INTERNET BUSCA SU BIG BROTHER.
LOS ACUERDOS ENTRE LA UE Y USA

Los gobiernos de la UE se disponen a conceder a las fuerzas del orden acceso ilimitado a las telecomunicaciones


La nueva iniciativa de los gobiernos de la UE de secundar los requisitos de sus agencias del orden (Law Enforcement Agencies) no salía a la luz pública hasta que Statewatch logró "hacerse" con una serie de documentos de la UE cuyo acceso le había sido previamente denegado. Los documentos en cuestión le eran denegados aduciendo que:
"el asunto es aún objeto de debate... [y] que la publicación de dichos documentos podría ser perjudicial para la eficacia del proceso de deliberación."
Los requisitos de las agencias del orden se centran en el tema de la "intervención de datos", es decir, el registro y almacenamiento sistemático de todo tráfico de información en las telecomunicaciones:
-Cada llamada telefónica, fija o móvil, cada fax, cada mensaje electrónico, todo contenido de las páginas y toda utilización de la red, se produzca donde se produzca y la efectúe quien la efectúe, quedará debidamente registrada, archivada y disponible por espacio de al menos siete años.
La postura de los gobiernos de la UE (el Consejo de la Unión Europea) es la culminación del anteproyecto de la Comisión Europea respecto al "procesamiento de datos y la protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas" (COM(2000) 385, final, 12.7.00). La propuesta pretende actualizar la Directiva 97/55/EC pero no "introducir modificaciones de base importantes a la actual Directiva", sino "actualizar sus actuales disposiciones". La propuesta, por tanto, se funda en los principios de la ley de protección de datos establecida en la UE en 1997.
También se discute un Comunicado relacionado de la Comisión con respecto a la "Creación de una Sociedad de la Información más Segura mediante mejoras en las infraestructuras para la seguridad a fin de combatir el informático (COM(2000)890 final) (véase Statewatch, Vol. 11 núm. 1). Aquí la Comisión, en base a la legislación comunitaria, subraya que: "la interceptación de las comunicaciones es ilegal salvo en los limitados y específicos casos en que la ley lo autoriza".
El plan de vigilancia UE - FBI entra sin llamar. La UE aceptaba los "Requisitos" hechos por el FBI el 17 enero de 1995 -estableciendo la obligatoriedad de los proveedores de servicios en red (ISPs) de facilitar a las agencias del orden tanto la información interceptada como el acceso a las transmisiones en tiempo real (véase Statewatch, Vol. 7 núms. 1, 4 y 5; Vol. 8 núms. 5 y 6; Vol. 9 núm. 6; Vol. 11 núm. 1).
En septiembre de 1998 el Equipo de Trabajo para la Cooperación Policial de la UE proponía que tales "Requisitos" se hicieran extensivos a las telecomunicaciones vía Internet y telefonía por satélite. El informe inicial (ENFOPOL 98) ha pasado por diversos anteproyectos hasta concretarse en el ENFOPOL 19 (15 marzo de 1999) el cual yace en los laureles, debido, según filtraciones, a la "mala prensa" cosechada por el ENFOPOL 98, al coincidir además con el descubrimiento del sistema de espionaje ECHELON. El escaso "apoyo popular" recabado desaconsejaba cualquier avance del tema (informe de la reunión del Equipo de Trabajo para la Cooperación Policial y la Comisión Europea del 13-14 de octubre de 1999).
En la primavera del 2000 el Equipo de Trabajo para la Cooperación Policial de la UE resolvía que los asuntos hasta la fecha tratados bajo el epígrafe de "interceptación de las comunicaciones" pasarían a denominarse "tecnologías avanzadas". Un informe del mismo grupo de trabajo (ENFOPOL 52, 12 julio 2000) subrayaba la conveniencia de crear "un vínculo de interconexión extraoficial" entre su trabajo y el trabajo que desempeña el "pilar principal" en la "globalización de la Sociedad de la Información ".
Su objeto era recalcar al Consejo de Telecomunicaciones y al Consejo de Mercado Interno, inmersos ambos en la deliberación de asuntos y decisiones técnicas y comerciales, la urgencia de "preservar el recurso de la interceptación legal ".
El 29 de mayo del 2000 el Tribunal de Justicia de la UE y el Consejo de Asuntos Internos aprobaban la Convención sobre Mutua Cooperación en materia delictiva, actualmente pendiente de ratificación en los 15 parlamentos nacionales de la UE. Ésta incluye provisiones para la interceptación y el intercambio de información de las telecomunicaciones en determinados casos, pero ninguna de sus disposiciones alude a la retención de datos (salvo en casos debidamente autorizados).
Dicha Convención junto con el trabajo de grupos intergubernamentales tales como ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar), el Sub-grupo del G8 sobre el Crimen vinculado a la Alta Tecnología, y los "Requisitos" aprobados en 1995, conforman los cimientos del futuro modelo de ordenamiento jurídico en el ámbito nacional en materia de interceptación de las telecomunicaciones en toda la Unión Europea -- por ejemplo, la Ley de Regulación de Competencias de Investigación del Reino Unido, (Regulation of Investigatory Powers Act) AMEN, vigente desde el 28 de julio de 2000.

Todas estas nuevas competencias y exigencias legales concernientes a la red y a los proveedores de servicios tipificadas como "Requisitos" parecen distar, no obstante, de dar a las agencias de seguridad todo el poder que quisieran, ya que no abarcan la interceptación de datos sin previa "orden judicial" (p. ej., mandato judicial conforme a la legislación nacional).
En ningún caso se autoriza la retención masiva de datos ni el acceso de las agencias de seguridad a ellos, salvo en casos puntualmente autorizados.

Las Agencias de Protección de Datos de la Unión contra la retención de datos.

La Comisión de Protección de Datos de la UE y sus representantes, entre los que se incluyen multitud de grupos de trabajo, son plenamente conscientes de que "las agencias de seguridad" vienen contemplando y debatiendo, en foros internacionales quasi-secretos, la retención de datos, aunque no por un periodo de 30 o 90 días (periodo habitual para fines legales) sino por mucho tiempo más - al menos, unos siete años. En su informe anual del 2000 la Comisaria de Protección de Datos, Elizabeth France, afirmaba: "La intervención y el registro rutinario de datos por parte de los ISPs [proveedores de servicios de Internet] con fines legales equivaldría al espionaje atropellado y generalizado de las telecomunicaciones".
La Conferencia de la Comisión de Protección de Datos celebrada en Estocolmo los días 6 y 7 de abril del 2000, hacía pública una declaración sobre la "Retención del Tráfico de Datos por parte de los Proveedores de Servicios de Internet" que dice lo siguiente:
"Semejante retención constituiría una invasión improcedente en los derechos fundamentales que amparan a la ciudadanía en virtud del Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En los casos específicos en los que la intervención del tráfico se revele imperiosa, se procederá en base a la necesidad, siendo el periodo de retención lo más breve posible y la práctica debidamente regulada por ley."
En reunión celebrada en Berlín los días 13 y 14 de septiembre del 2000, el Equipo Internacional de Trabajo para la Protección de Datos de las Telecomunicaciones adoptaba una postura común respecto al anteproyecto de la Convención del Consejo de Europa sobre el "ciber-delito" (véase Statewatch Vol. 10 núm.6). En ella se afirma que la retención de "todo tipo de datos de las telecomunicaciones y el tráfico de Internet durante periodos prolongados" es:
"desproporcionado y, por tanto, inadmisible. El Equipo de Trabajo subraya que el tráfico de datos se ampara en el principio de confidencialidad al igual que la información de los contenidos (Artículo 8 de la Convección Europea de Derechos Humanos)."
La Comisión Europea admitía el rigor de los argumentos presentados por los delegados de la Protección de Datos en cuanto al anteproyecto emitido a finales del año pasado (y aprobado el 26.1.01), respecto a la "Creación de una Sociedad de la Información más Segura, mediante mejoras en la seguridad de las infraestructuras de la información. Esto pone de manifiesto que la
legislación nacional de los estados miembros de la UE habrá de ir en consonancia con la legislación comunitaria en materia de privacidad y protección de datos.
"La garantías de protección de los derechos fundamentales del individuo a la intimidad, tales como la restricción del recurso de intervención de las comunicaciones en la investigación de delitos graves, exigen que en toda investigación la interceptación deba ser puntual y proporcionada, y la garantía del derecho del individuo a ser informado de la interceptación en cuanto ello deje de representar un obstáculo para la investigación. "(p16) El 22 de marzo del 2001 el Equipo de Trabajo de Protección hacía público su firme postura respecto al Anteproyecto de la Convención sobre el ciberdelito presentado por el Consejo de Europa. Aseguraba que la provisión del anteproyecto, que "no obliga a los firmantes a exigir a los proveedores la retención de datos de todo tipo de comunicaciones, bajo ningún concepto debiera estar sujeto a futura revisión ". La UE ha manifestado su intención de adoptar esta Convención.

La Comisión de Protección de Datos y demás agentes del sector han presentado, al unísono, sendos argumentos para consolidar los derechos y garantías establecidas en la UE a lo largo de 1990 en materia de privacidad y protección datos.
Las agencias del orden contraatacan.

Vista la aplastante oposición social a la retención y el almacenamiento sistemático de los contenidos y el tráfico de datos por periodos (más prolongados de lo legalmente establecido en la UE, unos 30 días), las agencias del orden público tenían que lograr hacerse con el contundente "respaldo político" que los gobiernos de la UE (el Consejo) les había denegado previamente.

Un informe de gran envergadura remitido por el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS) al Ministerio del Interior británico el 21 de agosto del 2000 plasmaba las exigencias de las agencias con las conclusiones de los debates mantenidos en diversos foros internacionales, en los que el Reino Unido desempeña un predominante papel, tales como el G8 (Véase Statewatch, Vol. 10, núm. 6). El informe instaba a la retención sistemática de todo tipo de contenidos o transmisión de datos de las telecomunicaciones (llamadas telefónicas, tanto fijas como móviles, faxes, utilización y contenidos de las páginas web e Internet) durante un periodo de al menos siete años. Lo que llamaba especialmente la atención es el hecho de que este informe fuera en nombre de todas las agencias del orden y las agencias de seguridad e inteligencia del Reino Unido (M15, M16 y GCHQ [Centro de Comunicaciones del Gobierno]). Esto demuestra el hecho de que aunque la solicitud en principio viniera del primer sector, el segundo también tenía mucho en juego. Este informe no salía a la luz pública hasta diciembre del 2000.

La confirmación del contraataque lanzado por las agencias del orden de la UE quedaba de manifiesto en julio del 2000. Como ya hemos mencionado anteriormente, el informe ENFOPOL 52 (12.7.00) del Equipo de Trabajo para la Cooperación Policial instaba a la creación de un "vínculo interestructural oficioso" entre su trabajo y el trabajo que desempeña el "pilar principal" de la "Sociedad de la Información Global". Esto ocurría justamente el 12 julio del 2000, justamente el día en que la Comisión presentaba su propuesta respecto a la protección de datos y la privacidad (COM (2000) 385).
Los pormenores de la reunión del Equipo de Trabajo para la Cooperación Policial auspiciado por el Consejo, celebrada los días 19 y 20 de julio, reflejan un largo "intercambio de pareceres" con la Presidencia francesa sobre las "relaciones entre el primer y tercer pilar en el campo de las tecnologías avanzadas". También reparaba en la propuesta de la Comisión comprometiéndose a "retomar el asunto con regularidad durante los siguientes seis meses".
Era un informe del equipo de trabajo al Comité del Artículo 36 (antiguos ministerios de interior oficiales de los 15 estados miembros de la UE) fechada el 31 de octubre del 2000, que empezaba por expresar la urgente necesidad de actuación. El informe (ENFOPOL 71) aseguraba que seis países -Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, España y Gran Bretaña - tenían "serias dudas" respecto al efecto del Artículo 6, el cual establece expresamente la obligatoriedad de " eliminar o mantener en el anonimato toda información al término de la transmisión." (énfasis original). Tal disposición "obstaculiza el rastreo del 'historial' de los datos, reduciendo en gran medida las probabilidades de los servicios de investigación de identificar a los malhechores." Luego el informe pretende justificar sus peticiones basándose en:
a) los "Requisitos" del 17 de enero de 1995, entre los que no se incluye la retención indefinida de datos;
b) el borrador de la Convención del Consejo sobre el ciber delito, cuya última versión excluye la retención sistemática de datos y c) la Convención para la Mutua Asistencia en materia delictiva, siempre que se halle "implícita" la retención de datos. El informe concluye incidiendo en que las medidas propuestas por la Comisión se hallan en "fase muy avanzada" e insta a la Comité del Artículo 36 al: "examen de estas observaciones para así poder utilizar todos los medios a su alcance para exigir la atención de los autores del anteproyecto de la citada Directiva sobre tan urgente problema."
La actas del Comité del Artículo 36 del 6 de noviembre del 2000 indican que las delegaciones del gobierno habrán de consultar con sus colegas del grupo de trabajo del "primer pilar" la coordinación:
"el primer y tercer pilar trabajan en el campo de las tecnologías avanzadas, principalmente, en el sector de las telecomunicaciones. Se habrá de evitar que las medidas de protección de datos del primer pilar obstaculicen indebidamente los planes de monitorización de las conexiones de las telecomunicaciones por parte del primer pilar."
El Equipo de Trabajo para la Cooperación Policial procedía a la actualización de su informe ENFOPOL 71 REV 1 (27.11.00) (véase Statewatch, Vol. 11, núm. 1). En él se plasman sin tapujos las exigencias de las agencias de la ley y el orden, al tiempo que se asegura que sus exigencias:
"probablemente se estimen desproporcionadas, puesto que ponen en tela de juicio el propósito mismo del anteproyecto de la directiva " es decir, la protección de los datos personales y la intimidad, para, aún así, argumentar acto seguido que:
"Resulta imposible para los servicios de información saber con antelación el tipo de datos que pudiera ser de utilidad en una investigación criminal.

La única medida legal nacional efectiva sería, por consiguiente, proscribir la eliminación o el anonimato del tráfico de datos."
El informe instaba al Comité del Artículo 36 a "tomar en consideración las graves consecuencias que la Directiva podría entrañar para la investigación criminal, la seguridad pública y la justicia."
En la reunión celebrada el 14 de diciembre algunas delegaciones del Comité del Artículo 36 (en representación de sus gobiernos) "abogaban por la armonización del periodo de almacenamiento de datos." El Comité decidía esperar y ver "hasta qué punto" la Comisión tenía en cuenta las observaciones de las delegaciones (los gobiernos) antes de decidir "si se debía o no alertar al COREPER y al Consejo al respecto."
En el Consejo de Justicia y Asuntos Internos el 15 de marzo del presente año, el Comisario Vittorino informaba de que en la audiencia celebrada el 7 de marzo "el tema central de la retención del tráfico de datos copó el debate.".
No obstante, está claro que la Comisión "no tuvo demasiado en cuenta" el parecer del Consejo, dado que para el 30 de marzo la Presidencia sueca se vio obligada a redactar un borrador de las Conclusiones del Consejo concernientes al tema de la retención de datos. El informe que recomendaba el anteproyecto del Consejo con respecto al acceso de las agencias del orden al tráfico de datos se sometía a debate en la reunión del Equipo de Trabajo para la Cooperación Policial celebrada el 6 de abril. Las actas de esta reunión recogen que:
"se toma nota de las reservas mostradas por los representantes de la Comisión con respecto a los procedimientos internos seguidos por el Consejo."
Evidentemente a la Comisión le inquietaba que el Consejo, extraordinariamente, estuviera contemplando la adopción de unas "Conclusiones" que socavarían fundamentalmente la Directiva propuesta Los dos nuevos informes, fechados el 30 de marzo (véase más adelante), fueron objeto de debate en las reuniones celebradas por el Comité del Artículo 36 el 10 de abril y el 3 de marzo.

Los informes clave

El primero de los nuevos informes cruciales es el ENFOPOL 29 (30.3.01) con el cual se reintroduce la tristemente polémica y flamante definición de los "Requisitos" a establecer en la red y a los proveedores de servicios en el "ENFOPOL 98". Se pretende que este informe pase, junto con la Resolución del Consejo, por el Consejo de Justicia y Asuntos Internos los días 28 y 29 de
marzo. El informe plasma los "requisitos operativos" de las Agencias de la Ley y el Orden (LEAs) en virtud de los "Requisitos" (1IUR) adoptados el 17 de enero de 1995 (por la UE mediante "procedimiento escrito", que no habrían de ver la luz pública hasta noviembre de 1996). Ahonda mucho más en detalle en sus expectativas que los sutiles "Requisitos". Como tal, es un intento
de reintroducir la sumamente controvertida ENFOPOL 98 (y los subsiguientes borradores) que tan adversa crítica suscitara en los medios de comunicación (a consecuencia de lo cual se ha visto estacionada desde marzo de 1999).

El informe contempla los: "Servicios aplicables" dejando bien sentado que la interceptación abarcará a todo tipo de telecomunicaciones, ej. ISDN ("International User Requirement") (utilización del correo electrónico e Internet), telefonía móvil y telefonía por satélite. En el documento IUR núm. 1 dice, al igual que el ENFOPOL 98, que las agencias de la ley y el orden aspiran no sólo al acceso del contenido de la llamada sino también a: "la dirección del usuario, a la identidad del equipo, al nombre y a la contraseña de acceso, a la identidad de los puertos, dirección de correo electrónico etc."
además de a la dirección IP (Proveedor de Internet), números de cuenta, ID / contraseñas de acceso, PIN (Número de Identificación Personal) y direcciones de correo electrónico. También aspiran a acceder a la información "transmitida" y "recibida" y a "cualquier tipo de telecomunicación asociada... al sujeto de la interceptación". La redefinición del "IUR 1.4" asegura que la "información asociada" abarca "las conferencias, el establecimiento de llamadas, teléfonos móviles, llamadas en red, servicios de rellamada, etc." del sujeto interceptado, las cuales habrán de serles proporcionadas. Una "Nota Bene" [anotación u observación adicional] de mal agüero dice que también se incluye la información "retenida por el servidor en base a los requisitos de la propia legislación nacional". El "IUR 1.5" ahonda en el significado de la "situación geográfica" haciéndolo extensivo a la ubicación "geográfica, física y lógica" y el apartado "IUR 1.3" alude de nuevo a la "jurisdicción nacional" en el contexto de exclusión de los datos que puedan quedar "fuera del margen de la autorización de la interceptación", como por ejemplo algunas leyes nacionales que cabe permitan la inclusión de datos "excluidos". "IUR 6" es otra inclusión directa de una controvertida propuesta tomada del ENFOPOL 98. Establece que a las agencias del orden se les habrá de proporcionar:

a.el nombre completo de la persona (compañía)
b. la dirección del lugar de residencia y
c. los datos de sus tarjetas de crédito

Este informe hace extensivas las competencias para la interceptación de:
todo tipo de telecomunicaciones (incluida la utilización del correo electrónico e Internet) y exige la información personal sobre el sujeto de la interceptación. También contiene un buen número de referencias a las "jurisdicciones nacionales" donde, por implicación, las atribuciones pueden sobrepasar la norma establecida.
Algunos gobiernos de la UE contemplan el ENFOPOL 29 ("ENFOPOL 98") como meras "modificaciones técnicas" de los "Requisitos". Sin embargo, no parecen alcanzar a vislumbrar que son precisamente los pormenores concernientes al uso que se va a hacer de los "Requisitos" lo que muestra la enormidad de la amenaza para la protección de datos, la intimidad personal y las libertades fundamentales.

Un peligro añadido más grave es la batalla que libran los representantes de la Protección de Datos y las agencias de la ley y el orden sobre la retención de datos (la información sobre los contenidos y el tráfico de datos) durante periodos prolongados (siete años o más) y el derecho de las agencias del orden al libre acceso a los archivos de esta información para la investigación de cualquier tipo de delito por insignificante que este pueda ser, o con el fin de recabar información de inteligencia -- las así llamadas "expediciones de pesca".

Esta es la enorme significación de las "Conclusiones del Consejo" del ENFOPOL 23 (30.3.01). Los gobiernos de la UE, en efecto, dictan a la Comisión Europea (y al Parlamento Europeo) la primacía de las exigencias de las agencias del orden sobre el derecho a la intimidad y las libertades de la ciudadanía. Los representantes del Consejo "lidiarán" por su línea habitual alegando que las "Conclusiones" no son vinculantes, pero la sincronización de la decisión y el enorme alcance de sus consecuencias lograrán dejar esto de lado.

El anteproyecto propuesto aduce que

1. La obligación de los operadores de borrar o anonimizar el tráfico de datos "obstruye seriamente" las labores de investigación criminal;
2. Es de "vital importancia" que se "garantice" el "acceso" para la investigación criminal(2)
3. Insta a la Comisión Europea a:

a) adoptar "medidas inmediatas" que garanticen el acceso de las agencias del orden, tanto en el presente como "en el futuro", a fin de posibilitar la "investigación de los delitos en los que los sistemas de comunicación electrónica hayan servido de herramienta" (énfasis añadido);

b) las "medidas" deben incluir "una revisión de las provisiones que obligan a los operadores a la eliminación del tráfico de datos o a preservarlos en el anonimato".

Las "Conclusiones" dicen que el Consejo:
1. "considera de vital importancia que las agencias del orden no se vean impedidas u obstruidas en su labor de investigación de delitos, tales como la difusión de pornografía infantil o la instigación contra grupos étnicos por medio de Internet."

Esta flagrante y cínica utilización de la "pornografía infantil" y el racismo se ha convertido en la coartada habitual para la ampliación del poder de vigilancia de la UE no sólo contra este -- sino contra todo tipo de delitos. Estas expresiones han reemplazado a la del "crimen organizado" y "la inmigración ilegal", las cuales se han venido utilizando a lo largo de muchos años en el mismo sentido.

2. "comprende que a este respecto... es importante dar con una solución debidamente fundada, proporcionada y equilibrada "

Es imposible "equilibrar" la diversidad de intereses. No hay ninguna necesidad, en virtud de la legislación de la UE sobre el comercio, de almacenar datos salvo por un periodo limitado (ej. 30 días para la comprobación de recibos). Los actuales "Requisitos" y la mayoría de las legislaciones nacionales permiten la recabación de datos para la investigación de delitos en determinados casos específicos, previa autorización judicial, y con las debidas garantías legales.

3. "subraya la opinión del Consejo de que la obligación de los operadores de borrar y mantener el tráfico de datos en el anonimato, además de obstruir seriamente la investigación de delitos graves, puede dar pie a una creciente desconfianza, particularmente, en lo que respecta al comercio electrónico".

Los gobiernos de la UE no alcanzan a comprender que es precisamente la eliminación de los datos y el anonimato lo que consolida entre la ciudadanía "la confianza en el comercio electrónico". La revocación masiva de esta política tal cual se pretende acarrearía de hecho una "crisis de confianza".

4. "invita... a la Comisión Europea a la adopción de medidas que sirvan para garantizar que las agencias de la ley y el orden cuenten en el futuro con la oportunidad de investigar los delitos en los que los sistemas de comunicación electrónica hayan servido o sirvan de herramienta... las medidas a adoptar habrían de abarcar una revisión de las provisiones que obligan a los operadores a la eliminación del tráfico de datos o a mantenerlos en el anonimato; el objeto de la medida habría de ser el de asegurar que el propósito de las limitaciones concernientes a los datos personales no entre en conflicto con los requerimientos de datos por parte de las autoridades de las agencias del orden con fines investigativos."

En efecto, el Consejo le está diciendo a la Comisión Europea (y al Parlamento Europeo) que la Directiva que se halla sobre la mesa se ha de modificar y que todas las actuales leyes de la Unión Europea concernientes a la protección de datos y la privacidad se han de revisar. Le está instando
a poner punto final a la obligación, según la legislación vigente en la UE en materia de comercio, de eliminar los datos, a poner fin al anonimato y a garantizar a las agencias de la ley y el orden la "oportunidad" de acceder a toda la información almacenada.

Los próximos pasos legislativos
La urgencia por parte de las agencias del orden se debe al hecho de que la primera propuesta que pretenden ver modificada, la Directiva propuesta por la Comisión sobre la protección de datos y la privacidad en las comunicaciones electrónicas, se halla actualmente sobre la mesa y en proceso de codecisión de los comités de Derechos y Libertades de la Ciudadanía (comité principal), Medioambiental, Industria y Asuntos Legales del Parlamento Europeo. Estos comités deben presentar un informe en la sesión plenaria del parlamento el 3 de septiembre. No obstante, el Consejo con toda probabilidad adoptará una postura común en el Consejo de Telecomunicaciones el 27 de junio. La codecisión significa que las tres instituciones (la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo) habrán de alcanzar el consenso sobre la nueva medida. El Consejo está tratando de tomar la delantera al dictamen del Parlamento mediante la introducción de modificaciones drásticas en materia de retención y tráfico de datos.

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