance de lo público y de la función que lo sirve, sirve para reforzar en el ciudadano la sensación de que el poder que le arranca el impuesto no está legitimado para ello.

Por último, también es fácilmente advertible que, entre los harapos de soberanía que aún exhibe el Estado nación en retirada, no se cuenta la generación autónoma de sus objetivos fiscales. Son organizaciones supraestatales las que le señalan cuál debe ser su política fiscal, qué sectores deben ser alcanzados por ella y hasta qué nivel de alícuotas debe aplicarse. Desde esta percepción, al alcance de cualquier lector de diarios u observante de telenoticiarios, se ve afectada otra vez la legitimación estatal a la exigencia del tributo. Más aún, resulta conmovida la credibilidad de los funcionarios del área, cuando anuncian guerras contra la evasión. Podría preguntarse: ¿publicanos por cuenta de qué organización más allá del Estado resultan dichos voceros beligerantes?

Sinteticemos. El Estado en vías de desaparecer se encierra en el monopolio fiscal como en un último reducto de su menguado prestigio. Al mismo tiempo, la ciudadanía advierte que sus promesas de producir bienestar colectivo a través de la redistribución de la riqueza por medio de la progresividad del impuesto, resultan burladas en la práctica: los obligados a soportar el peso del tributo son los más desfavorecidos en la sociedad global. Por otra parte, ese Estado en retirada no representa ya ni sombra de interés público. Más bien, lo público le va siendo cada vez más ajeno, y sólo asoma, desfigurado, en la gangrena de la corrupción estructural. En fin, el Estado que identifica al ciudadano como enemigo fiscal absoluto, declarándole periódicas guerras y criminalizándolo sin distinción como evasor, no resulta siquiera el dueño de esas decisiones, que le vienen impuestas desde afuera. En tales circunstancias, se advierte que cobrará progresiva fuerza la pregunta: ¿por qué obedecer? Es el viejo interrogante de si frente a una ley injusta puede cesar el deber de obediencia. Henry Thoreau (1817-1862) lo contestó en su tiempo yéndose al bosque y soportando la cárcel. El ciudadano actual soporta mucho menos. Es aceptable que se niegue a la obediencia a la ley cuando se afectan normativamente libertades básicas, sin que el desobediente -que no pone en cuestión el orden jurídico en su conjunto, sino su desviación particular- pueda ser equiparado al delincuente o al revolucionario. La desobediencia construye un límite al exceso de poder travestido de legalidad; más aún, resulta el legítimo ejercicio del derecho cívico a ser regido por normas justas, cuando la ley se sustituye al Derecho y es utilizada como puro instrumento de poder.

En ese punto, el Estado rompe su compromiso de brindar seguridad al ciudadano, colocándolo en simple sujeción al servicio de burocracias depredadoras. Es el momento en que el acto de la autoridad estatal deviene coacción desnuda de fundamento y nace la posibilidad de desobedecerlo.

Mientras asoma y se construye la forma política que habrá de sucederlo, el Estado en retirada, respecto de su último reducto, el monopolio fiscal, deberá acostumbrarse a la humildad. El impuesto ha dejado definitivamente de ser un medio de control político y social, realizado básicamente a través de la exacción sobre el rédito, es decir, sobre el fruto del trabajo de ciudadano. Disuelto el sentido de lo público, único cemento que permitía unir el impuesto a la solidaridad política entre los ciudadanos y la entidad nacional representada por el Estado, en la lógica del Mercado unidimensional, a la que aquél está sujeto, los tributos resultan contrapartida estricta de las prestaciones colectivas que el Estado ofrece. Un puro do ut des, doy para que me des.


Antes que declarar la guerra al ciudadano como enemigo fiscal, convendría que los gobernantes y los técnicos que los sirven pensaran en pactar con él, en cada franja tributaria específica, a través de audiencias públicas llevadas a cabo con sus asociaciones intermedias representativas, acerca de lo que se da y lo que se pide, para luego elevar los proyectos a sanción legislativa. Para ello, gobernantes y técnicos deben reflexionar un poco acerca de dónde está parado hoy el Estado que se aferra al monopolio fiscal, y hacia adónde va. De otro modo, a su beligerancia sucederá, muy probablemente, la generalización de la desobediencia. "Pensar, después de todo -decía René Thom-, no es una operación demasiado costosa".

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