LA HUELGA ELECTORAL
(LA SEÑAL DE LA ABSTENCIÓN, EL VOTO EN BLANCO Y EL VOTO ANULADO)
Luis María Bandieri

De acuerdo con las cifras estimadas en las horas siguientes al cierre del comicio del 14 de octubre, sólo votó positivamente la mitad del cuerpo electoral. La otra mitad se abstuvo, votó en blanco o anuló a sabiendas su voto. Ya vendrán las cifras precisas y oficiales, pero la señal está lanzada: la mitad de la ciudadanía fue a la huelga frente a la oferta de candidaturas presentadas. Tengámoslo en cuenta antes que la marea de palabras ahogue los hechos, dejando -como siempre- una resaca de incomprensión favorable a que todo quede como está y siga cayendo. Y ensayemos, antes que los analistas nos embrollen, comprender el texto invisible de este formidable pronunciamiento.

Ante todo, me parece, ese medio país en huelga no está en contra de la otra mitad. Respeta su manifestación de voto positivo, y exige que, a su vez, se respete su acto de no ir a votar, votar en blanco o anular el voto, como manifestación política tan válida y tan republicana como la otra. Y aquí pongamos atención, porque no han faltado ni faltarán los que califiquen la postura de los ciudadanos que prefirieron la huelga electoral como "antisistema". Es obvio, aunque se haya hecho lo imposible por confundirnos sobre el punto, que en un sistema democrático la decisión de no votar, votar en blanco o anular el voto es tan democrática y respetable como la del voto positivo. Más aún, que esa decisión implica una expresión de voluntad política que no puede ser ignorada. Si se quieren buscar mensajes "antisistema" habría que rastrearlos en los de algunos partiditos que vocean maximalismos; pero su desempeño electoral muestra a las claras su insignificancia e insustancialidad. La huelga electoral, pues, y retengamos esta primera conclusión, es bien republicana y pretende, de últimas, salvar el sistema de quienes lo están asfixiando.

Voy a recordar dos ejemplos del siglo pasado. El 5 de abril de 1931, el gobierno militar que derrocara a Hipólito Yrigoyen anuló los comicios efectuados en la provincia de Buenos Aires, donde habían triunfado los candidatos de la UCR. Bajo estado de sitio, se desterró a los principales dirigentes del partido y se vetó la fórmula presidencial propuesta por su Convención. La rama yrigoyenista de la UCR pidió el levantamiento del veto y del estado de sitio. Desoída, ordenó la abstención electoral absoluta del partido para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 1931. Así, en minoría, triunfó la fórmula integrada por el general Agustín P. Justo y Julito Roca. El peronismo, por su parte, proscripto a partir de septiembre de 1955, a través de una orden de su jefe desterrado se orientó al voto en blanco en las elecciones para la Convención Constituyente de 1957 (triunfó el "votoblanquismo"(1)), y -luego del apoyo a Arturo Frondizi en 1958- la "orden" se repitió en las legislativas de 1960 y en las presidenciales de 1963, donde triunfó la fórmula Illia-Perette.

Tanto la abstención como el voto en blanco tienen antecedentes, pues, en nuestra historia electoral. La novedad ha sido, esta vez, el voto anulado, mediante el cual se dirigen mensajes concretos que no deben ser desoídos. Las consecuencias de no haber prestado atención a la abstención y el voto en blanco fueron suficientemente desatorases en su tiempo como para exigir ahora a nuestra dirigencia que, aun a desgano, pare la oreja.

Los mensajes concretos de los votos anulados, tal como se los ha visto circular, apuntan a una sensación de fastidio y rechazo a una clase política que no sólo se considera irrepresentativa sino corrupta o, cuando menos, que vive, se desempeña y prospera en una constante y cerrada referencia a sí misma, sus prerrogativas y conveniencias. Se ha acudido a la figura del Clemente de Caloi, porque no tiene brazos ni bolsillos; se ha echado mano a la memoria de Manuel Belgrano, un prócer que nació rico y murió pobre y a cuya calavera despojaron incluso de algunos dientes(2); se han mandado recordatorios a los políticos que fatigan hace buen rato las pantallas de televisión. Recados, todos ellos, más claros que el agua -que nos embarran- y que el sol -que pretenden tapar con un poncho.

No hubo diferencias entre "oficialistas" y "opositores". En realidad, son las del 14 de octubre las primeras elecciones sin oficialismo, salvo los caudillajes provinciales. El presidente pidió se votara en la ciudad de Buenos Aires por Rodolfo Terragno, vestido de opositor, y el único defensor del gobierno fue el candidato Liendo, propuesto por el PJ "opositor". Esto demuestra que, en realidad, la huelga electoral fue contra lo que Roberto Aizcorbe ha llamado, con frase acertadísima, "el partido de los políticos". Un partido que vive en su burbuja, y para el cual, una vez que vota, todo ciudadano se convierte, simplemente, en un número de CUIT o CUIL a quien, de un modo u otro, con fórmulas "ortodoxas" o "progresistas", no importa, hay que tratar de sacarle otra lonja.

Voy a hacer -y espero se me perdone- otra referencia histórica. Esta es muy vieja, ya que ocurrió hace dos mil quinientos años, en Roma. En ese momento, los patricios, una minoría que manejaba la ciudad, había dejado a los plebeyos sin fórmula de representación política en los comicios, cargados de deudas y en la intemperie jurídica. Los plebeyos, entonces, se retiraron en masa al Monte Aventino, una de las colinas de Roma, considerado lugar sacro y juraron no volver a la urbe mientras sus demandas -su derecho a ser considerados como parte de la ciudad, como ciudadanos- no fueran satisfechas. Se dice que volvieron cuando un patricio, Menenio Agripa, les relató la historia de los miembros y el estómago, dando a entender que, en un organismo, todas sus partes y funciones son importantes e imprescindibles. Es decir, los plebeyos volvieron cuando se los consideró como formando parte a título pleno del cuerpo político y de la vida de la ciudad. Se necesita, ahora, para que la huelga electoral, esta retirada de medio padrón al Monte Aventino no se reitere, que se los vuelva a considerar a quienes así se pronunciaron, y a los que votaron positivamente y serán olvidados al día siguiente, ciudadanos a título pleno y no expósitos cívicos.

¿Cómo hacerlo? El camino es largo y difícil. El modo de recorrerlo debería ser uno de los temas centrales de la discusión pública, a partir de un examen de conciencia y una bajada de la clase política desde su pompa de jabón al liso y llano suelo donde se debate en triste condición el resto. Me permito contribuir a ese debate con algunas propuestas de un trabajo de 1991, adelantado en algunos artículos en "La Nueva Provincia" de Bahía Blanca(3). A pesar de algunas dificultades, por las que me disculpo, y de inevitables citas, cualquier ciudadano puede situarse en el problema y sacar sus propias conclusiones.

Lo que está en crisis en el mundo es la forma actual de la democracia representativa. La aparición en otros países, y en particular en la Argentina, de un creciente rechazo a la representatividad de la clase política, tanto gobernante como opositora, indica que debe reconstruirse la teoría democrática, y no que pretenda abandonársela. Peter Mandelson, artífice del New Labour, el nuevo partido laborista de Tony Blair (es decir, alguien que no puede ser calificado de "taliban") decía en The Guardian en abril de 1998: "es legítimo plantearse si el reino de la democracia representativa pura está llegando a su fin. (...) La democracia y la legitimidad exigen ser continuamente renovadas. Es necesario redefinirlas en cada generación (...) La gente no sabe ya qué hacer con un método de gobierno que lo infantiliza y no le guarda ninguna consideración".

Tal el estado de la cuestión. En aquel trabajo de 1991 me permití recordar a un autor de principios del siglo pasado(4) que decía que es en la democracia "donde el poder de intimidación social puede afirmarse mejor". ¿Qué es el "poder de intimidación social"? Ejercer el poder, decía este viejo autor, no es otra cosa que intimidar, ejercer una compulsión moral para hacerse obedecer. Entonces, a la "intimidación social" que la minoría dirigente ejerce frente al resto de la ciudadanía, hay que oponerle un contrapoder: "la función social de las masas en una democracia no es la de gobernar sino de intimidar a los gobernantes", concluía. El sufragio, con las libertades políticas y garantías cívicas a él unidas, es el instrumento de esa contraintimidación de la ciudadanía del llano a la clase política dirigente. Pero ese poder de contraintimidación ciudadana es socavado por el exclusivismo del sistema de partidos, según siempre nuestro viejo autor. "En lugar de intimidar, los miembros del pueblo soberano están ellos mismos intimidados", señalaba. Se trata, pues, de recobrar el poder ciudadano de intimidar a la clase dirigente intimidatoria. El primer paso, entre nosotros, ya ha sido dado: la huelga electoral, el "voto bronca". Hay otras propuestas "intimidatorias" que deben discutirse.

La primera es revisar la obligatoriedad del voto. El sufragio es un derecho personal a participar en la decisión política. La abstención, como es obvio, está contenida también como posibilidad en ese derecho. Un alto grado de abstencionismo sería el primer llamado de atención "intimidatorio" para la clase política. Cabría objetar al cese de la obligatoriedad que, entonces, la decisión electoral quedaría librada a los aparatos partidarios y a los activistas. Es muy atendible, a condición de no confundir la abstención electoral de este tiempo con apatía ciudadana. Discutir sin prejuicios, y con amplitud de participantes (no sólo los habituales y circulares invitados de los programas "de opinión") sobre si mantener o no la obligatoriedad el sufragio ya sería un comienzo curativo.

El segundo punto es ampliar las formas de democracia directa, de preferencia en problemas localizados. La actual constitución prevé la iniciativa popular de leyes y la consulta popular vinculante (a iniciativa del Congreso) y no vinculante (a iniciativa del Congreso o del Ejecutivo). No están aún reglamentados estos mecanismos constitucionales. Sería importante que los mecanismos de la consulta se incorporasen no sólo para las "grandes cuestiones" sino también para los problemas locales y hasta barriales. Más micro que macro. El referéndum funciona, no sin tropiezos, en cuestiones muy sensibles que atañen a todo el cuerpo político. ¿Por qué no utilizarlo, con mayor provecho, en cuestiones muy importantes -seguridad, obras viales, regulaciones edilicias, etc.- que importan a comunidades más reducidas? Se las sacaría, así, del ámbito de la interna del "partido de los políticos", devolviéndole poder "intimidatorio" a los ciudadanos que viven el problema. Hay tecnología informática que podría dar seguridad, baratura y rapidez a estas decisiones. ¿Por qué no explorarlas?

El tercer punto consistiría en la eliminación del monopolio representativo de los partidos políticos. La oferta electoral no debe quedar acaparada por ellos. Debería poderse proclamar candidatos independientes, no pertenecientes ni propuestos por ningún partido, estableciéndose un mínimo de patrocinantes de la o las candidaturas. La reforma constitucional de 1994 incorporó, en su art. 38, la declaración dogmática de que "los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático". Ello es así, a condición de comprender que no son las únicas instituciones fundamentales de la democracia. El zócalo de la democracia es, ante todo, el ciudadano y el aseguramiento de su contrapoder intimidatorio por medio del sufragio. Los partidos requieren competir con otras organizaciones espontáneas de ciudadanos, en la carrera hacia la representación del cuerpo político, precisamente a fin de mantenerse en forma y no encerrarse en la autorreferencia y el encastillamiento en privilegios y prerrogativas.

El cuarto punto consiste en dar entidad representativa a la protesta expresada en el voto en blanco y anulado. Estas formas de sufragio expresan disconformidad profunda con la oferta de candidaturas. Avanza un grado más en la protesta que la abstención y manifiestan una voluntad política no satisfecha. Por lo tanto, en la elección de diputados nacionales (no de senadores, que representan a las provincias) y de legislaturas locales, cuando el número de estos votos alcance, conforme los códigos electorales respectivos, el cociente suficiente para ocupar una o más bancas, debe haber en esos cuerpos legislativos uno o más escaños vacíos.

Estas propuestas de 1991, por cierto, deben completarse con las que asoman en la discusión pública:

a) reforma del sistema electoral, con eliminación de la lista sábana, introducción total o parcial del sistema de circunscripción uninominal y posibilidad por el elector, cuando la uninominalidad sea parcial, de completar listas con los candidatos oficializados, sin atenerse a menús partidarios.

b) Encarar una reforma constitucional que elimine el tercer senador y la superpoblación de la Cámara de Diputados.

c) Reducción sustancial del aporte público a los partidos políticos, publicidad de sus cuentas y supresión de "ñoquis".

La ciudadanía se ha adelantado a sus seudo dirigentes y exige una refundación de la democracia y de la república donde se la tenga en cuenta. La huelga electoral puede ser interpretada también como una marcha cívica del silencio. Pero del silencio no porque los electores que optaron por ella no tengan nada que decir. Quieren recobrar voz y voto de ciudadanos plenos. Mientras tanto, los triunfantes el 14 de octubre han quedado en la incómoda situación de una "primera minoría". -

2001. Todos los derechos reservados. Permitida su reproducción con mención de la fuente.

1) Voto en blanco 2.115.861; UCRP 2.106.524; UCRI 1.848.546.-

2) Al inaugurarse en 1902 el actual mausoleo en el atrio de Santo Domingo, durante la segunda presidencia de Roca, dos ministros presentes en el acto se repartieron algunos dientes que quedaban del prócer, como "recuerdo". El diario "La Prensa" exigió que se devolvieran esas piezas "al patriota que menos comió en su gloriosa vida de los dineros públicos".

3) El trabajo se titula "El Qualunquismo, noción politológica operativa" y fue presentada a las Jornadas nacionales de Ciencia Política, celebradas en Buenos Aires el 26 y 27 de julio de 1991.

4) Se trata de Moisei Ostrogorski, el primer analista del funcionamiento de los partidos políticos.

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